Dimite el delegado de fundaciones del Arzobispado de Madrid tras la venta opaca de varios edificios de la Iglesia
El delegado de fundaciones del Arzobispado de Madrid, David López Royo, ha presentado su dimisión, adelantada por Religión Confidencial y confirmada por eldiario.es, tras la venta de 14 inmuebles propiedad de una fundación vinculada a la Iglesia –Santa Marca y San Ramón y San Antonio (Fusara)– a una red de sociedades. Los inmuebles eran donaciones de dos familias adineradas y terminaron en el centro de una operación inmobiliaria opaca que amenaza con dejar sin casa a 180 familias.
Fuentes del organismo desvinculan la dimisión de la venta de los edificios, situados en el centro de la capital, y aluden a que “a finales del curso pasado ya adelantó su intención de renunciar. ”La carta fue presentada a principios de este mes y el 15 de octubre se hizo efectivo“, explican las mismas fuentes, que esgrimen como motivo ”una dedicación plena a sus tareas laborales“. Aunque aseguran que Fusara se trata de ”una fundación de carácter civil“, el Patronato está presidido por Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, que tenía delegadas sus funciones en López Royo.
La venta se produjo el pasado 30 de julio, pero el 18 de octubre el Registro de la Propiedad suspendió la inscripción de compra de cinco de ellos al encontrar irregularidades. Entre ellas, que no hay constancia de que la operación se comunicara al Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, el órgano encargado del control de estas entidades.
La fundación, además, no “inscribió a todos los miembros de su Patronato” porque varios de ellos –la entonces alcaldesa de Madrid y la delegada del Gobierno– no asistieron a la reunión en la que se aprobó la operación. Los actores que han participado en la compraventa tienen 60 días para subsanar las irregularidades, según la Ley Hipotecaria.
Todos los inmuebles están ocupados por vecinos y vecinas que tienen contratos de alquiler con Fusara. Los nuevos propietarios solo se han comprometido a mantener los acuerdos mientras estén vigentes y ya hay vecinos con una comunicación oficial e “irrevocable” para abandonar la vivienda porque sus contratos cumplen el mes que viene. En los edificios hay personas de 70, 80 y 90 años con rentas antiguas.
