El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que pretende limitar a las acusaciones populares impidiendo que la ejerzan “determinadas organizaciones”, como los partidos o los sindicatos. “Es una herramienta que usan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas”, ha afirmado el ministro de Justicia Bolaños. La modificación también plantea que sea la Fiscalía la que se haga cargo de las investigaciones penales y no los jueces de instrucción, como sucede hasta ahora. Bolaños ha asegurado que ese cambio figuraba en un acuerdo suscrito hace años por PP y PSOE y también ha recordado que es una medida reclamada por la Comisión Europea.
Bolaños ha dicho que esa modificación se adecúa al resto de “democracias occidentales” en las que los fiscales investigan y los jueces juzgan. También ha defendido que es “coherente” con la Constitución que, en su artículo 104, atribuye al Ministerio Público el ejercicio de la acción pública. Igualmente, ha explicado que el ejercicio de la acusación popular se circunscribirá a aquellos delitos que afecten a intereses colectivos y no particulares. También se establece una necesaria “vinculación” entre la acusación y el objeto de la misma para evitar una “utilización espuria”. La normativa entraría en vigor el 1 de enero de 2028 con el objetivo de que la aplique el Fiscal General del Estado que decida en Gobierno “tras las elecciones de 2027”. No obstante, el Gobierno tiene complicado sacar adelante el proyecto debido a su debilidad parlamentaria.
La actual LECRIM data de 1882. “Han tenido que pasar diez papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia. Cuando en 1882 se aprobó la Lecrim vigente, en España reinaba Alfonso XII, era presidente del Gobierno Sagasta y ministro de Justicia Alonso Martínez. En las casas no había agua corriente y apenas había coches”, ha comenzado Bolaños, que ha puesto como ejemplo también que en aquel año se empezó a construir la Sagrada Familia, aún por finalizar: “Las grandes obras, tanto en arquitectura como en derecho, llevan su tiempo”.
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