La mano de obra colma las campañas agrícolas pero surgen recelos sobre su gestión

La mano de obra ha llegado en cantidad necesaria al campo español en estas semanas, por lo que la recogida de las cosechas está asegurada en líneas generales, pero la controversia no falta, especialmente desde los sindicatos que cuestionan si la forma de buscar esa demanda ha sido la idónea.

Organizaciones agrarias como Asaja y COAG y los sindicatos CCOO y UGT están de acuerdo en que esa mano de obra ha aterrizado en el campo, pero mientras que las primeras consideran que iniciativas como sus bolsas de trabajo han facilitado esto, los sindicatos creen que los servicios públicos de Empleo deberían haber tenido más protagonismo para un control más rígido de las condiciones laborales.

Desde CCOO Industria, su adjunto en el sector del campo, José Fuentes, tiene claro que “hay suficientes” operarios e incluso en algunas zonas hay excedentes porque “las patronales han provocado un efecto llamada indeseable”.

Las bolsas de empleo creadas por iniciativa de las organizaciones agrarias “nos parecen bien”, señala, pero insiste en que hubiese sido mejor gestionarlo directamente a través de las oficinas públicas.

Entiende que esa forma es más “garantista” para el cumplimiento de las condiciones laborales porque “estamos detectando que hay más irregularidades de las habituales”.

Entre esas irregularidades, Fuentes destaca incumplimientos en el pago del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o de los protocolos necesarios para protegerse frente al coronavirus.

No obstante, reconoce que “no son mayoría” los empresarios que proceden así: “Hay cuatro empresarios desaprensivos que se cargan la imagen del sector agrario y las propias opas tendrían que ser las primeras en denunciarlo”.

El secretario sectorial Agrario de UGT, Emilio Terrón, apunta que “desgraciadamente” las ofertas de empleo “no han llegado” a las oficinas públicas al considerar que han sido controladas finalmente por los empresarios.

Terrón confirma también la llegada estos días de temporeros extranjeros, gracias a la relajación de las medidas de movilidad, pero critica precisamente ese mayor flujo de inmigrantes: La patronal “sólo sabe decir que necesita mano de obra” pero lo que “quiere son extranjeros” porque son “sumisos”.

Apunta a un escaso uso del mecanismo aprobado por el Gobierno con el real decreto que facilitaba la llegada de mano de obra local porque los empleadores “no tienen intención” de ello.

“Tener que pedir trabajadores a oficinas de empleo público supone buscar a españoles que no son sumisos y sí demandan que se les pague lo que marca el SMI”, subraya.

Desde Asaja, su director, Juanjo Álvarez, confirma la llegada de intracomunitarios que, unido a los trabajadores reclutados con bolsas de empleo, han alejado el miedo a la falta de temporeros que había cuando comenzó la crisis del coronavirus.

El real decreto “no ha sido lo eficaz que podía llegar a ser” y por eso defiende las bolsas de trabajo: han servido de “intermediación privada” para “cubrir” las ofertas disponibles, apunta.

Además, en respuesta a los sindicatos, ha dicho que las ofertas se han hecho “con plenas garantías” para que los trabajadores cobren lo estipulado en los convenios que, en todo caso, fijan “como mínimo” el SMI.

Se garantizan “todas las condiciones” negociadas con los sindicatos, insiste.

“En Asaja garantizábamos el SMI, uno de los aspectos recogidos en los convenios provincialdes del campo pactados con ellos”.

Desde COAG, el responsable de Fruta de UAGA-COAG en Aragón, Óscar Moret, que ha gestionado una de las bolsas más grandes durante estas semanas, asegura que los sindicatos “a veces no saben bien de lo que hablan” porque, en su caso, la bolsa ha sido gestionada en coordinación con el Instituto Aragón de Empleo (Inaem).

Se hizo una lista de demandantes, que fueron en su mayoría inmigrantes dedicados a la hostelería en España, detalla.

Esa coordinación con el Inaem ha sido “esencial” para “cotejar y gestionar” los datos de los interesados y ver, por ejemplo, si estaban o no en situación irregular en el país.

Moret tiene seguro que “se cumple” el SMI e incluso “pagando por encima”, debido a la demanda y a la necesidad de mano de obra que se había generado.

Cree que las “reflexiones” que hacen los sindicatos no se fijan en el “fondo” de la cuestión de la “precariedad” del sector primario, que “se sitúa en las ventas por debajo de los precios de coste”.

“Si queremos acabar con la precariedad, donde hay que incidir es ahí”, remarca.

El fin último era no dejar ninguna cosecha sin recoger por falta de operarios; un objetivo finalmente conseguido a costa, eso sí, de suspicacias sobre el modo de alcanzarlo.