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Las víctimas de pederastia de la Iglesia critican el plan del Gobierno: “Es un rescate de los obispos”

23 abril 2024 - 14:10 h
Representantes de varias asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia, como Infancia Robada y la Fundación Justice Initiative, se concentran este lunes en Madrid frente a la sede de la Conferencia Episcopal (CEE), a la que acusan de minimizar los casos de pederastia y a la que reclaman una reparación del daño causado. Esta semana se celebra en esta sede la Asamblea Plenaria de los obispos, que elegirá un nuevo presidente en sustitución del cardenal Juan José Omella y estudiará, entre otros documentos, el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. EFE/ Mariscal

“Hay tres patas en el asunto: el Estado, las víctimas y la Iglesia. Si no están las víctimas, esto no funciona”. La presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Ana Cuevas, ha acogido con cierta “perplejidad” el plan aprobado por el Consejo de Ministros, del que las víctimas no tenían conocimiento previo. Algunos supervivientes consultados por elDiario.es saludan la iniciativa, siempre y cuando se sigan los criterios incluidos en el informe del Defensor del Pueblo.

En todo caso, cuestionan no haber sido consultadas por el Ejecutivo, y esperan poder tener voz y voto en las concreciones del plan. También aguardan la respuesta de la Conferencia Episcopal, y cómo afecta esta decisión del Gobierno a las reuniones que se habían iniciado, tanto con la nueva cúpula episcopal como con la Confer. Por su parte, Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, calificó el plan de reparación como “un plan descafeinado, con graves lagunas, y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y al contribuyente”. En su opinión, con esta iniciativa el Ejecutivo “consagra el rescate económico a los obispos”, y “asume que ante la negativa de la Conferencia Episcopal a participar en un plan estatal de reparación, será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”.  

“Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende que rescatemos también a los obispos”, lamenta Hurtado, quien insiste en que esta medida “traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescriptibilidad civil de las indemnizaciones”. Finalmente, Hurtado lamenta que el plan gubernamental “se niega a establecer un baremo específico de indemnización”. En su opinión, “el Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas e insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas”.

Por Jesús Bastante

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