Las familias con pocos recursos de Sevilla no pagarán por el agua si no la desperdician

Más de un millón de vecinos de Sevilla capital y buena parte de su área metropolitana van a tener que pagar un 7% más por el agua a partir de 2020, lo que viene a suponer 0,48 céntimos por persona al mes. Así lo ha aprobado el consejo de administración de Emasesa, la Empresa Metropolitana de Aguas, para modernizar infraestructuras “obsoletas y sobrepasadas”. Emasesa intenta suavizar la medida con la puesta en marcha de una tarifa social que supondrá agua prácticamente gratis para las familias con menos recursos, pero para ello no podrán desperdiciarla: si gastan más de la cuenta tendrán que ir pagando gradualmente, de manera que a mayor desperdicio mayor será una factura que, de todos modos, seguirá bonificada.

¿Por qué se pone esta condición? Porque, según fuentes de Emasesa, se ha detectado que hasta el 36% de las familias que ahora son beneficiarias de las ayudas por emergencia social (lo que supone “agua gratis en su totalidad”, subraya Emasesa) han incrementado el consumo en un 30%. Estas familias ya tenían un consumo considerado ineficiente, mayor a 110 litros por persona y día, pero ahora lo han elevado hasta 162 litros diarios, “muy superior a la media general de Emasesa y situado en niveles que se consideran muy ineficientes”, resalta un estudio en este sentido de la compañía.

A la espera de los plenos

La medida tiene ahora que ser aprobada en los plenos de los municipios a los que abastece Emasesa: Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, El Garrobo, El Ronquillo, La Puebla del Río, La Rinconada, Mairena del Alcor, San Juan del Aznalfarache y Sevilla. Y es precisamente en la capital donde el debate puede tener su enjundia, ya que en el consejo de administración de Emasesa PP, Cs y Vox se han posicionado en contra, mientras que Adelante Sevilla (cuyos votos son ahora esenciales para esta aprobación) se ha abstenido y ya pone sus condiciones, que pasan por implantar esta tarifa social para las familias más humildes, la progresividad en el resto de tarifas y compensar la subida del agua con una bajada en la tasa de basuras. Ahora mismo ambos conceptos están vinculados, de manera que si se gasta más agua se paga también más por la basura.

Las bonificaciones

El Gobierno de Juan Espadas (PSOE) parece en principio dispuesto a asumir estas exigencias, y para ello lo que se va a hacer es bonificar hasta el consumo medio, es decir, los primeros 110 litros por persona y día, además de aplicar también descuentos en la cuota fija de servicio. La tarifa social tendrá dos niveles de bonificación, al primero de los cuales (que implica una tarifa prácticamente gratuita) podrán acogerse las familias con ingresos por debajo de la Renta Mínima de Inserción Social (Iprem), situada en 419,52 euros mensuales. Hablamos de un usuario vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, mientras que otras “rentas deprimidas” (ingresos equivalentes al Iprem, con un coeficiente que varía en función del número de personas en el hogar) tendrán una bonificación de hasta el 50%.

En ambos casos, para que esto sea así no se podrá superar el consumo medio de Emasesa, fijado en esos 110 litros por persona y día. Un ejemplo: una familia de cuatro miembros que ingrese menos del Iprem y que gaste 100 litros por persona y día tendría que pagar 22,6 euros al mes que se quedarían en 4,8 (en concepto del canon de la Junta, el de la propia compañía y el IVA) aplicando las correspondientes bonificaciones. Si en vez de 100 litros se pasa a un consumo de 120 ya tendría que abonar casi el doble, 8,6 euros, cifra que seguirá aumentando proporcionalmente al consumo. Si la simulación se hace con la misma unidad familiar pero con ingresos equivalentes al Iprem, las cantidades a pagar serían 13,4 y 20,1 euros.

Desde que en 2015 entraron en vigor medidas sociales en la tarifa del agua se han beneficiado 12.151 familias, aunque Emasesa reconoce en su informe que, debido al número de solicitudes y la dotación de personal de los Servicios Sociales, “se han venido produciendo en algunos momentos retrasos en la tramitación”. A partir de 2017 se reconoció el derecho al mínimo vital, lo que implica que no se suspende el suministro a ningún usuario doméstico que no pueda pagar el recibo por motivos económicos, siempre y cuando cuenta con el aval de los Servicios Sociales municipales.

El modelo actual va a ser ahora sustituido por una tarifa social con reducciones directas en el coste del agua. Se acaba así con un sistema que “implica agua gratis para el acreditado, sin tener en cuenta niveles de consumos por persona, ni graduación de la ayuda en función de pago de los usuarios”.

Sube un 7%

Al margen de esta tarifa social, no hay que olvidar que en 2020 la mayoría de sevillanos (un 55% de toda la provincia) va a pagar un 7% más, cifra que llegará al 8% para las industrias. Así Emasesa ingresará 10,4 millones de euros más al año: 2,6 millones serán para mejorar el tratamiento y 7,8 millones para actuaciones “en infraestructuras obsoletas y sobrepasadas que pueden derivar en un riesgo claro e inminente sobre el correcto funcionamiento del servicio o pueden producir daños ambientales”. De esta manera, “evitamos riesgos graves que afectan a un número importante de ciudadanos”.

Las primeras de estas actuaciones van a ser estabilizar la ladera del Carambolo, modernizar las instalaciones de cloración de la estación del mismo nombre (la más importante de Emasesa), habilitar un suministro alternativo a Coria y La Puebla del Río, sustituir el colector de la calle Secoya y la avenida Luis Uruñuela en la capital y también adecuar el colector del Puerto. De paso, se mejorarán los tratamientos de residuales (fósforo) y la calidad del agua en origen (cloración, carbón activo...).