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Yoldi: “Hace tiempo que el Constitucional es sólo el tribunal de los amigos”

El periodista José Yoldi. / Marta Jara

Ramón Lobo

José, Txetxo, Yoldi (San Sebastián, 1954) es un referente en el periodismo jurídico. Fue el responsable, con sus documentadas informaciones, de la caída del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, quien tuvo que renunciar a su cargo. Las dimisiones son una rara avis en España. Poco después de aquel éxito periodístico perdió su puesto de trabajo en El País en un ERE que afectó a 129 periodistas. Ha aprovechado bien el tiempo estos dos años pues ha escrito y publicado dos libros: Peor habría sido tener que trabajar (Editorial Libros.com) y El enigma Kungsholm (Mong), una novela en la que los iniciados descubren referencias a numerosos personajes vivos. Aunque se trata de una ficción, el texto le sirve a Yoldi para mostrar las tripas del poder y la existencia de intocables, impunes que están por encima del bien y el mal.

Parece que los jueces se han puesto las pilas en algunos casos de corrupción. ¿Esto es casual? ¿Se ha movido algo o ya se estaba moviendo y no lo veíamos?

Los jueces están muy enfadados por muchas razones. Entre otras, por el periodo en el que Alberto Ruiz Gallardón ha sido ministro de Justicia, en el que los ha ninguneado de manera escandalosa. Convirtió el Consejo General del Poder Judicial en algo parecido a una dirección general de su ministerio; introdujo la ley de tasas que ya se ha tenido que modificar; redujo notablemente los moscosos [días libres] de los jueces; y, entre otras medidas arrinconó, o mejor, aplastó a las asociaciones judiciales, a las que arrebató el poder creciente que tenían. Las asociaciones representan solo a la mitad de la carrera –de los 5.000 jueces, 2.500 están asociados–, pero esto ha generado tal cantidad de insatisfacción que muchos jueces consideran que Gallardón ha sido el peor ministro de Justicia de la democracia. Todo esto unido a la sensación que tienen los ciudadanos de que hay una gran corrupción, y de que esta es transversal, que afecta a más de un partido –aunque afecta más a los que están el poder– ha provocado que muchos jueces hayan decidido hacer algo para que esto no vaya a más. Ha ocurrido también con los desahucios, donde los jueces se han puesto la cabeza para evitar que los bancos se apropien de manera ignominiosa de las casas de gente a la que han engañado en las hipotecas con cláusulas suelo. Por eso, tenemos la sensación de que los jueces están haciendo algo que los políticos deberían haber tratado de solucionar. En lugar de hacerlo han salvado a los bancos que sus amigos dejaron quebrar mientras a los ciudadanos nadie les salva ni del paro ni del desahucio.

El historiador Santos Juliá afirma que para combatir la corrupción es necesaria una Fiscalía General del Estado independiente de verdad del Gobierno de turno y una Fiscalía Anticorrupción con medios para hacer su trabajo.

De entrada: jueces con medios. Para acabar con la corrupción lo primero que hay que hacer es cambiar los plazos de prescripción para los delitos fiscales, la malversación de caudales públicos y los demás delitos relacionados con la corrupción. Los plazos deberían triplicarse porque no puede ser que casos tremendamente complejos, de ingeniería financiera, con comisiones rogatorias a paraísos fiscales, como Suiza, Andorra o Liechtenstein, a los cinco años hayan prescrito y el Estado no los pueda perseguir. Añadiría también que para que los condenados por corrupción puedan acceder al tercer grado penitenciario sea un requisito imprescindible que hayan tenido que devolver todo el dinero robado. De esta manera es seguro que las causas por corrupción se reducirían. Esto para el futuro, no para el pasado porque la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de leyes sancionadoras. En cuanto a la Fiscalía, tiene ahora mismo dependencia jerárquica. Es verdad que el Fiscal General del Estado tiene un mandato tasado, algo que antes no sucedía y el Gobierno de turno podía echarlo en cualquier momento. Ahora no. En todo caso, el Fiscal General del Estado que nombra el Gobierno suele ser, como poco, el mejor de sus amigos, no una persona independiente de prestigio. Es verdad que en el caso de Torres-Dulce se le consideraba un mirlo blanco, aunque luego no ha sido así. Se ha visto que a pesar de tener mal feeling con Gallardón ha estado en la misma línea que el PP.

¿No se pueden inventar una doctrina Parot para la ocasión?

Pero sí para lo contrario. No para tener a los corruptos en la cárcel como hicieron con los presos de ETA sino para sacarlos. Es una pena, pero lo que nos diferencia a los demócratas de los que no lo son es que nosotros respetamos y cumplimos las leyes que nos hemos dado. La doctrina Parot era como hacerse trampas al solitario. Y así nos lo reprochó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Y para la corrupción?

Es lo que digo, que ahí tenemos otro problema: en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que al final va a decidir si hay corrupción o no, como en el caso de Jaume Matas, la Gürtel, Bárcenas o los ERES, tenemos a todos los amigos de los partidos mayoritarios que hemos ido colocando allí durante años. Los nombramientos los hace el Consejo del Poder Judicial, que representa fielmente a los partidos, porque sus integrantes se nombran por cuotas, tras acuerdo entre PP y PSOE. Y para el Supremo y otros altos cargos, los nombramientos se hacen por cambio de cromos:  Para nombrar a un amigo del PSOE hay que nombrar a otro del PP, y el PP ha tenido una política bastante curiosa; mientras el PSOE nombraba a gente que ya era mayor, el PP los nombraba cada vez más jóvenes, de tal manera que los va a tener ahí mientras los otros se jubilan y dan paso a nuevos concursos donde entra más gente del PP. La Sala Penal está copada por gente afín al PP, de tal manera que una cosa tan flagrante como eran los viajes de placer de Dívar a Marbella, a balnearios, a santuarios marianos, a lugares turísticos como la isla de La Toja o la cueva del Soplao, los máximos exponentes del derecho penal, los que con sus interpretaciones hacen la jurisprudencia, decidieron por once votos contra cuatro que el uso del dinero público para fines para los que no estaban destinados no constituía delito de malversación de caudales públicos. Es decir, para el Supremo no era delictivo la realización de viajes que no eran de trabajo, como se ha demostrado, y se pagaban con dinero de todos. Es incomprensible. Habría que mandarlos a estudiar la carrera de nuevo.

¿Ha quedado mal Torres-Dulce en el asunto de los fiscales catalanes? Al principio parecía que tenía una posición distinta a la del Gobierno y luego se ha plegado.

Es que en el caso de la desobediencia, los fiscales catalanes tienen razón, para que haya delito debe haber un mandato expreso que se incumple. El auto del Tribunal Constitucional no dice nada de eso porque era una simple admisión a trámite y la simple admisión a trámite paraliza el referéndum o consulta o como lo quieras llamar, pero no recoge un mandato expreso de “usted no puede hacer esto”, que es lo que te permite tipificar el delito como desobediencia. Los fiscales han apreciado la existencia de otros delitos, entre otros el de malversación de caudales públicos y han incluido a la consejera de Educación por permitir que centros públicos se utilicen para algo para lo que no están destinados y se gaste dinero en urnas y en otros conceptos. Es cierto que ha habido voluntarios, pero también es verdad que han gastado dinero de todos los catalanes y por tanto de todos los españoles.

Siempre ha existido la utilización política de la justicia, ahora es evidente y soez.

Siempre ha existido. En los tiempos de Franco, también. Su Código Penal de 1973 era tan flexible que permitía la pena de muerte y que pudieras salir de prisión en quince días si le caías bien. En la Transición, anularon la pena de muerte, pero dejaron las redenciones de penas por el trabajo y otros conceptos, y para corregir que los etarras pudieran beneficiarse de ellas elaboraron la doctrina Parot. Jo Nesbo, un escritor noruego de novela negra que me encanta, dice que la mayoría de la gente cree que los mecanismos del Estado frente a la corrupción son de malla gruesa y que por ahí se escapan los peces pequeños. Pero él dice que no, que es de malla fina y los peces pequeños no escapan. El problema se presenta cuando en la malla cae uno de los grandes y poderosos. La red no aguanta y se rompe. Creo que tiene razón.

El presidente del Gobierno figura en unas anotaciones en los papeles de Bárcenas y manda mensajes de ánimo por teléfono móvil al ex tesorero. Cuando se descubre, Rajoy dice: “Todo es mentira salvo algunas cosas”. Y no pasa nada. Si descubren en Alemania que el ministro X plagió su tesis doctoral tiene que dimitir de inmediato.

En Suecia, una viceprimer ministra y gran estrella de la política, Mona Sahlin, tuvo que dimitir por comprar Toblerones con la tarjeta del ministerio porque da igual la cantidad, lo importante es el gesto.

Y lo de mentir. Lo de mentir, que en EEUU es fundamental y por eso Nixon tuvo que dimitir. Aquí, ya ha visto el caso de Monago, que ha dado cinco versiones sobre sus viajes a Canarias: Fui a actos oficiales; no eran oficiales, pero me los pagué yo; devolveré lo que no pagué; pagué algunos; muestro los justificantes, pero no los entregó. Una bola tremenda. Y no pasa nada: ahí sigue con el apoyo de Izquierda Unida.

Víctor Lapuente, profesor de la Universidad de Göteborg, contó en el Salvados que Jordi Évole rodó en Dinamarca que en los países nórdicos hay un pacto social ético y una intolerancia ante la corrupción. También dijo que en los países con muchas leyes, como aquí, no funcionan, que es mejor pocas leyes y que se cumplan.Salvados

En Dinamarca hay una conciencia ciudadana; digo esto porque he estado allí y tengo amigos daneses. Los servicios públicos son espectaculares. Si hay que levantar a una señora de noventa años, van a su casa por la mañana, por la tarde, por la noche y lo hacen. Hay una conciencia de que el dinero público es de todos. Aquí, como dijo Carmen Calvo en una entrevista con ABC, el dinero público no es de nadie. Una frase impresionante. Es verdad que a cambio de todas esas ventajas tienen unos partidos xenófobos, ultraderechistas muy fuertes que creen que lo suyo es tan bueno que lo de los demás es basura. No sé qué prefiero entre una cosa y otra. Pero es cierto que de meter la mano en la caja, de eso allí hay muy poquito.

El pacto social que hace intolerable la corrupción y la mentira aquí no existe. No es por la dictadura, pero para cambiar esto es necesaria la educación. Mientras llega la nueva educación habrá que cumplir las leyes.

Sí, y después hay otra cosa, que los mediterráneos por la razón que sea siempre hemos vivido un poco en la picaresca; como lo hace todo el mundo, si puedo ocultar al Estado tal, pues mira, tan ricamente.

Se ve al Estado como un enemigo al que se puede robar; en cambio en otros países si robo al Estado, robo a mi vecino que tiene nombre y apellidos y está aquí al lado.

Eso es, justamente.

Quizá me equivoco, pero da la sensación de que los jueces, al menos algunos jueces, están fuera de la quema general. No se les percibe como parte del problema como sucede con políticos.

Depende. Son un colectivo de 5.000 personas. La mayoría, según dice un amigo juez, son de la categoría “nomefo”: no meterse en follones. Después hay algunos que, efectivamente, interiorizan su misión, su función de juez, y pretenden hacerla lo mejor posible, cumplir las leyes, que es un poco lo que le ha ocurrido a José Castro. Ha apreciado que la infanta Cristina ha cometido delito e intenta a demostrar que ha sido así, mientras que desde el Estado parece que le torpedean todo lo que pueden. Hacienda consideró como falsas una serie de facturas que después las ha dado por buenas para que no haya delito por parte de la infanta. La hija de Juan Carlos I firmó como arrendadora y arrendataria al mismo tiempo en el alquiler de su palacete a su sociedad patrimonial Aizoon, que no tenía actividad y era la pantalla para blanquear los beneficios del Instituto Nóos. Nunca se desarrolló ninguna actividad de Aizoon en el palacete de Pedralbes y esta señora lo sabía y se beneficiaba en Aizoon. A pesar de eso, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado no le acusan de nada, algo que para la tonadillera más famosa de España, Isabel Pantoja, no ha servido; ella ha blanqueado el dinero de su pareja. Como decía la propia Pantoja, ¿qué me diferencia de la infanta? Que ella tenía una sociedad al 50% y yo no. La Audiencia de Palma, cuyos magistrados parecen ser de los de no meterse en follones, ha salido en defensa de su compañero, el juez Castro, al que los periódicos y las instituciones del Estado estaban dejando a los pies de los caballos, pero también ha dejado una salida para evitar que la infanta acabe en el banquillo. A cambio de esto, el futuro de su marido, Iñaki Urdangarín, que no sé si sigue siendo duque de Palma o no, pinta de color cucaracha. Tengo la impresión de que si el fiscal pide casi 20 años para él, los jueces no le van a perdonar muchos.

Decía lo de algunos jueces porque hay otros que consiguen que Fabra se pase años sin entrar en prisión, dándole privilegios hasta en el último minuto.

¡Qué vergüenza!

Y por otro lado hay otros jueces que se están moviendo en distintos casos.

Sí, hay jueces que permiten que Ortega Cano, Isabel Pantoja y otra gente famosa vaya a la cárcel y hay otros que tienen que ver más con la política, que entienden que sólo se asciende al Tribunal Supremo a través de unos señores del PP, o del PSOE. Si estás en la Asociación Profesional de la Magistratura nunca te van a votar los socialistas y si estás en Jueces Para la Democracia nunca te van a votar los del PP. Con lo cual, si eres de determinada asociación, y quieres que los tuyos, los afines ideológicamente, estén contentos contigo ya sabes lo que tienes que hacer si deseas llegar al Supremo, que es la cúpula de la Judicatura, y a la Sala de lo Penal donde solo hay quince personas. De los 5.000 jueces sólo llegan quince. Es verdad que hay otras categorías: de lo Contencioso, de lo Social, de lo Militar y de lo Civil, pero si estás en lo penal, tu horizonte son quince personas y tienes que ser muy amigo, porque si no, no te nombran, porque habrá otro que va a ser más amigo que tú. Bueno, resulta que Fabra… Es increíble por qué ha tardado tanto en entrar en la cárcel.

Cuando el fiscal lo pedía.

Cuando el fiscal lo pedía, y que además ya le rebajaron la pena. Las tropelías que hemos visto en el caso de ese señor son tremendas.

Volviendo al caso de la infanta, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ha actuado más como abogado de la infanta que como fiscal de todos.

Absolutamente. Ha puesto recursos insólitos. Sólo se me ocurre que pueda ser porque en un momento dado se sintió traicionado, porque por lo visto había pactado con Castro que cada vez que hiciera algo le iba a avisar y Castro, viendo la deriva que iban tomando los acontecimientos, en determinado momento decidió tirar para delante y citó a la infanta a declarar. Pero, para que se vea la diferencia entre el caso de una infanta y los de los demás mortales, para citar a la infanta Castro realizó un auto de 165 folios y luego otro de 227, cuando en el resto de los casos con una providencia de medio folio es suficiente. La diferencia es abrumadora. Esto de que los españoles somos iguales ante la ley, pues no es cierto. La propia Constitución ya establece una excepción que es el Rey. Mientras en un artículo establece “Los españoles son iguales ante la ley”, más adelante destaca: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

En sus escritos Horrach criticaba directamente al juez, no sé si es muy típico.

Es una barbaridad.

Hasta la Sala de Palma le reprochó esto.   

La Sala le ha machacado, lo cual es muy razonable, porque mire usted, su posición en el proceso es acusar. Si Horrach cree que la infanta no ha cometido delito puede no acusar, pero ¿salir en su defensa? ¿Y con más ahínco que sus propios abogados? No puede hacerlo de ninguna de las maneras. Mire, en el juicio del 11-M había una serie de acusaciones que pretendían sostener la teoría de la conspiración y se personaron para defender a los islamistas y el juez Gómez Bermúdez impidió sus maniobras todas las veces. En el caso Gürtel, echaron al  PP porque siendo acusación iba ejerciendo de defensa. Está claro que no se puede expulsar del proceso al fiscal porque es el garante de la legalidad según la Constitución, pero, es que Horrach no ejerce como garante de la legalidad, sino de defensor de la infanta. Por otro lado, según reveló El Mundo, Mariano Rajoy, el rey Juan Carlos I, el ministro de Justicia y el fiscal del Estado se reunieron para darle una salida digna al proceso de la infanta. Esta reunión nunca fue desmentida y poco antes de la declaración de Cristina de Borbón, Rajoy llegó a decir que a la infanta le iría bien. ¿Se imagina lo que pasaría en EEUU si Obama se reuniera con el Fiscal General del Estado y el ministro de Justicia para buscar una salida para su hija, a la que por ejemplo, le hubieran pillado por atropellar a alguien? Sería un escándalo y, además, muy probablemente todos ellos acabarían en la cárcel. Aquí no ha pasado nada, nadie ha dicho nada y no se han molestado ni en desmentirlo. Supongo que pensarán ¿para qué? Ya llegará otra noticia que tapará a esta, que nos da igual.

La calidad de la democracia es bajísima.

Me parece que sí. Es verdad que los españoles nos hemos acostumbrado un poco a esto, como los italianos se acostumbraron a vivir con la Tangentópolis, con Berlusconi. Ahora Renzi necesita el apoyo de Berlusconi. Es tremendo, ¿no? Es verdad que la calidad de la democracia es bajísima, que los españoles nos hemos acostumbrado, pero hay un conato de rebelión que se plasma en el ascenso de Podemos y tanto el PP como el PSOE están nerviosísimos, bueno incluso Izquierda Unida. Y después hablan de regeneración ética y dicen que quieren arreglar las cosas, pero firman un pacto entre el PP y el PSOE sobre que los viajes de los diputados, para que en lugar de ser transparentes, los controlen los propios grupos parlamentarios. Una verdadera vergüenza. Todo, para seguir igual.

Da la sensación de que no han entendido nada.

No, no; yo creo que sí, que el PP y el PSOE lo han entendido todo, pero no pueden admitir que quieren seguir haciendo lo mismo de siempre y que en esto de los viajes quieren perpetuar la corruptela a la que están acostumbrados. Y mira que podrían hacerlo como el Consejo del Poder Judicial que, tras el asunto de Dívar y los viajes transoceánicos de otros vocales, ha dicho: de lo de atrás no sabemos nada, pero “de aquí en adelante”, transparencia. En el Parlamento podrían haber hecho lo mismo y sin embargo no lo han hecho.

Si revisáramos los gastos de todos los diputados en esta legislatura, qué se gastan y dónde comen tendrían un problema. Si fueran públicos los gastos, posiblemente no irían al restaurante más caro, irían al más barato, y ya reduciríamos los gastos.

Seguramente, pero no creo que eso ocurra mientras PP y PSOE estén en esa historia. Esto es como la reforma de la ley electoral, desde muy primera instancia se dijo que había que cambiar la Ley d'Hondt para hacer una más proporcional. Lleva Izquierda Unida en eso desde ni me acuerdo pero como beneficia a los partidos mayoritarios, no se cambiará nunca.

Se puede encontrar que en las próximas elecciones generales…

Que beneficie a Podemos. Sí, eso es posible.

Que Podemos pase a ser segundo y se beneficie y el tercero quede perjudicado.

Eso es verdad, pero ya veremos. Es verdad que estamos en un momento muy delicado pero por otro lado apasionante. Miro todo con un gran interés.

¿Hay jueces que sintonizan, no digo políticamente sino en el enfado y en la necesidad de cambiar las cosas, con Podemos?

Creo que no hay sintonía con Podemos, hay sintonía con el enfado. No quiero decir que los jueces son una casta porque no lo son, pero cuando alguien se mete a estudiar oposiciones a juez, su familia tiene que tener un cierto nivel económico. Casos como el de Baltasar Garzón, que estudiaba en una gasolinera por las noches mientras servía gasolina, son rarísimos. Es verdad que después han llegado jueces de izquierdas, generalmente a lo Social, que durante la Transición fueron abogados beligerantes y que con el tiempo se han ido acomodando y han llegado a la Judicatura. Me vienen ahora a la memoria una docena de nombres. Pero no son lo suficientemente significativos. Por lo general, los que estudian para juez suelen proceder de una familia que ha tenido algún antecedente o que tiene los suficientes recursos como para permitir que su hijo estudie las oposiciones.

Dos jueces que se han salido un poco de la pauta, Elpidio Silva y Baltasar Garzón, están fuera.

Bueno, sí.

Aparte de los errores que hayan podido cometer.

Sí, sí, pero es que claro, como le digo, si alguien se dedica a pisar excelentísimos callos acaba en la calle. En muchos órdenes de la vida. Porque, a ver, no sé si debe contestar a esto, pero ¿a usted por qué le echaron de El País? [risas] Pues esto es más o menos lo mismo: si usted es la cabeza del clavo que sobresale, le van a dar un martillazo sí o sí y esto es así.

Pero Garzón es el único condenado por los crímenes del franquismo...

Es verdad.

Y Silva es el único condenado por el caso Caja Madrid.caso Caja Madrid.

Sí, sí, si soy plenamente consciente. Además del ejemplo que se da a la ciudadanía de que los corruptos siguen ahí. Incluso Correa ya ha salido con fianza de 200.000 euros, mientras que Garzón está condenado en firme y su caso está en Estrasburgo, ¿cómo es posible? Bueno pues sí, es que la Justicia tiene estas cosas y el Tribunal Supremo para lo que quiere es rapidísimo y para otras cosas, pues no.

Y ahí tiene a Miguel Blesa mareando la perdiz, que si no son ilegales, que si las tarjetas, que si los correos…

Siempre he sostenido que los poderosos tienen un plus de inocencia, dicho con toda la ironía del mundo, pero a ver: ¿qué es la famosa doctrina Botín? Después de 17 años persiguiendo las cesiones de crédito del Santander, cuando la acusación popular pedía 180 años de cárcel para Botín, el asunto llegó a la Sala y admitió un vacío en la redacción de la ley según el cual en el procedimiento abreviado solo el fiscal y los perjudicados están legitimados para acusar pero no la acción popular porque no figura expresamente en el texto de la ley. Y claro, ni el fiscal, ni Hacienda acusaban. El caso fue sobreseído después de 17 años de proceso!

¿Es ese el objetivo? ¿Alargar los procesos y ganar tiempo? Así es fácil que alguien cometa algún error procesal al que se puedan agarrar.

Claro, claro, sin duda. Además, se da la circunstancia de que el Santander financiaba el 90% de los cursos que los magistrados del Supremo y otros jueces imparten sobre doctrina jurídica. Y los jueces cobran por esos bolos. ¿Le parece lógico condenar a quien te paga los bolos? En cambio, dos meses después llegó Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco que había pisado callos en el Tribunal Supremo al negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, que era una denominación alternativa de Batasuna. Atutxa sostuvo que los letrados del Parlamento vasco le indicaron que no tenía prerrogativas para disolver el grupo parlamentario, pero el Supremo respondió que tenía que hacerlo inmediatamente. Como existía un mandato expreso y concreto, “usted disuelva eso”, y a pesar de ir de la mano de una asociación tan tremebunda como Manos Limpias, que es un pseudosindicato de ultraderechistas, el Supremo condenó a Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, que integraban la mesa del Parlamento con una interpretación diferente del mismo precepto por el que habían absuelto a Botín.

Tenemos también el Tribunal Constitucional, donde deberían estar los mejores, los más puros.


Ya, pero no es verdad.

También está copado por partidos, por la política.

Claro, claro; nos repartimos los magistrados y ya está.

Es una Sala política, bajo control político.

Absolutamente. El hecho de que el presidente fuera militante del PP, ya da la idea. En otros países el Constitucional es el tribunal de los mejores, aquí no es ni siquiera el tribunal de los mejores de entre tus amigos, ya es el tribunal de los amigos. A mí me daría igual que hubiera un magistrado ultraconservador o ultraprogresista –y no defiendo ninguna de las dos tendencias—  siempre que este tipo fuera extraordinario. Pero, qué va, al final ponen a mediocres que de Derecho saben lo justo. Ya sabe, los amigos por encima de la calidad.

En un asunto como el de Cataluña, un Tribunal Constitucional compuesto por los mejores podría impartir una doctrina más aceptable, pero al ser un tribunal de los amigos, un tribunal político lo tiene difícil.

Es que la paradoja reside en que el Estatuto valenciano, que es copia del catalán, es constitucional y el catalán, no. Lo que ocurrió es que el primero nadie lo impugnó. Valencia, además, es feudo del PP y no tienen ínfulas soberanistas.

Valencia es la cuna de la corrupción.

Tanto como la cuna… Toda la parte levantina está bien impregnada, porque Castellón, Alicante, Murcia tienen pendientes numerosos casos de corrupción, tanto en la parte regional como en las administraciones locales.

¿Está la judicatura pringada?

Cómo será la cosa de divertida que después de las cintas que hemos escuchado del amiguito del alma [Francisco Camps], hay nueve hombres justos de un jurado y por cinco votos a favor deciden que ahí no hay cohecho, que el Bigotes era el amigo del alma y es lo que hay. Algo que era evidente para toda España, que el presidente de la Comunidad estaba muy involucrado en el caso Gürtel, ha quedado en que ha sido absuelto. Mientras que otros dos que iban en el mismo proceso y ya habían admitido su culpa ya habían sido condenados. Paradojas de la vida. Ahora en el caso Nóos, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, unos jueces que ha puesto el PP, han considerado que Rita Barberá y Camps no tenían nada que ver con el tema Nóos, que es exactamente por lo que van a condenar a Matas.

Lo escandaloso de Matas, y de otros, es que se les condena tarde, poco y mal por delitos fiscales pero nadie se pregunta de dónde ha salido el dinero.

Sí, y los contratos. Hombre, creo que la Audiencia de Palma les tiene tomada bastante la medida, hay varias piezas separadas y cuando acabe eso, digamos que la ciudadanía balear se va a sentir compensada. Pero entiendo que, tanto lo de la alcaldía de Alicante con la cantidad de casos que ha habido ahí, es que es un escándalo...

¿Cómo puede seguir en Alicante una alcaldesa dos veces imputada?

Y que siga saludando al rey cuando llega, a pesar de que el presidente de la Comunidad no quiera verla… Bueno, es verdad que también el presidente de la Comunidad dice que quiere reabrir Canal Nou después de haber hecho un ERE hace menos de un año.

Y que a Matas le dieran el tercer grado así, que no se haya pasado ni dos días en la cárcel y la mitad de ellos en la enfermería, si no todos. ¿Cómo no son conscientes de ese tipo de cosas con la que está cayendo?

El PP no podía indultarle después del caso del indulto al conductor suicida cuyo caso llevaba el despacho del hijo de Gallardón. No podía dar otros indultos tal y como estaba la cosa, sabiendo además que le quedan siete procesos al señor Matas, que si le indulta ahora, dentro de tres meses le van a condenar por otra cosa. En este país si te libras de las condenas, perfecto, pero en el momento en que te condenan la primera vez se te cae el mundo encima, como le ocurrió a Mario Conde. A Matas, Rajoy no podía darle el indulto a pesar de haber sido compañero suyo en el Consejo de Ministros. La forma más fácil de indultarle sin darle el indulto era esa, el tercer grado. Pero el juez de vigilancia, el fiscal y la sala ya han decidido que tiene que ingresar de nuevo en prisión a seguir jugando al frontenis.

Hay dos jueces que están en los titulares casi todos los días. Una es Mercedes Alaya y otro es Pablo Ruz. No sé si Alaya lo está haciendo bien o no, pero los argumentos del PSOE con ella son similares a los del PP en otros casos.

Creo que se ha extralimitado en varias cuestiones. De entrada, porque su marido, Jorge Castro, fue durante unos años el auditor de Mercasevilla; es legal pero no es estético.

Pero para que nos entienda el lector: Mercasevilla fue un escándalo.

Sí, Mercasevilla es el origen de todo el tema de los ERE. Pero es que después además ella ha hecho públicos autos en momentos cruciales, como cuando toma posesión el Gobierno de Susana Díaz. Digamos que el perfil político que da Alaya desacredita un poco el trabajo que está haciendo, que no dudo que hay abundante materia para investigar.

Algo de material hay...

Claro que hay material, y seguro que el tipo que se emborrachaba y se iba de putas y tomaba marisco a costa de los contribuyentes es un golfo notable, pero lo cierto es que el perfil político de Alaya y los momentos en los que toma decisiones comprometidas son, cuando menos, sospechosos, y dejémoslo ahí.

¿Qué va a pasar con Griñán y Chaves en el Supremo?

Pues teniendo claro quién es el presidente de la Sala Segunda al que ha puesto ahí el PP, pues ya se lo puede imaginar. Se trata del instructor que arrastró por el fango a Garzón con el asunto de los dineros de Nueva York aun sabiendo que esa causa estaba prescrita desde el minuto cero. Durante dos años realizó una instrucción investigando incluso a sus familiares para luego “darse cuenta” de que todo estaba prescrito desde el principio. En la absolución, yo te condeno. Porque además Garzón no tenía ninguna posibilidad de defenderse. ¿Cómo vas a recurrir para lavar tu nombre una resolución en la que te absuelven?

¿Un prevaricador?

Eso lo dice usted. En cierta ocasión hice un artículo titulado “Soy un cobarde” y decía claramente que por decir que alguien del Tribunal Supremo prevarica, te procesan y te llevan a la cárcel.

Pues entonces retiro corriendo la pregunta [risas].

Y entonces, señalaba que decirlo no lo decía. Hoy en día sigo sin decirlo, pero pensarlo… El pensamiento todavía no está en el Código Penal.

El juez Pablo Ruz que, según se decía en los medios de comunicación, parecía más dócil, está haciendo su trabajo y ahora es un juez incómodo al que hay que sacar del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

Ruz está haciendo su trabajo desde el primer día, lo que pasa es que entiendo que es un juez que se carga de razón. Es decir, tú no puedes echar al PP desde el primer minuto de una instrucción si no sabes qué es lo que está haciendo; en el momento en el que hace algo mal, él coge y lo echa del proceso, pero echarlo porque sí es lo que no puede. Creo que Ruz es un tipo justo, es un tipo que quiere hacer las cosas bien y precisamente por eso a la menor oportunidad, cuando un auto suyo provoca la dimisión de Ana Mato, lo mandan a casa.

Mandar a Ruz a Móstoles sin terminar la instrucción de los casos que más preocupan al PP es un escándalo

¿Usted cree que les preocupa?

Estamos a seis meses de elecciones...

¿Y cuánto dura la noticia de que no renuevan la comisión de Ruz? Nada. Y menos en vísperas de navidad. Además, tiene otras ventajas para los acusados. No se tocará un papel hasta que llegue el juez titular, que tendrá que estudiar estos mastodónticos casos, con lo cual dilataremos todavía más el proceso, dilación que no será atribuible al acusado sino a la Justicia, por lo que si hay condena la pena se reducirá por dilaciones indebidas. Es perfecto.

Estamos sentados en un barril de mierda importante.

Eso lo ha dicho usted de nuevo.

Hablemos de sus libros. Ha publicado dos desde que inició su nueva vida forzosa. Un anecdotario de su trayectoria periodística, Peor habría sido tener que trabajar, y ahora una novela, El enigma Kungsholm, ¿no había un nombre más fácil?Peor habría sido tener que trabajarEl enigma Kungsholm

Es que está basado en un caso real que investigué en El País y que al final se quedó en el tintero, bueno, se quedó en el sistema, no se publicó. No lo he novelado ahora por eso, sino porque me parecía una historia bonita. Era un caso de facturas falsas y plusvalías enormes. Kungsholm, que en sueco quiere decir isla del rey, tiene un sonido parecido al caso original y me parecía un nombre apropiado. Lo he pasado por el filtro de la ficción, aunque afectaba a uno de los mayores bufetes de abogados de Europa y yo tenía un recibo de una empresa de seguridad que había trasladado hasta 17 sacas de dinero a una sala de juntas. Allí por una puerta entraba uno de los beneficiarios y se llevaba en negro 15 millones; por otra puerta, entraba otro y se llevaba veinte millones; por una tercera llegaba un arquitecto municipal y cogía su parte. Era espectacular. Y el abogado que dirigía la operación, cuando le llamaron a declarar y le cambiaron la condición de testigo a imputado, se echó a llorar. El único caso que conozco en 35 años de periodismo jurídico. Ese es el inicio de la historia.

Es un inicio real.

Como digo, está pasado por el filtro de la ficción. En la realidad, el abogado no murió, y en la novela cae desde un quinto piso. Luego, según he ido avanzando, me he recorrido Madrid y otros escenarios, me he documentado, he ido a un funeral en los Jerónimos y he visitado el oratorio del Santo Niño del Remedio que está en la calle de los Donados…  Los personajes en muchos casos son estereotipos. Por ejemplo, la protagonista está construida sobre la base de cuatro periodistas, alguna de las cuales, usted conoce. Por otro lado, hay otros, como por ejemplo una abogada que se llama Ana Madera, que aquí figura como Ana Fierro, cuyas anécdotas están contadas tal cual le han ocurrido. Una de ellas, delante de unos cuarenta periodistas que esperaban la salida de uno de los acusados del 11-M le dijo en voz alta a una colega “uy, fulanita, ¡si te has puesto tetas!”. Momento en el que a la fulanita, que llevaba un vestido azul se le puso rojo hasta el vestido y entonces esta, con todo el mundo mirando, le dice “hija, que no hay que avergonzarse, que al fin y al cabo las has pagado”. Imagíneselo.

Pues esta abogada, el día de la presentación enseñó a todo el auditorio la pulsera de oro y esmeraldas que le regaló un narco colombiano después de que consiguiera su absolución.

Bueno ¿con Carlos Dívar se habla o no?

He tenido buena relación con Dívar. Yo le tengo que agradecer que siempre se ha puesto al teléfono cuando le he llamado, es decir, nunca me ha hecho grandes declaraciones, pero cuando le he informado “mañana voy a publicar tal noticia”, él no colgaba, solo decía, eso no es así. Pero nunca daba más explicaciones, ni a mí ni a nadie.

Pero usted es el único periodista que ha conseguido que un presidente del Tribunal Supremo dimita, ¿no? En democracia, desde luego.

En realidad, en estricta justicia no he sido yo, ha sido él mismo. Él fue torpe, no supo gestionar una crisis, tenía que haber dicho lo que dijo el Rey, “lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir”. Si él hubiera alegado que la interventora de Hacienda y él tenían interpretaciones diferentes sobre la normativa de gastos, pero que para que no hubiera dudas lo pagaba todo, habría seguido en el cargo. Pero él se enrocó, porque Gallardón le dijo que le iba a sostener y entonces argumentó que era el presidente del Tribunal Supremo por la mañana, por la tarde y por la noche. No es que no diera explicaciones a la prensa, es que tampoco se las dio a los suyos y es precisamente la Asociación Profesional de la Magistratura la que lo dejó caer. Jueces para la Democracia pidió desde el primer momento su dimisión pero casi durante un mes son los de la Asociación Profesional de la Magistratura los que le sostuvieron. En cuanto estos le piden explicaciones y Dívar se niega, le explican que o dimites para el martes o te dimitimos. Entonces no le queda más remedio. Eso es lo que genera esa sensación de Gallardón de que los jueces tienen un poder tal, que hay que cortárselo de raíz, y entonces hace las leyes que hace para cargarse el poder de los jueces y consigue que el Consejo General del Poder Judicial sea como una dirección general de su Ministerio. Ahora sólo hay seis miembros que cobran todo el sueldo, los demás van a dietas. En fin, es un desastre.

Después de esta entrevista, Txetxo Yoldi, ¿qué es más probable: que le detengan, que me detengan o que nos detengan a los dos?

Probablemente a los dos [risas].

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