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Evitar una mala muerte depende de dónde vivas y de qué médico te atienda

Las normas autonómicas no hacen más que insistir en los derechos reconocidos por la ley de Autonomía del Paciente, de 2002

Morir dignamente puede resultar complicado en Euskadi.

Que en España se muere mal es una de las realidades que más repetía el doctor Luis Montes, fallecido el jueves pasado. Lo había vivido en su etapa como anestesista en el hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) y, ya jubilado, seguía escuchando y apoyando a las familias que acudían a él como presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD). Ni siquiera hace falta hablar de la lucha por la eutanasia, de casos tan flagrantes como el de Ramón Sampedro, para mostrar lo doloroso que es morir en España. Inmaculada Echevarría, Madeleine Z., o la niña Andrea, son ejemplos mediáticos de cómo, en demasiadas ocasiones, no se respetan los derechos que sobre el papel ya se le reconocen al paciente.

El caso más reciente es el de Marcela Padrón, en Canarias. Enferma de un linfoma que le había causado múltiples complicaciones, murió el pasado marzo tras días de intensa agonía. Sus hijos denunciaron ensañamiento terapéutico, haciendo caso omiso a su voluntad. "Durante cuatro días mi madre estuvo amarrada a la cama sin sedantes ni calmantes", explicaba su hijo, Aridani González, a Canarias Ahora. Según describió, estuvo consciente hasta el final. La mujer había dejado por escrito en su testamento vital (conocido en Canarias como Manifestación Anticipada de Voluntades) que no quería que se prolongara su vida de forma artificial y que se le proporcionaran los tratamientos para aliviar sus intensos dolores, aunque ello supusiera acortar su expectativa de vida (la conocida como sedación paliativa, reconocida como buena praxis por la Organización Médica Colegial).

Los vaivenes de los médicos y su negativa a afrontar que su situación no iba a dar un milagroso giro de 180 grados llevó a Marcela a una muerte horrible. Justo lo que ella, precisamente responsable del registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntades de Las Palmas durante una década, quería evitar. Los casos no son aislados. Periódicamente, la asociación DMD recibe consultas y quejas de personas que han vivido el sufrimiento innecesario de algún familiar sin necesidad. Ancianos con la vida muy deteriorada a los que se mantiene gracias a la alimentación artificial, pese a la negativa de sus familiares; enfermos terminales condenados a seguir conectados a una máquina...

Leyes autonómicas “insuficientes”

Como denuncia el presidente de DMD Madrid, Fernando Marín, morir bien o mal, sigue dependiendo de dónde se viva y del médico que te toque. “Es una situación injusta e injustificable, que entendemos contraria a la ley y que debería alarmar a los responsables”, insiste. Desde el año 2002, cuando entró en vigor la Ley de Autonomía del Paciente, las personas tenemos derecho a rechazar los tratamientos y actuaciones médicas. Además, permite que, cuando suframos una enfermedad incurable que nos vaya a conducir a la muerte, podamos expresar nuestra voluntad por escrito, permitiendo que esta prime cuando ya seamos incapaces de comunicarnos. Este documento recibe el nombre de testamento vital y su desarrollo y registro es autonómico. Las diferencias entre unas comunidades y otras son básicamente burocráticas.

En el caso de Canarias, una ley de 2015 reforzó el valor de este documento. A Marcela le sirvió de poco. Los médicos que la atendieron hicieron caso omiso, según ha denunciado su familia. Como Canarias, en los últimos años, varias autonomías han desarrollado leyes que, con distintos nombres, regulan la muerte digna: Andalucía, Navarra, Aragón, Madrid, Baleares, Galicia, Euskadi y la Comunidad Valenciana. Aunque la situación ha mejorado en estos territorios, no han impedido que demasiados pacientes y sus familias sigan denunciando un incumplimiento de sus derechos, incluso allí. “Ninguna comunidad ha desarrollado la ley de forma efectiva tras su aprobación. Son necesarias medidas, empezando por la visibilización del testamento vital y de los derechos del paciente, que no se han llevado a cabo”, denuncia Marín, médico de profesión. “Ante la falta de compromiso y sensibilidad, la única opción para mejorar la calidad de la muerte es regular la eutanasia”, defiende. “No solo se respetará a quienes no quieran llegar hasta el final de sus días, sino que hará que el sistema en general mejore”, justifica, poniendo como ejemplo los cuidados paliativos o el respeto a las voluntades anticipadas.

Más allá de su desarrollo, desde el punto de vista legal, las leyes autonómicas no van más allá de la regulación estatal. Así, estas normas insisten y pretenden facilitar el cumplimiento de derechos ya reconocidos desde hace 16 años.

La amenaza del Código Penal

¿Pero si existen leyes, por qué, es el médico quien tiene la última palabra? “El problema es que no se ha afrontado una modificación del Código Penal, por tanto siempre hay una amenaza detrás”, explica Juan Carlos Carbonell, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Los médicos temen que se les denuncie por aplicar eutanasias, aún cuando actúen dentro de la legalidad, retirando tratamientos o con sedaciones paliativas, como le ocurrió a Montes con el Caso Leganés.

Por ello, Carbonell aboga por la derogación del artículo 143.4 del Código Penal. El catedrático es uno del centenar de juristas que apoyan el manifiesto Juristas por la disponibilidad de la vida. “Castigar con penas privativas de libertad a quienes presten una ayuda benefactora solicitada libre, seria y reiteradamente por una persona que se encuentra en la lamentable situación que describe el artículo 143.4 del vigente Código Penal, so pretexto de la protección jurídica de un supuesto bien –una vida desprovista de dignidad que rechaza su titular–, constituye una crueldad añadida al obligarle a vivir contra su voluntad, o abocarle a una muerte trágica y violenta, cosas ambas incompatibles con el sistema de valores que incorpora nuestra Constitución”, destaca el texto, también defendido por nombres conocidos como el ex fiscal José María Mena.

Necesidad de una ley orgánica

Además de la despenalización de la eutanasia, Carbonell reclama una ley orgánica, que iguale los derechos en todo el territorio. La regulación estatal de ese concepto tan subjetivo como es la muerte digna se pone sobre la mesa en cada legislatura. En la presente, una de las iniciativas más ambiciosas ha sido la presentada en enero de 2017 por el grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. La proposición de ley regulaba la eutanasia y el suicidio asistido. Fue rechazada en el Congreso, con la abstención del PSOE y Ciudadanos.

Actualmente, el Congreso tramita la proposición de ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, presentada por Ciudadanos. Se trata de una propuesta muy distinta de la anterior. En su esencia, ahonda en la mejora de los cuidados paliativos. El PSOE criticó en su toma de consideración, en marzo del año pasado, que no aporta nada nuevo a las leyes autonómicas ya aprobadas. Podemos, que ya había intentado ir mucho más allá, la consideró insuficiente.

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