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La Junta Electoral admite parcialmente la denuncia del PP contra Isabel Rodríguez por “electoralismo” en una rueda de prensa del Consejo de Ministros

19 abril 2023 - 20:19 h
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La Junta Electoral Central ha decidido admitir parcialmente la denuncia del PP contra la ministra portavoz y titular de Política Territorial por “contenido electoralista” en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hace dos semanas, el pasado 4 de abril. Según el partido de Feijóo, Isabel Rodríguez utilizó los datos del paro registrado para elogiar los logros del Gobierno y lo hizo de manera “premeditada” y no dando respuesta a una pregunta.

La JEC ha resuelto que tras dar “un simple repaso a la rueda de prensa”, se puede verificar que estas palabras “sí que fueron pronunciadas en respuesta a la pregunta de una periodista”, que le pidió una valoración a la portavoz sobre la actitud de Feijóo ante los datos del paro. “[El escrito de la denuncia] fue poco cuidadoso a la hora de comprobar la exactitud de las circunstancias que rodeaban los hechos denunciados”, expresa.

No obstante, aunque la JEC concluye que Rodríguez no efectuó de manera premeditada esas afirmaciones, afirma que eso “no exime” a la portavoz de su “deber de diligencia” en sus intervenciones institucionales: “Evitando la emisión de manifestaciones con connotaciones electoralistas, incluso en aquellas situaciones en las que haya periodistas que le formulen preguntas que puedan comprometer su deber constitucional de neutralidad”. Según expresa la resolución, estas valoraciones “podrían ser legítimas en un acto de campaña o en el ejercicio de la libertad de expresión, pero no en el desempeño de una actividad institucional”.

La JEC concluye que “no procede” iniciar un procedimiento sancionador contra Isabel Rodríguez, aunque insta a la portavoz del Ejecutivo a “evitar vulnerar el principio de neutralidad”. La resolución es firme en vía administrativa, aunque cabe un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.

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