Diez jóvenes en el banquillo de los acusados por bloquear una manifestación ligada a la ultraderecha
El sábado 26 de octubre de 2013 tuvo lugar en Sevilla una manifestación del sindicato de estudiantes Respuesta Estudiantil, ligado a grupos de extrema derecha. La manifestación recorrió el centro de la ciudad y, con personas llegadas de varios puntos del país, corearon consignas contra la inmigración, incendiaron varias bengalas y ostentaron simbología fascista a lo largo del recorrido. Este lunes 8 de mayo serán juzgados diez jóvenes que, según la Fiscalía, intentaron “boicotear” dicha marcha ultraderechista.
Los activistas ahora acusados, citados a través de las redes sociales, salieron a la calle como réplica a la manifestación de Respuesta Estudiantil, que había elegido Sevilla para manifestarse a nivel estatal en contra de los recortes en educación. Un miembro de la Coordinadora Antifascista, que había convocado la concentración “para que no puedan propagar su mensaje de odio al diferente, para defendernos conjuntamente de sus agresiones”, fue detenido durante aquella misma jornada. El resto de detenciones se produjo pasadas varias semanas.
Respuesta Estudiantil había sido expulsada en dos ocasiones de las manifestaciones que en los últimos años se han realizado en defensa de la sanidad pública y contra la LOMCE (primero en mayo de 2102 y después en mayo de 2013).
A nueve de los acusados la Fiscalía de Sevilla les atribuye un delito de desórdenes públicos y les pide 720 euros de multa. A uno de ellos se le imputa también un delito de atentado y una falta de lesiones, pidiéndole un año y medio de cárcel y 360 euros. Aquel 26 de octubre fue detenida una persona mientras que días después otras nueve fueron arrestadas en sus domicilios. Abogados del colectivo de juristas 17 de marzo reclamaron entonces la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Sevilla, Felisa Panadero, ya que los detenidos con posterioridad “deberían haber sido citados por la propia Policía o bien por el juzgado mediante el conducto ordinario para la toma de declaración en calidad de imputados”.
“Apología” del racismo
Fueron “detenciones innecesarias y ejemplarizantes” y “un exceso punitivo por parte del Gobierno y macroprocesos judiciales para criminalizar la protesta”, apunta la abogada Pastora Filigrana, de Jarsia Abogados. “Impunidad para las cargas policiales, para los manifestantes de extrema derecha que públicamente hicieron apología del racismo, y para la Delegación del Gobierno que no supo garantizar la pacífica convivencia ciudadana autorizando un recorrido céntrico para estos violentos manifestantes de extrema derecha”, apunta ante la celebración del juicio.
Según la Fiscalía, los acusados tuvieron “la finalidad de boicotear” la marcha de Respuesta Estudiantil y “tratar de impedir el normal desarrollo de la manifestación autorizada”, planificando “una contramanifestación el mismo día por igual zona y sin autorización” de la Subdelegación. A tal efecto se estableció un dispositivo policial para “evitar altercados”, según el relato del fiscal, pese a lo cual se produjeron notables incidentes en el centro de la ciudad donde los agentes “se emplearan con contundencia para evitar el encuentro” entre ambas partes.
Relata el fiscal que los acusados respondieron a los agentes con el lanzamiento de todo tipo de objetos, y uno de ellos incluso lanzó una piedra a uno de los policías, por lo que fue detenido, no sin que el imputado “se resistiera intensamente”, llegando a acometer contra uno de los policías, que sufrió policontusiones.
“Persistiendo en su propósito y con la finalidad de que la manifestación no terminara su recorrido”, el grupo contrario procedió a formar una cadena humana en mitad de la avenida de la Constitución“, dice la Fiscalía, que añade que entre las personas ”que formaban parte de la primera línea de bloqueo“ se encontraban hasta ocho de los imputados al grito de 'no pasarán, nazis, no, Sevilla será la tumba del fascismo' y otras proclamas similares”.
Huidas y persecuciones
La situación desencadenó en una carga policial “para garantizar la dispersión, produciéndose huidas y persecuciones por las calles contiguas”, según pone de manifiesto el fiscal, que asevera que, “lejos de deponer su comportamiento, la contramanifestación se reagrupó, volviendo a intentar alcanzar a 'Respuesta estudiantil', quienes con gran dificultad finalizaron su recorrido necesitando de constante protección por un ingente número de policías que les servían de parapeto frente a los lanzamientos de objetos”.
Según el Ministerio Público, “fue tal la tensión generada por estos hechos que los comerciantes de la zona cerraron sus negocios a medida que avanzaba la concentración”, no obstante “no se pudieron evitar la rotura de escaparates y desperfectos en el mobiliario de los veladores de los bares aledaños”. La entonces subdelegada, Felisa Panadero, recibió posteriormente fuertes críticas de la asociación de comerciantes del centro (Aprocom), por el clima de tensión que la autorización de la manifestación supuso para la ciudad un sábado por la tarde.
“Estos hechos no son aislados, la historia se repite. En la ciudad de Cádiz, el 24 de septiembre de 2016 fueron detenidas en su domicilio ocho personas, sin antecedentes penales, acusadas de participar en una protesta contra el acto de apología fascista enmarcado en la presentación de un libro sobre Primo de Rivera. Asistimos de nuevo a un acto de criminalización desmedida frente al legítimo ejercicio del derecho fundamental a la protesta contra el fascismo”, apunta la abogada Pastora Filigrana.
