La Fiscalía investiga al líder de Adelante Andalucía por acusar a la Policía de perseguir a Mamouth “hasta la muerte”

La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación por las posibles injurias que haya podido cometer el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, al haber cargado contra la actuación de la Policía Local de Sevilla antes de la muerte de Mamouth Bakhoum, un vendedor ambulante senegalés que acabó ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre tras ser perseguido por los agentes.

La denuncia, que fue interpuesta el 15 de enero por la Sección Sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla y por el Sindicato de Policía Local de Sevilla, recogía tres enlaces correspondientes a X, Instagram y Facebook con los vídeos de declaraciones de García y en las que manifestaba: “34 camisetas era lo que tenía Mamouth para que lo persiguiera la Policía Local hasta la muerte. Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es ”un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar“. ”¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas?. ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir?. Queremos ver el video de cómo entró al agua“.

El decreto firmado el pasado miércoles por el teniente fiscal de la Fiscalía de Andalucía José Rogelio Muñoz, cuyo contenido ha avanzado el grupo Joly, explica que el 16 de enero el fiscal jefe de Sevilla se inhibió del caso al ser aforado el denunciado pero, al remitir la denuncia, ya dijo que los hechos podrían revestir caracteres de delio de injurias del artículo 504.2 del Código Penal que establece que “los que injuriaren o menazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, serán castigados con la pena de multa de doce a dieciocho meses”.

Los denunciantes consideran que los comentarios del portavoz difaman a la Policía Local en su conjunto, solicitan que se abran diligencias, como acepta la Fiscalía, y piden se depuren las responsabilidades que hayan podido cometer. La Fiscalía Superior acuerda llevar a cabo varias diligencias de investigación, principalmente librar un oficio al Inspector Jefe de la Unidad de Policía Judicial de la Fiscalía para que, a través de los enlaces mencionados en la denuncia, identifique el contenido de los mismos, los grabe en un cd de forma independiente y se aporten al informe.

También le pide “que se aporten los videos de la persecución policial y del rescate del fallecido, si los hubiere, se aporte atestado policial sobre los hechos investigados y resolución judicial sobre el fallecimiento, nombre e identidad de la persona fallecida, actividad que realizaba el día de los hechos, lugar donde ocurrieron, agentes de policía que intervinieron en los mismos, como se llevó a cabo la persecución policial rescate de la persona fallecida (...) y cualquiera otros datos de interés necesarios para el esclarecimiento de los hechos”.

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo (Podemos), también había sido objeto de las críticas por parte el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) por alguna declaración suya en un sentido similar pero asegura ahora a este periódico que no tiene constancia de denuncia alguna en su contra. El Consejo de Círculos de Podemos Sevilla trasladó en su momento su total apoyo a la portavoz de la formación, considerando que la amenaza del sindicato policial estaba “fuera de lugar” y sólo buscaba “amedrentar a políticos valientes que trabajan por una sociedad democrática, justa y transparente”. Por ello, reiteró “la necesidad de abrir una investigación municipal”, como reclamó Hornillo en el pleno municipal, a lo que el alcale se negó.

Es de recordar que decenas de compatriotas y sevillanos se manifestaron el pasado 1 de febrero para exigir la reapertura de la investigación judicial, archivada provisionalmente justo una semana después de que el juzgado accediera al atestado policial que incorporaba información sobre imágenes de cámaras de la zona.