“No estamos protegidos”: estudiantes de la Universidad de Sevilla reclaman el protocolo de atención a las personas trans

“No estamos protegidos. Debería haber un protocolo que todos los profesores conociesen y que supieran que existen ese tipo de personas y que tuvieran más cuidado”. El testimonio es el de un universitario sevillano transexual que lamenta haber pasado un mal trago el curso pasado cuando vio su antiguo nombre en el listado de clase pese a que meses atrás ya lo tenía cambiado formalmente en el Registro Civil. El protocolo que reclama lo tienen firmado todas las universidades públicas salvo la Hispalense pese a la propuesta enviada por la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) en julio de 2017. “Existe un mecanismo amparado en el Plan de Igualdad, y cualquier alumno que solicite se le dará respuesta”, argumentan desde la Universidad de Sevilla.

No ha sido el único caso en los últimos años, a tenor de lo que comentan a este periódico tanto el alumno afectado como la presidenta de ATA, Mar Cambrollé, quien explica que el protocolo es una herramienta “sencilla” que “simplemente acerca al alumnado y al personal administrativo” a lo que ya se contempla en la ley trans andaluza de 2014, esto es, “que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada” para “favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación”. La Universidad de Málaga fue pionera en ese sentido al aprobar el protocolo en junio de 2017, al que de esta forma se accede vía web y que se apoya en una versión ilustrada:

Unos días después de aquella aprobación, ATA dirigió el 5 de julio de 2017 una carta a las unidades de igualdad del resto de universidades públicas de Andalucía para que aprobaran protocolos que garantizaran en el ámbito universitario la implementación de la ley trans andaluza, con un borrador propuesto que fueron adoptando progresivamente la UGR, la UCA, la UPO, etc., recuerda Cambrollé.

La “identificación anterior”

Este chico transexual, que prefiere mantenerse en el anonimato, ya conocía a través de ATA que, pese a que el nombre sin cambio registral no se podía modificar en los listados oficiales, en las listas públicas a nivel interno sí se podía utilizar su nuevo nombre tras haber iniciado un par de años antes su proceso de cambio. “Sabiendo eso, pedí una cita con el decano de mi Facultad antes del inicio de mi etapa en la universidad, pero me dijo que no se podía modificar eso”, recuerda en conversación con SevillaelDiario.es. “Tienen que pedir cambio de nombre en Igualdad o en Estudiantes, ese es el mecanismo que hay”, apuntan fuentes de la Universidad, que informan de que uno de los puntos del eje de 'sensibilidad' de su vigente Plan de Igualdad incluye lo siguiente: “Proponer, debatir y aprobar, si procede, un Protocolo para el cambio de nombre en personas trans”.

Desde la asociación ATA le indicaron al chico trans que hablarían con la Unidad de Igualdad de la US porque eso no podía quedar así, ya que la ley trans lo permitía. De acuerdo a ley trans andaluza, en su artículo 9 dedicado a la 'documentación administrativa', la norma especifica que “se habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para adaptar los archivos, bases de datos y demás ficheros de las administraciones”, entre ellas el sistema universitario andaluz, “eliminando toda referencia a la identificación anterior de la persona”.

La intimidad de la persona

“Se intentó mover aquello pero no se pudo en ese año. Yo no era el único que estaba pasando por eso pero no se modificaban los nombres en los listados internos”, recuerda el denunciante. Al curso siguiente, ya con el cambio del registro civil en mano, pidió modificar su nombre en la matrícula oficial porque manualmente no podía desde su casa.

Finalmente su nombre fue modificado en el ámbito universitario en que se movía con sus compañeros, “pero el primer día en clase apareció mi nombre antiguo, supongo que por un error”. “Eso me hizo sentir mal, porque no quería volver a pasar por tener que hablar con todos los profesores. Al final te estás exponiendo a personas que no conoces y creo que en ese contexto no estamos protegidos. Son datos personales que otras personas no tienen por qué saber y que los profesores tendrían que saberlo antes de las clases”, señala este alumno.

Cambrollé considera que la ley trans andaluza es “suficientemente clara pero los protocolos sirven para acercar de manera concreta” el tema de la identidad al ámbito universitario y que “facilita el proceso administrativo para adecuar el nombre al sexo social con independencia de lo que ponga el DNI”. Se producen situaciones “violentas” porque “atacan a la intimidad”, comenta la presidenta de ATA en la línea de lo manifestado por el chico trans, indicando en todo caso que la Universidad de Sevilla “siempre” se ha mostrado “sensible y colaboradora” en estos casos a través de la Unidad de Igualdad.

Según apunta, en todo caso, le consta que la Hispalense ha recibido muchas quejas de alumnos y alumnas que en su Facultad no le han facilitado esa gestión “y ha tenido que intervenir la Unidad de Igualdad para arreglarlo”. A su juicio, “el protocolo serviría de marco y evitaría el farragoso y contradictorio procedimiento de negárselo a un alumnado para después para que al final la Unidad de Igualdad lo haga”. Cambrollé recuerda que ya en 2015 se firmó para los colegios el 'Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz', instando a que la Hispalense hago lo mismo con ese protocolo al igual que hicieron el resto de universidades públicas andaluzas.