El veterano activista vecinal de Más Madrid, Félix López-Rey, se enfrenta a Almeida por llamarle “joven promesa”: “Trabajo desde los 13 años”

Antes de cerrar, te dejamos un repaso de los temas que han marcado la actualidad de este martes:

Una nueva investigación periodística constata que al menos una persona murió en suelo español durante la tragedia de Melilla. Una investigación del consorcio de Lighthouse Reports ha señalado que hubo al menos un muerto en el lado español de la frontera el pasado 24 de junio, lo que cuestiona la versión oficial del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ley de salud sexual y reproductiva impedirá a los médicos objetores formar parte de los comités que autorizan abortos tras la semana 22. La reforma de la ley de salud sexual y reproductiva está prácticamente cerrada tras ser respaldada por la Comisión de Igualdad con la oposición de PP, Vox y Ciudadanos y tras la incorporación de algunos cambios.

Los audios del Vaticano: el cardenal acusado de corrupción intentó implicar al Papa grabando una conversación privada. Angelo Becciu grabó una charla telefónica con Francisco en la que quiso involucrarlo en los pagos con fondos de la Secretaría de Estado que lo han llevado al banquillo.

Sánchez elige al exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez para renovar el Constitucional. Se trata de los dos magistrados que le corresponde proponer al Gobierno para el Tribunal Constitucional, una decisión criticada tanto por sus socios de coalición como por la oposición.

Esto es todo. ¡Hasta mañana!

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido que el Gobierno ha actuado con “total transparencia” respecto a la tragedia de Melilla, en la que el pasado 24 de junio murieron al menos 23 migrantes, y ha insistido en que no hubo muertos del lado español. Sus palabras se producen después de que este martes una nueva investigación, realizada por el consorcio de periodistas Lighthouse Reports, haya constatado que hubo al menos un fallecido en el lado español de la frontera.

“Todo mi respeto a la investigación periodística, pero el Gobierno ha entregado las imágenes que forman parte de ese vídeo tanto a diputados, como al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía. Lo importante es que el Gobierno ha actuado con total transparencia y el ministro del Interior [Fernando Grande- Marlaska] vuelve a comparecer mañana para explicar de nuevo lo que ocurrió”, ha señalado Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser. “Decimos que no hubo muertos [en el lado español]. Vamos a dejar que las investigaciones de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo terminen”, ha zanjado.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha vuelto a defender la idoneidad de los dos candidatos del Gobierno al Tribunal Constitucional -el exministro Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez- y ha estimado que el Pleno del Constitucional lo debería avalar “en el plazo de una semana”.

“Por supuesto que habría otros candidatos idóneos, claro que hemos buscado y hemos visto otros perfiles, y creemos que estos -en referencia a los de Campo y Díez- son idóneos por su trayectoria, por su conocimiento del derecho y por haber sido servidores públicos durante toda su vida”, ha indicado Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser. Según la ley, ha recordado, el Constitucional debe verificar “que sean españoles, juristas y que tengan una trayectoria de más de 15 años de experiencia”, requisitos que “cumplen de sobra y, por tanto, el Constitucional tendrá que nombrarlos”, ha insistido.

Bolaños ha explicado que “normalmente el Constitucional tarda una semana” en dar su visto bueno a los candidatos, y ha instado al Consejo General del Poder Judicial a que cumpla la ley.

Preguntado respecto a si Campo y Díez se abstendrán en ciertos procedimientos, el ministro ha dicho que se aplicarán las normas de abstención que procedan y, “si se deben abstenerse, lo harán”, ha precisado.

Tres de las cuatro asociaciones judiciales han criticado el perfil de los candidatos elegidos por el Gobierno para formar parte del Tribunal Constitucional al considerar que esta designación “deteriora” la “imagen de imparcialidad” de la institución. Juezas y Jueces para la Democracia, por el contrario, ha reivindicado la separación de poderes y ha mostrado su respeto hacia la decisión del Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido la idoneidad de sus dos candidatos al TC -el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez- y se ha amparado en una sentencia del propio tribunal de garantías para nombrar a sus dos magistrados sin los dos que le corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaraciones a Europa Press, Juan José Carbonero, miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha asegurado que la elección de Campo es “escasamente compatible con el problema relativo a las puertas giratorias”. “El precedente de Dolores Delgado se vuelve a repetir. Es un patrón que se repite en los hábitos designadores de este Gobierno”, ha apuntado, aludiendo a la designación de la también exministra de Justicia como fiscal general del Estado.

Por su parte, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha lamentado que los candidatos del Ejecutivo tengan “vinculaciones evidentes con partidos políticos”. “Es otro episodio de destrucción de la confianza pública en nuestras instituciones. Es un mal que estamos sufriendo y que se está extendiendo a todo nuestro sistema constitucional. Tiene muy difícil solución”, ha lamentado.

Por último, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha explicado que se trata de “una oportunidad perdida de prestigiar el órgano”. “El problema es que volvemos a ser espectadores privilegiados de cómo funcionan las puertas giratorias en este país, y después estamos hablando de una persona en concreto, de Campo, en donde no creemos que vaya a contribuir al prestigio de la institución”, ha opinado.

Informa Europa Press.

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha expulsado este martes de la tribuna a la diputada de Vox Patricia Rueda al negarse a retirar la expresión “filoetarras” cuando criticaba la gestión del Gobierno, tras lo cual los diputados del partido ultraderechista han abandonado el hemiciclo.

Las declaraciones de la diputada ultraderechista han tenido lugar en un debate de consenso para apoyar la candidatura de Málaga como sede de la Exposición Universal de 2027. Rueda ha aprovechado para asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez “ningunea” a Málaga -al asegurar que es una de las provincias con menor inversión por habitante- y a las “regiones que son leales con España”, mientras que el Ejecutivo “premia a filoetarras, nacionalistas y golpistas”, ha indicado en alusión a los socios parlamentarios.

Gómez de Celis, que en ese momento estaba presidiendo la sesión, ha pedido a la diputada que retirase el término “filoetarra”. Rueda se ha negado a hacerlo entre aplausos de su partido y, tras llamarla al orden, el socialista ha optado por quitarla la palabra y le ha pedido que desaloje la tribuna. Acto seguido los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo en protesta por esa medida.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado después ante la prensa su indignación por la expulsión de Rueda y ha asegurado que “Vox no va a ser amordazado”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que la ley del 'solo sí es sí' “es sólida, combate la impunidad y protege a todas las víctimas” después de que este martes el Tribunal Supremo ha decidido aumentar las condenas a dos exfutbolistas de la Arandina por abusar sexualmente de una menor de edad en su piso en 2017.

“Pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo. Con la Ley del 'solo sí es sí' el caso Arandina no es abuso, es agresión. La ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias”, ha expresado Montero en su perfil de Twitter. “Hay que aplicar toda la ley”, añade.

Si bien el Supremo ha elevado a nueve años de cárcel las condenas de tres y cuatro años de prisión de los dos exfutbolistas de la Arandina, también ha explicado que la nueva Ley del 'solo sí es sí' les es más beneficiosa que el Código Penal anterior, con el que su condena habría sido un año mayor. Se trata, además, de la primera vez que el Supremo aplica la nueva legislación.

De momento, los jueces del Supremo se han limitado a señalar que la nueva noma podrá aplicarse en beneficio del delincuente sexual “cuando se fije pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda” pero “analizando caso por caso y no de forma global”.

Paramos un rato en la narración de la actualidad de la jornada para dejarte algunas noticias que está dejando el día, marcado por la polémica en torno a los dos nombramientos del Gobierno para el Constitucional.

-Sánchez elige al exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez para renovar el Constitucional: el Gobierno ha elegido al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exdirectora general en Moncloa Laura Díez como los dos magistrados que le corresponde proponer para el Tribunal Constitucional. Desde el PSOE defienden la “idoneidad” de ambos candidatos, entre críticas de socios y oposición.

-El Supremo aumenta la condena de los exfutbolistas de la Arandina pero aplica en su beneficio la ley del 'solo sí es sí': el Supremo ha revisado al alza las condenas de los jugadores de la Arandina. Se enfrentaban a tres y cuatro años de cárcel y se las ha subido a nueve. No obstante, ha explicado que esta nueva ley les es más beneficiosa que el Código Penal anterior, con el que habrían tenido otro año más de condena.

-Las pensiones subirán un 8,5% en 2023: las pensiones van a subir finalmente un 8,5% para 2023, lo que preveía el Gobierno. Tras obtener esta mañana el dato provisional del IPC de noviembre, que ha sido del 6,8%, ya se puede hacer este cálculo anual. Así, la inflación media, confirma el Ministerio de la Seguridad Social, va a quedarse en el 8,5%. Al mismo tiempo, sigue sin aclararse la subida del IMV.

-El Consejo de Europa pide “el pleno cumplimiento” de los derechos humanos en la frontera de Melilla y Marruecos: el Consejo de Europa ha pedido el “pleno cumplimiento” de los derechos humanos en la frontera de Melilla y Marruecos. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha publicado un informe en el que alerta de carencias en derechos civiles por las leyes mordaza y la dificultad en el acceso a una vivienda digna, entre otros asuntos.

El Pleno de Cibeles ha rechazado este martes gracias a los votos del PP, Ciudadanos y Vox, la propuesta del Grupo Mixto de eliminar tres de las calles franquistas que quedan aún en el callejero de Madrid por considerar que mantenerlas sería un incumplimiento de la ley de Memoria Democrática. Más Madrid, PSOE y los tres ediles del Mixto han votado a favor de la proposición, que ha sido defendida por el concejal de Recupera Madrid, Luis Cueto, que ha forzado que la votación se llevara a cabo a mano alzada.

Se trata de la calle Millán Astray, que tendría que pasar a llamarse calle de Justa Freire, maestra de la República; la de Crucero de Baleares, por Barco Sinaia, y la calle de Caídos de la División Azul, por la de Memorial 11 de marzo de 2004.

Cueto ha señalado que tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática “la materialización de dichos cambios deja de ser potestativa para convertirse en un precepto legal”. La ley ha de cumplirse“, ha señalado, para anunciar que ante el rechazo del Pleno llevaran este asunto ante los tribunales.

Borja Fanjul, del PP, ha sacado a relucir en su intervención a Bildu, ha apelado a la “otra memoria”, la de las víctimas de ETA, o a la “memoria de las víctimas de violación que ven como sus verdugos salen a la calle”. Y la portavoz de Ciudadanos, Silvia Saavedra, ha acusado a la izquierda de “vivir en el oscurantismo”, de querer “generar confrontación, revanchismo y de resucitar las pasiones más viles, la venganza, el rencor y el enfrentamiento entre los madrileños”.

Informa Carmen Moraga.

El Gobierno no quiere que la tramitación de un asunto especialmente espinoso como es la reforma del Código Penal se vaya más allá de las vacaciones de Navidad y llegue coleando a 2023, año electoral por excelencia. Por eso, la Junta de Portavoces a propuesta del grupo parlamentario socialista y con el apoyo de los socios de investidura ha pedido a la presidencia del Congreso que fije un Pleno extra este jueves para abordar el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox a la derogación del delito de sedición.

Una vez solventado ese debate, los tiempos que manejan los grupos parlamentarios llevarían a que el Pleno definitivo de reforma del Código Penal se pueda celebrar en todo caso justo antes de las vacaciones navideñas. Está por ver si durante esta tramitación parlamentaria verá la luz alguna enmienda que implique reformar también el tipo penal de la malversación, una de las demandas de ERC en la denominada “desjudicialización del conflicto del catalán” y a la que Moncloa no ha cerrado oficialmente la puerta a pesar de las críticas que ha generado entre sus propios socios.

Escribe José Enrique Monrosi.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido la elección de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados para el Constitucional. “Consideramos que son dos perfiles idóneos para ser miembros del TC como magistrados, pocas personas tienen un conocimiento tan amplio de la Administración desde distintos puestos y distintas misiones”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Bolaños ha dicho que con este nombramiento lo que hace el Gobierno “es cumplir la Constitución”. “El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión”. El titular de Presidencia ha destacado que ambos juristas tienen “reconocida competencia e indudable vocación de servicio público y de compromiso con la ley”.

“El Gobierno está obligado a cumplir con la Constitución y a tomar esta decisión”, ha expresado. “No les oculto que hubiéramos deseado que estos nombramientos hubieran sido simultáneos a los que corresponde al CGPJ”, ha zanjado, haciendo un llamamiento a que cumplan la ley los ocho vocales del Poder Judicial que no lo han hecho hasta la fecha.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado este martes que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “va a pasar a la historia de España por ser el presidente más nocivo para la historia de España, más nocivo para la división de poderes y más nocivo respecto al respeto que se debe tener a los órganos constitucionales”. “Nos queda un año de legislatura y no sabemos hasta dónde puede llegar con tal de permanecer en la Moncloa”, ha sentenciado en rueda de prensa.

A juicio de Bal, Sánchez ha cometido una “tropelía” y ha “superado todas las líneas rojas” con los nombramientos del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y el de la exdirectora general en Moncloa, Laura Díez, como los dos magistrados que le corresponde proponer para el Tribunal Constitucional. “No se puede venir con el carné del PSOE en la boca y de cumplir órdenes en la Moncloa a cumplirlas en el Tribunal Constitucional”, ha criticado. “Nadie ha degradado más las instituciones que Pedro Sánchez. Está desguanzado nuestra democracia para convertirla en su propia terminal política”, ha zanjado.

El portavoz de Ciudadanos ha reiterado que su partido lo que quiere es reformar el Código Penal pero “para que el golpe del separatismo en 2017 se considere rebelión y no prescriba”. Por todo ello cree que el PP debería haber presentado ya una moción de censura “para frenar los planes de Sánchez de reformar el delito de sedición con nocturnidad y alevosía”.

Informa Carmen Moraga.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha criticado este martes la “fragmentación del sistema de partidos” y ha elogiado el 'turnismo' a base de amaños electorales que acordaron Cánovas y Sagasta en la Restauración Borbónica de 1874.

En una conferencia en la universidad privada CEU-San Pablo celebrada a pocos días de la conmemoración del 44º aniversario de la Constitución, Aznar ha asegurado que “España está en una encrucijada”, una “crisis constitucional”. ¿Y cuáles son los riesgos para el país, según Aznar?: “La fragmentación del sistema de partidos, el clima de polarización, el cuestionamiento del fundamento histórico de nuestra convivencia o a las crecientes cuotas de poder regaladas a los enemigos declarados del orden constitucional”.

Es decir, para la democracia española es un problema el número de partidos representados en el Congreso por diputados elegidos por los ciudadanos en elecciones libres.

¿Y cuál es la alternativa histórica que pone en valor Aznar? A Antonio Cánovas del Castillo, ideólogo de la Restauración Borbónica de 1874 tras un golpe militar en forma de pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos que terminó con la I República, y de la posterior Constitución de 1876, que se basó en un sistema de turno por el que dos grandes partidos, el Conservador y el Liberal, se repartían los diferentes poderes del Estado y se alternaban al frente del Gobierno al margen de los resultados electorales o, mejor dicho, a través de un sistema de manipulación electoral que se dio en llamar con un nombre que hoy se utiliza como sinónimo de fraude: pucherazo.

“La Constitución de 1876 no sirvió de estorbo a nadie. Bajo su patrocinio gobernó bien quien pudo, y mal quien no supo. En esto –también– encuentro similitudes con la nuestra de 1978”, ha asegurado Aznar.

Informa Aitor Riveiro.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han criticado este martes la decisión del Gobierno de proponer al exministro de Justicia Juan Carlos Campo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. “El Gobierno ha perdido una buena oportunidad para interrumpir la costumbre del bipartidismo de nombrar altos cargos casi en ejercicio”, ha lamentado el diputado madrileño.

En cualquier caso, en una rueda de prensa en el Congreso, ha indicado que el nombramiento de estos dos magistrados –para el otro puesto Moncloa ha designado a su exasesora Laura Díaz– corresponde al Ejecutivo y será él quien deba “responder” por esa decisión. Errejón ha añadido que el PP no puede dar “lecciones de ejemplaridad” en este ámbito porque tiene “secuestrado” el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impidiendo su renovación.

También Baldoví ve “justificado” que el Ejecutivo haya lanzado sus candidatos a la vista de que “el CGPJ bloquea y se burla de la ley” porque sigue sin nombrar a los dos que le corresponden. Eso sí, ha apuntado que “la propuesta de Campo no ayuda para prestigiar el órgano constitucional”.

Informa Europa Press.

Comienza la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. Comparecen la ministra Portavoz y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, acompañada de la ministra de Justicia, Pilar Llop y del de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

Unidas Podemos se muestra muy crítico con el nombramiento del exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El portavoz de En Comú Podem y presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, ha admitido este martes en rueda de prensa que les “hubiera gustado” estar al tanto de esa decisión para poder “discutir con el PSOE tanto los nombres como su idoneidad para el cargo”. Algo que, ha asegurado, “no ha sido posible”.

Asens ha llegado a calificar como “cinismo” que ahora el PSOE catapulte a un exministro de su partido a un órgano tan importante como el Constitucional después de haber aceptado el veto de Victoria Rosell en la negociación del Poder Judicial. “Nos parece un acto de cinismo que se vetara a Victoria Rosell para un órgano político como el CGPJ y en cambio se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro del PSOE a un tribunal de justicia”, ha lamentado.

Informa José Enrique Monrosi.

La Fiscalía Antidrogra ha pedido 31 años y 6 meses de prisión para José Ramón Prado, conocido como Sito Miñanco, y 9 años y 9 meses de cárcel para Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont.

La Fiscalía Especial Antidroga ha remitido su escrito de acusación al Juzgado Central de Instrucción 3 en el que se acusa a más de 50 investigados como presuntos miembros de la organización que dirigía Sito Miñanco por presuntos delitos contra la salud pública y por delitos de blanqueo de capitales, entre otros.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha solicitado también que se aplique una multa de al menos 2,7 millones de euros para Boye, asesor legal de elDiario.es, y de más de 950 millones de euros para Prado.

Informa Europa Press.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha mantenido este martes un duro enfrentamiento con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha reprochado que vaya a finalizar sus cuatro años de mandato sin haber ejecutado ni una sola obra o equipamiento nuevo, de dedicarse solo a finalizar proyectos que ya estaban en marcha durante el anterior Gobierno de Manuela Carmena, o a “revertir” lo realizado, lo que a su juicio obedece a una “furia ideológica de paralización” de ese legado y a puro “rencor” contra la izquierda. “El suyo ha sido un mandato perdido para los barrios de Madrid”, con “chapuza tras chapuza”. “Lo bueno es que solo le quedan dos meses”, le ha dicho la líder de la oposición al regidor madrileño.

A las criticas se han sumado Recupera Madrid y el PSOE, que también han acusado a Almeida de ser un alcalde “ausente” y de haber “regalado el patrimonio de los madrileños” para favorecer a “intereses privados” con su “clara apuesta privatizadora”.

Almeida se ha revuelto contra la oposición por “pintar un relato apocalíptico” de Madrid. Pero sobre todo ha cargado contra Rita Maestre, a la que ha acusado de insultarles sistemáticamente llamándoles “machistas, fascistas y homófobos”, lo que a su juicio sí es ejercer “violencia política”. “Ustedes entre Pablo Motos y Pablo Iglesias se quedan con Pablo Iglesias y esas miradas lujuriosas que a usted tanto le agradan y le reía la gracia en ese programa de televisión... esa es la verdadera naturaleza de la izquierda”, le ha espetado a la líder de Más Madrid, en alusión a un vídeo que el PP ha recatado de hace quince años de Maestre en un programa radiofónico del líder de Podemos.

Informa Carmen Moraga.

La presidenta de Ciudadanos ha criticado los nombramientos por parte del Gobierno del exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez al Constitucional. “Nadie ha degradado más las instituciones que [Sánchez]”, ha escrito Inés Arrimadas en un mensaje de Twitter.

En el texto, la presidenta de Ciudadanos ha criticado que Campo fue el “artífice de los indultos a los golpistas del procés” y que tanto su nombramiento como el de Díez, se producen “por encima de la lealtad a España”.

Estos dos nombramientos los va a hacer el Consejo de Ministros este martes. Campo estuvo a cargo de Justicia entre enero de 2020 y y julio de 2021, y Díez era hasta hace seis meses directora de Asuntos Constitucionales.

El vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, ha criticado los nombramientos de Moncloa del exministro Juan Carlos Campo y de la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez para renovar la parte del Constitucional que le corresponde. “Campo es el explorador que el Gobierno envía al Tribunal Constitucional para colonizarlo”, ha dicho en una entrevista en el programa Más de uno, de Onda Cero, en la que ha calificado al extitular de Justicia de ser un “sheriff” y de ser el “hombre que le hace los favores al Gobierno de darle los golpes a la división de poderes”.

En la conversación, González Pons ha remarcado que “no” es partidario de los nombramientos porque, cree, “han ido demasiado lejos”. Según el negociador popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que su propio partido rompió, “la UE va a reaccionar”. El vicesecretario de acción institucional del PP, además, ha hecho hincapié en que no se trata de personas que tengan cierta ideología, sino de “miembros de un poder del Estado haciendo entrismo en otro poder del Estado”. “Ataca directamente a la división de poderes y al Estado de derecho”, ha dicho, para condenar que los envía el Ejecutivo para “salvaguardar” su legislación.

Para González Pons, ambos miembros “deberán abstenerse” ante cualquier decisión “que tenga que ver con las leyes aprobadas por el Gobierno”. El popular ha remachado que en el “espíritu de la negociación” entre Bolaños y él sobre el CGPJ no habrían cabido estos nombres. “Lo que ahora constatamos es que mientras fingían negociar con nosotros, con quienes habían negociado es con los independentistas”, ha zanjado.