El enésimo desahucio para Mónica, que vuelve a verse en la calle con tres niños: “No sé dónde ir”

Mónica tiene 44 años, una hija de 18 que vive con la abuela, dos mellizos de 13 y otro niño de 9 años. Vive con los tres menores de edad en un piso de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), en el barrio del Monumento, del que la van a desalojar. Tiene para irse voluntariamente hasta este viernes 11 de febrero, fecha límite a la que se comprometió a abandonar. Si no, la echan. Y a la vuelta, un juicio por usurpación dentro de diez días. No es la primera vez que se enfrenta a esta situación, aunque no en el mismo lugar: en junio se consumó el lanzamiento de la vivienda que habitaba pese a la oposición de activistas y vecinos que se reunieron en defensa de la familia. Había ocupado aquella casa de Ciudad Aljarafe, en Mairena, hacía siete años. Tras rechazar un hostal que le puso de urgencia el ayuntamiento y pasar un tiempo en casa de su madre en Coria del Río, muy alejado de los centros educativos de sus hijos, pagó 1.400 euros para poder ocupar la casa que ahora habita, “sin saber” que otro lanzamiento acechaba y de la que ya le intentaron desahuciar el pasado 12 de noviembre. El banco dueño del inmueble, con la intermediación del ayuntamiento, le dio para abandonarla un plazo de tres meses que ahora se cumplen. Dice que ha intentado alquilar un piso “de todas las maneras posibles” pero que las inmobiliarias no le dan opción y no le es posible contactar con los propietarios directamente. Sin una nómina le ha resultado imposible. A pocos días de su enésimo desahucio, no sabe qué hacer.

Aval, fianza, adelanto, contrato, nómina. Son las palabras que suele escuchar cuando se dispone a alquilar “cualquier cosa”. Asegura que ha buscado “en todos lados” pero que se topa con un mercado inmobiliario que no se lo permite. Dinero tiene para ir tirando. Incluso con “la remisa” (la renta mínima de inserción social de la Junta) dice que tiene “para comer y alquilar para seis o siete meses”. La mesa de su humilde salón está llena de cartas, de ayudas, de “echar cuentas”, de papeles que hablan de su lucha para salir adelante con sus niños. Víctima de violencia machista con su anterior pareja, una llamada de la Fundación Ana Bella le habla de una posibilidad laboral. Con la lavadora a pleno rendimiento y su perra Canela dando saltos, puede que sean sus últimos días en la casa en la que vive desde octubre.

“Todos los que conocen su situación se dan cuenta, pero nadie hace nada”, lamenta Pepa Peña, de la plataforma 15M de Mairena del Aljarafe. Ella y Carmen Serrano acompañan desde hace mucho tiempo a Mónica, que repasa el mobiliario que le han ido dando sus vecinas. La mesa, las sillas, las cortinas. “Antes los niños comían en esos escalones”, recuerda. Unos ratones recientes y unos visibles desconchones hacen ver que, aunque huela especialmente a limpio, no son las mejores condiciones de una casa pero que al menos le hacen disponer de un techo que quizás no tenga de aquí a unos días. “Me ha llamado una mujer y me ha dicho que me echan”, lamenta sin saber bien quién la había llamado, en estos días de desconcierto antes de la fecha límite a la que se había comprometido y con un juicio a la vista, el 21 de febrero, por estar ocupando ilegalmente su actual residencia.

El donativo de la Guardia Civil

Tras cuatro intentos anteriores, esta madre fue desahuciada el pasado 17 de junio de un piso del número 14 del barrio de Ciudad Aljarafe tras las acciones judiciales promovidas por de BuildingCenter, perteneciente a Caixabank, propietaria del inmueble y que no daba continuidad al alquiler social acordado entre ambas partes varios años atrás después de interponer una denuncia por impago. Ya entonces, mientras la comisión judicial y la Guardia Civil preparaban el desalojo, lamentaba ante los medios que no tenía otra opción que volver a ocupar un inmueble vacío al verse en la calle y con varios menores a su cargo. Una penúltima crisis de ansiedad y el foco se alejó de ella mientras sus apuros habitacionales no se solucionaban. “Lo siento mucho. Tenga estos 50 euros, es lo único que tengo encima. Esta situación no es justa con usted y sus hijos”, le dijo el agente que le acompañó durante las tres horas en las que estuvo retenida en su piso de Mairena mientras se negociaba el desalojo de aquel 17 de junio.

El Ayuntamiento de Mairena, que reconoce que no dispone de viviendas sociales, le ofreció un hostal de emergencia en aquellos días que Mónica rechazó. “No era una opción para una familia”, apunta Mónica. Fuentes municipales indican que ella llegó a participar en un plan de empleo y que los servicios de empleo trabajaron y siguen trabajando con ella para su incorporación a una empresa privada y que pueda afrontar un alquiler social. “Está pendiente de una cita en Empleo tras dos que no se pudieron celebrar”, añaden estas fuentes. Por otra parte, fuentes de Caixabank informan de que “aún no hay fecha de lanzamiento prevista” y que, mientras, “se están trabajando desde todas las partes para buscar solución”. “Yo firmé que me iba antes del 11 de febrero pero es que no sé dónde ir”, resume Mónica. “Aquí se están lavando las manos los dos ayuntamientos, el de San Juan y el de Mairena, porque ella vive en un sitio pero está empadronada en el otro”, resumen las integrantes de la plataforma, que señalan que, viviendo ya en San Juan, recibía comida del banco de alimentos de Mairena.

“La solución está en manos del ayuntamiento”

“La última cita de empleo con el Ayuntamiento de Mairena se anuló porque la técnico había contraído el Covid y Mónica continúa esperando que la llamen. Su CV está totalmente actualizado hace más de dos meses por el Orienta de Mairena y podrían continuar con la búsqueda activa, pero hasta ahora la única llamada ha llegado de la Fundación Ana Bella”, comenta Pepa Peña, que alude a que se trata principalmente de una cuestión de “voluntad”. “La solución está en manos del ayuntamiento, no en las manos privadas”, insiste.

“Me metí donde pude”, recuerda Mónica al recordar su tránsito tras el desahucio de junio del piso en el que vivía desde 1991, entonces con sus padres. “Es la pescadilla que se muerde la cola. Las viviendas están controladas por las inmobiliarias y es imposible llegar al propietario. Tienes dinero para alquilar pero no se te permite llegar a esa posibiidad”, indican Pepa y Carmen, que piden “que el Ayuntamiento de Mairena acompañe a Mónica” en este proceso, agradeciendo no obstante la labor de los trabajadores del mismo por “ayudarla” en diversos trámites. “Está obligado por ley a darle un recurso de habitabilidad, una alternativa”, añaden. “Es imposible encontrar vivienda”, denuncian.

Mónica recorre San Juan pero “la gente ya no pone carteles para poder llamar”, se queja. “No he encontrado. Quiero pagar, puedo pagar, pero de verdad que no hay nada para mí. Esto no es vida para mis hijos, que son lo primero, ni para mí”, insiste. En las inmobiliarias de Mairena y San Juan la conocen bien, aseguran desde a plataforma. “Le tengo agobiaíto”, dice Mónica refieriéndose al empleado de una de las agencias. “No sé dónde meterme”, resume.