En busca de marihuana: la Junta supervisa los contadores de las viviendas sociales del Polígono Sur con excesiva potencia instalada

¿Qué viviendas sociales efectivamente están siendo utilizadas para el fin que tienen? El parque público de viviendas del Polígono Sur es enorme. en total, 1.982 hogares en Martínez Montañés y Las Letanías. Las gestiona la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) que, como el resto de las partes implicadas que trabajan en esta zona de Sevilla, ha advertido la proliferación de las plantaciones de marihuana, que recientemente ha provocado que hasta la Policía Nacional cree un grupo especializado contra el tráfico de esa sustancia. Una de las consecuencias de dichas plantaciones, al margen de las de salud pública y otras, es que deja sin suministro a muchos vecinos por la cantidad de potencia eléctrica que requieren la luz que ilumina las cosechas a todas las horas del día. Con ese conocimiento y a fin de recuperar viviendas sociales que no se estén usando adecuadamente, en ese u otro sentido, los “verificadores” de AVRA están supervisando las centralizaciones de contadores de todos los edificios de arrendamiento con una potencia instalada de más de 100kW.

Según fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, desde 2019 se han iniciado 29 expedientes para la recuperación de viviendas que corresponden a hogares ocupados principalmente por familias que no han respetado los cauces reglamentarios y, en algunos casos, a usos indebidos detectados tras intervenciones policiales en el barrio. La mencionada supervisión de los conjuntos de contadores, realizada con la colaboración y acompañamiento de agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, afecta a un total de 30 edificios y finalizaba esta semana. Tras la supervisión por parte de los técnicos, añaden las fuentes de la Junta, se emitirá informe con el resultado de esa supervisión y, en base a ello, AVRA adoptará las medidas oportunas.

La potencia de 100kW engloba la suma de la potencia de todos los vecinos de un bloque. “La idea es que se normalicen los suministros para que estén bajo el reglamento electrotécnico de baja tensión”, apuntan en ese sentido fuentes de Endesa. Si se detectaran enganches ilegales “se procedería al corte”, añaden las fuentes. El pasado 28 de enero, un centenar de vecinos se manifestó contra las repetidas interrupciones en el suministro energético pese al nuevo transformador incorporado recientemente por el grupo Endesa para duplicar la potencia instalada en las barriadas de Murillo y La Oliva.

Domicilio inviolable

Los trabajos de verificación en la zona de los contadores eléctricos tienen como objetivo observar si existen “indicios” de que se está utilizando para fines que no sean domésticos como las citadas plantaciones y también por los “destrozos o desperfectos” que pueda haber, para ver si están en buenas condiciones. Según añaden las fuentes de la Consejería, AVRA dispone de una red de verificadores que realizan periódicamente visitas a las viviendas y en el caso de encontrar indicios de que la vivienda no se usa como domicilio habitual y permanente, o de que se pueda estar haciendo un uso inadecuado, ilegal o incluso presuntamente delictivo de la misma, se inicia el correspondiente procedimiento jurídico para recuperar la posesión, o bien la interposición de denuncia policial. Se actúa de igual forma cuando alguien en la Agencia tiene conocimiento de usos indebidos de viviendas de AVRA, bien por denuncias ciudadanas o a través de los cuerpos de seguridad, detallan las fuentes de la Junta.

En cualquier caso, la Consejería reconoce que aproximadamente el 30% de las viviendas a las que acuden los verificadores no llegan a ser controladas porque quienes residen en ellas no abren al recibir la llamada del “verificador”, pese a que en estos casos se repiten las visitas en distintos días y en diferentes franjas horarias. “Los datos de ocupación de ese 30% de viviendas son desconocidos por AVRA”, reconoce la administración andaluza.

Las viviendas públicas en alquiler que gestiona AVRA están destinadas por ley a servir como domicilio habitual y permanente de la unidad familiar adjudicataria. El domicilio es inviolable, de tal manera que AVRA, insiste la Junta, no puede entrar en la vivienda sin el consentimiento de su adjudicatario, o incluso del ocupante, o sin una orden judicial. Esta cuestión se mantiene incluso en ejecución de resoluciones administrativas de desalojo firmes que no son ejecutadas de forma voluntaria por sus adjudicatarios u ocupantes.

El trabajo en el Polígono Sur ser realiza bajo la premisa de la coordinación interadministrativa, con reuniones trimestrales del Comisionado de la Mesa contra los Delitos de Salud Pública. La última reunión de este órgano se celebró el pasado 29 de enero, presidida por el Comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, y con participación de Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Policía Autonómica, la Policía Local, Endesa, Emasesa, el Distrito y la propia AVRA.