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El Defensor envía 2.175 propuestas de mejora a las administraciones en 2017

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Ramiro González cree que es una "buena noticia" para Euskadi que Mercedes no vaya a cambiar su tributación

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El Defensor del Pueblo ha enviado a las administraciones 2.175 resoluciones en 2017, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos.

Según explica la institución, el Defensor tramitó más de 24.750 quejas de los ciudadanos y superó las 750 actuaciones de oficio; en total se gestionaron más de 25.550 expedientes.

Entre el balance que hace la institución, presidida actualmente en funciones por Francisco Fernández Marugán tras concluir Soledad Becerril su mandato, está el informe realizado sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en centros de privación de libertad, y dos estudios monográficos sobre protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica y sobre la situación de las personas celíacas.

La institución ha mostrado su preocupación este año por el elevado precio de la electricidad en España, ya que recuerda que es un bien esencial para la vida y condición indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna.

Por ello, mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro; y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.

La nueva regulación del bono social eléctrico aprobada este año por el Gobierno recoge varias de las recomendaciones formuladas por la Institución que, en el estudio Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, abogó por proteger especialmente los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

En línea con su preocupación por proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad, el Defensor inició en 2017 una actuación de oficio con todas las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.

La institución ha recomendado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, conocida como Ley del Medicamento, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.

También considera necesario eximir del copago a las personas con discapacidad con grado reconocido y a las personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo, a determinar en función de los indicadores de riesgo de pobreza, explica en su balance.

Además, el Defensor cree insuficientes los actuales tramos de renta (de 0 a 18.000, de 18.001 a 100.000 y de más de 100.000 euros) y por ello pide que se fijen nuevos tramos y porcentajes de copago que se correspondan mejor con los principios constitucionales de progresividad y equidad.

El Defensor ha recomendado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro proyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.

Otra de las preocupaciones expresadas por el defensor es la contaminación atmosférica, que afecta a varias localidades que han superado los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En materia de extranjería, Fernández Marugán ha reclamado mejoras en el sistema de primera acogida de inmigrantes y ha pedido infraestructuras adecuadas, con personal y recursos, para atender de manera eficaz las llegadas de personas en situación irregular.

Igualmente ha formulado recomendaciones para mejorar la asistencia social, jurídica y cultural que se presta en los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

La institución siguió trabajando este año para defender los derechos de los alumnos con discapacidad, como la recomendación a la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades para que se establezca la obligación de reservar un porcentaje mínimo de plazas de máster y doctorado para los estudiantes con discapacidad.

El Defensor del Pueblo ha propuesto que se apruebe una normativa fiscal que defina claramente los requisitos de alquiler para uso turístico cuando se realiza por particulares que no ejercen una actividad empresarial o profesional.

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