La vicepresidenta acusa a la Generalitat de Cataluña de presionar a funcionarios y medios de comunicación por el referéndum
En un acto que ha tenido más de posicionamiento político en la pugna interna del PP de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que de establecer pautas ante el Grupo Popular del Congreso, la vicepresidenta ha lanzado duras acusaciones a la Generalitat de Cataluña presidida por Carles Puigdemot en sus maniobras por la consecución del referéndum de independencia fijado para el 1 de octubre.
La vicepresidenta ha asegurado ante los diputados de su partido que “la dinámica” del Ejecutivo de Puigdemont “con los que no comparten sus posiciones tiene poca cabida en una democracia”. Según Sáenz de Santamaría, en la Generalitat catalana “las presiones a los funcionarios son la tónica” para evitar la asunción de responsabilidades ante la ilegalidad que supone la consulta secesionista.
“Los independentistas cada vez están más solos, cada vez tienen más miedo de asumir su propias responsabilidades en un proceso ilegal. Por lo menos, que dejen de presionar para que las asuman otros. Hoy hemos conocido que algunos para no asumir la responsabilidad de sus propios actos, le echan la culpa a los interventores cuando el Tribunal les pide explicaciones sobre lo que se han gastado en la consulta dicen que eso lo firmó la Intervención”, ha apuntado la vicepresidenta.
Ante la difícil situación de los funcionarios, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno central defenderá sus intereses y podrá bajo su amparo “al conjunto de los empleados públicos para que la Generalitat los ponga como escudo a la hora de llevar a cabo decisiones que son ilegales”.
Esta presión también les ha llegado a los medios de comunicación, según la vicepresidenta, que son amenazados con perder la publicidad institucional si no aceptan las posturas del Gobierno independentistas de Puigdemot. “Imaginad si esto lo hiciéramos el Gobierno de la nación, tendríamos incendiadas cinco comisiones en esta casa [el Congreso] y con razón”, ha remachado.
Esta actuación del Gobierno autonómico catalán demuestra la “pérdida de la neutralidad institucional”. Mientras la CUP, que apoya el Ejecutivo de Junts pel Sí, de dedica al “acoso” de las sedes de otros partidos, el Ejecutivo de Puigdemont “ningunea” al resto de las formaciones políticas sin enviarles documentación con tramitaciones exprés de leyes e, incluso, vulnerando la Ley de Transparencia.
Ahora están “presionando a los comunes”, ha subrayado la vicepresidenta, “es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad” del partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ante el referéndum ilegal.
“El referéndum no se va a celebrar, el 14 de febrero de 2017 ya dijo el Tribunal Constitucional que cualquier acto de preparación es ilegal. El Tribunal Supremo ha ha dicho que continua el proceso judicial contra Meritxell Borrar por la compra de urnas. El referéndum incumple todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Incumple la legalidad internacional y la legalidad catalana, cada vez están mas solos y divididos. Hay que pedirles que dejen de presionar a funcionarios y otros partidos”, ha concluido la vicepresidenta.
Por lo demás, Sáenz de Santamaría ha reseñado la incoherencia del PSOE por votar en contra del techo de gasto cuando añade 1.000 millones más que el del año 2017, cuando los socialistas los apoyaron y ha destacado la necesidad social de estar unidos contra el terrorismo, pese a “falta de humanidad de algunos”, en referencia a la negativa de algunos ayuntamientos de PSOE y Podemos de hacer un homenaje exclusivamente a Miguel Ángel Blanco.
