32.000 grandes dependientes se quedan sin entrar en el grupo prioritario de vacunas por estar esperando la valoración

Unas 32.000 personas en España que son grandes dependientes y no están institucionalizadas no recibirán la vacuna frente a la COVID-19 en esta primera fase porque están en lista de espera para ser valoradas. Es una estimación que ha hecho la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, extrayendo las proporciones de las listas de espera y cómo luego se adjudican los grados I, II y III (de menos a más leve).

Si se le suman los ya reconocidos con el grado III son en total 313.000 grandes dependientes no institucionalizados, todos deberían entrar en el grupo 4 del Ministerio de Sanidad. En total hay 376.559 grandes dependientes en España reconocidos, con datos del Ministerio de Derechos Sociales, pero la diferencia se debe a que una parte de ellos ya está en residencias y por tanto han sido ya vacunados en calidad de usuarios de residencias. La inmensa mayoría de los no valorados están en su casa y no en geriátricos, difíciles de pagar sin prestación, aclaran desde la Asociación; “no localizados” para la administración sin todo el proceso burocrático completado. El reconocimiento del grado lleva aparejada una prestación económica, aunque para recibirla también hay lista de espera.

La primera parte de la vacunación, en curso desde finales de diciembre y que se prevé acabar a principios de marzo, comprende a sanitarios y sociosanitarios, usuarios de residencias y grandes dependientes. El operativo con estos últimos comienza ahora, tras acabar en los geriátricos, en casi todas las comunidades. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que es referente en el sector, hace una segunda denuncia: hay en España 134.000 cuidadoras –son en su mayoría mujeres– de grandes dependientes que no son profesionales y que por ese motivo se quedan fuera de estos grupos prioritarios. El plan del Ministerio de Sanidad, elaborado con técnicos de las comunidades y expertos externos, especifica que en este periodo se vacunará al personal sociosanitario de residencias y a los que “realizan un trabajo proporcionando cuidados estrechos a personas de poblaciones de riesgo en sus hogares” como parte del grupo 3 –los grandes dependientes son el grupo 4–. “En este grupo no se incluyen los cuidadores no profesionales (familiares, convivientes…)”, concreta el texto. Eso a pesar de que el plan detalla que a los cuidadores profesionales sí se les podrá vacunar a la vez que a las personas que cuidan, aunque no les toque exactamente en ese momento, por temas logísticos.

Las comunidades podrían tener sus propios planes para salvar este escollo sobre las personas en lista de espera, pero queda en manos de las estrategias que siga cada una. “Se las deja al albur de que un médico o médica acredite enfermedades que requieran apoyos para la vida diaria, como si el personal de medicina estuviese especializado en valoración de la dependencia, además de darles una nueva actividad que sobrecargue aún más su trabajo y sature, más si cabe, los servicios sanitarios en plena pandemia”, critican en la Asociación. No se ha incluido en esta parte de enero a marzo además a los dependientes 'severos', de grado II. Son medio millón en España y “su vulnerabilidad es manifiesta”.

La comunidad que peor proporción tiene es Canarias: 4.818 personas esperan y solo 11.597 están valoradas (institucionalizadas o no). Le siguen la Comunidad Valenciana y Murcia. En España hay ahora mismo 1.356.473 personas con resolución de dependencia, y unas 145.000 a la espera de valoración –de las cuales previsiblemente 32.000 les corresponderá el grado III, aunque el proceso se suele alargar meses y muchas mueren antes de obtenerlo–.

Sobre las cuidadoras no profesionales, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación, lamenta cómo “primero se las excluyó de la Seguridad Social, ahora de la vacunación. Son ellas las que han estado todo el tiempo, no tuvieron otro remedio y se confinaron con las personas que cuidan”. Además, eso pone en peligro también a las personas que siguen cuidando, recuerda, por si no le fuera eficaz la inyección –no lo es en el 5% de los casos, con la de Pfizer, la más usada ahora en España–. En su opinión también, “tenemos un grave problema en que Sanidad va a tal ritmo y está tan tensionada que no escucha a los especialistas en dependencia o servicios sociales. Las reuniones son con sanitarios y expertos en vacunación, pero no con expertos en derechos sociales, ni siquiera con el Ministerio de Derechos Sociales”. En el grupo de expertos que elaboró el plan de vacunación, en constante revisión, participan, además de técnicos de Sanidad y de las comunidades, expertos en vacunología, enfermería, salud laboral, bioética y opinión pública, pero no en dependencia.