El 016 atenderá a las víctimas de violencia sexual y sus trabajadoras dejarán de ser consideradas teleoperadoras

El Gobierno va a incrementar el presupuesto con el que funciona el 016, el teléfono de atención a víctimas de violencia de género, y a ampliar su servicio a las mujeres que sufren violencia sexual. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha informado este jueves de que ya están redactados los nuevos pliegos que regirán el servicio, que exigen que el convenio colectivo marco para las trabajadoras pase de ser el de Contact Center (antes Telemarketing) al de Intervención y Acción Social.

Esta es una de las demandas de las trabajadoras, que han pedido en múltiples ocasiones un convenio colectivo más acorde a la naturaleza de la actividad que realizan: asesorar y acompañar a las víctimas. El objetivo, ha explicado Rosell, es acabar con “la precariedad” de las trabajadoras (la mayoría de ellas son mujeres) porque “su precarización es también la de los servicios públicos. ”Hay que cuidar a quién cuida“, ha dicho. Entre otras cosas, el nuevo convenio supondría un incremento de los salarios de las trabajadoras de en torno al 30%, según ha calculado UGT.

La delegada también ha informado de que se va a incrementar el presupuesto del servicio de los 1.049.000 euros (con IVA incluido) actuales a 1.900.000 durante un año. El aumento de la dotación económica responde fundamentalmente a un incremento de personal para atender el teléfono, que también ampliará sus competencias y dejará de atender solo a víctimas de violencia de género en la pareja o expareja para pasar a encargarse también de otros tipos de violencia machista: violencia sexual, acoso laboral, mutilación genital femenina o trata con fines de explotación sexual.

Los primeros pasos de esta ampliación y del incremento del presupuesto los había dado la anterior Secretaría de Estado de Igualdad, en manos del PSOE, porque fue algo que se acordó en la última conferencia sectorial de Igualdad. Sin embargo, es ahora cuando, en base a estos nuevos pliegos, el Gobierno deberá sacar a concurso público la licitación del servicio. En junio, ha informado Rosell, vence el contrato actual, que “es probable que deba prorrogarse”, ha asegurado sin añadir más detalles de plazos.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que se mantiene la idea de convocar una sectorial de Igualdad en el primer trimestre del año, que entre otras cosas abordará el llamado título habilitante, es decir, el reconocimiento oficial de las víctimas más allá de que denuncien. Este mecanismo, necesario para acceder a determinadas ayudas y derechos, ya está en vigor, pero se revisará en la próxima reunión con las comunidades autónomas.

Rosell ha avanzado que su intención es también afrontar en dicho encuentro la situación de las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género y apostar por políticas públicas que las tengan en cuenta porque, a su juicio, “se ha hecho poco a este respecto”. Según un reciente estudio presentado por el anterior Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la mayor parte de las mujeres mayores que han sido víctimas (un 67%) lo son durante más de 20 años.