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El COVID-19 en la cárcel La Modelo de Nicaragua sería “desastroso”, afirma un exfuncionario

Una clínica móvil con la imagen del presidente de Nicaragua Daniel Ortega (d) y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo (i), fue registrada el pasado lunes en una avenida de Managua (Nicaragua).

EFE

Managua —

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La presencia del COVID-19 podría tener un efecto “desastroso” en la cárcel “La Modelo”, la mayor de Nicaragua, ya que tres cuartos de la población carcelaria estaría en riesgo de muerte, informó este miércoles el exdirector de Servicios Médicos de Máxima Seguridad, Freddy Blandón.

Esto supone que más de 5.000 reos estarían en alto riesgo si el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19, se cuela en “La Modelo”, de acuerdo con los cálculos del exfuncionario.

“El efecto sería desastroso, eliminaría a unas tres cuartas partes de la población carcelaria, porque están con un sistema inmunológico vulnerable, el hacinamiento, las condiciones del agua, la contaminación, más todas las acciones coercitivas, y en el caso de los presos políticos, la tortura, el maltrato verbal, el hacinamiento”, dijo a Efe Blandón, especialista en medicina familiar.

Según el doctor en medicina, quien trabajó en “La Modelo” entre 2016 y 2017, la vulnerabilidad de los reos se debe a las condiciones de cualquier cárcel de Latinoamérica, y es agravada por las particularidades de Nicaragua.

Entre dichas condiciones está la falta de inventario médico, y el hacinamiento, ya que hasta 40 convictos son acomodados en calabozos diseñados para 15 personas.

CONDICIONES Y DECISIONES

“Ahí ellos duermen sentados, unos al lado de otro, en el piso, el agua llega una hora en la mañana y una hora en la tarde, sale con sarro, los presos la cuelan con un pañuelo y de esa manera la toman, evitan las partículas que pueden ver, pero no las bacterias, los parásitos, ni sedimentos”, relató Blandón.

En el caso de las cárceles de máxima seguridad, donde caben dos reos, si bien no hay hacinamiento, ellos deben convivir en un espacio de 1,50 por 1,25 metros, con alta humedad y calor extremo, ya que las pequeñas ventanillas fueron diseñadas para que el aire no circule.

A eso se le suma, según el exfuncionario, que si un convicto necesita atención médica, la administración del Sistema Penitenciario Nacional debe “consultarlo al Ministerio de Gobernación, el viceministro Luis Cañas, para que después consulte con Presidencia, para saber si le da una pastilla para el dolor”.

De acuerdo con Blandón, en el mejor de los casos, una situación de emergencia en salud es atendida 45 minutos después, y la situación de los más de 60 “presos políticos” es más compleja, ya que algunos como Marvin Vargas (considerado preso político y antiguo militar sandinista) no siempre son atendidos, pues “frente a su celda tienen una raya amarilla, a un metro, para que ni un miembro del sistema penitenciario se acerque sin autorización”.

Por esta razón un grupo de 58 organismos defensores de los derechos humanos, ONG´s, movimientos políticos opositores, entidades científicas, entre otros, exigieron este mismo miércoles al Gobierno del presidente Daniel Ortega la libertad de los “presos políticos”, especialmente 22 con enfermedades crónicas, bajo la premisa de que jamás debieron ser capturados.

“VULNERABILIDAD EXTREMA”

Según las organizaciones, el Gobierno debe asumir “responsabilidad en la realidad de emergencia internacional” y reconocer “la vulnerabilidad extrema y riesgos de muerte en que están los prisioneros políticos y por causas sociales”.

Los movimientos demandaron el cumplimiento de las “Reglas Nelson Mandela” para el tratamiento de los reclusos, principios de ética médica, medidas que prevengan el coronavirus, y el régimen de convivencia familiar para presos en riesgo.

También pidieron información sobre un posible protocolo de actuación, que no haya hacinamiento, productos de limpieza y aseo personal para los convictos, el control del estado de salud del personal, y adecuar las instalaciones para atender casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2.

La escasa y confusa información sobre el COVID-19, así como la falta de medidas de prevención social y promoción de eventos multitudinarios que realiza el Gobierno de Nicaragua, ha sido objeto de preocupación a nivel nacional e internacional. El país centroamericano apenas reconoce nueve infecciones y un solo fallecido por el patógeno.

Las preocupaciones han sido expresadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), ha calificado de “temeraria” la respuesta de Ortega al COVID-19.

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