Sumar ha mostrado este martes su disconformidad con la última reforma del Gobierno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en el Consejo de Ministros. La pega que pone el grupo plurinacional se centra en concreto en la limitación de la acusación popular que ha incorporado el Ministerio de Justicia.
“Rechazamos la propuesta de reforma de la acusación popular que limita la capacidad del ejercicio de la acusación por parte de asociaciones, sindicatos y sociedad civil. A lo largo de los últimos años este instrumento se ha demostrado como imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político”, trasladan fuentes del espacio de Sumar.
En este sentido, el grupo ha avanzado que durante la tramitación parlamentaria “no apoyará” esa limitación sino que “trabajará para su fortalecimiento así como para introducir más previsiones garantistas a la ley”. La norma, tal y como la plantea el Gobierno, limita la acusación popular al vetar a los partidos políticos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla.
Por Alberto Ortiz