Cinco nuevas universidades privadas se apuntan a un negocio que creció el 20% en tres años

El negocio de la educación superior marcha. Con la aprobación este jueves de una nueva universidad privada en Madrid –que ya cuenta con 13–, cuatro comunidades –Galicia, Euskadi, Andalucía y Madrid– han validado (o están en proceso de hacerlo) cinco nuevos campus de iniciativa particular en los últimos meses. Que varias de ellas tengan informes desfavorables –aunque no vinculantes– de sus propios órganos autonómicos no ha paralizado a los distintos gobiernos regionales, que han dado el visto bueno a los proyectos.

Tampoco alcanzan estos centros, por el momento, los mínimos que el Ministerio estableció para que una universidad pudiera considerarse como tal (y no un centro de estudios, por ejemplo), que incluyen un mínimo de oferta académica y de proyecto de investigación. Han salido adelante porque su trámite se inició antes de que el decreto estuviera aprobado y porque el propio texto, publicado en el BOE el pasado verano, otorga cinco años a los campus para adaptarse a estos requisitos sobre docencia e investigación antes de retirarles la licencia.

Pero esta eclosión confirma los temores que arguyó el anterior equipo directivo del Ministerio cuando endureció las condiciones para ser universidad: “Se nos acumulan en la mesa propuestas para crear centros sin un mínimo de calidad”, explicaron entonces. El Ministerio no quiere centros con la palabra Universidad en su nombre que se limiten a ofrecer unos pocos estudios (sobre todo posgrados, que dan más dinero) y nada más.

Al calor de un mercado cautivo que demanda cada vez más formación, la educación superior es un negocio al que no le van a faltar clientes, y los inversores lo saben. La capacidad de expedir títulos está muy cotizada (y valorada) en un sector que solo ve sus cifras crecer: en 2017 facturó 2.255 millones de euros, según un estudio del Observatorio DBK. En 2020 fueron 2.715 millones de euros, según la misma fuente, una subida del 20% en tres años. Así, los interesados en tener su propia universidad se multiplican, animados también porque los centros privados cada vez le ganan más alumnado a los públicos.

Lo saben en el fondo CVC, por ejemplo, que adquirió hace unos años la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid por unos mil millones de euros. El centro ha ganado en los tres últimos ejercicios declarados 24, 33 y 36 millones de euros, según las cuentas de la universidad recogidas en infocif.es. Lo saben también en Pemira, otro fondo, que compró la Universidad Europea –que va a abrir un nuevo campus en Málaga– hace cuatro años por unos 770 millones.

De Abanca a Imbroda pasando por Aznar

La Universidad Intercontinental de la Empresa, impulsada por Abanca en Galicia, fue la primera de esta nueva hornada de centros en ser aprobada. Fue el pasado julio, con el rodillo del PP en la cámara gallega. La propuesta de campus tenía al Consello Consultivo de la Xunta en contra, también al Consello Galego de Universidades y a toda la oposición. Pero también tenía al Gobierno autonómico a favor, que es lo que cuenta. Del proyecto en sí se sabe poco –más allá de que está impulsado por un banco– pese a que en teoría entra en funcionamiento en septiembre. Contará con dos campus, uno en A Coruña y otro en Vigo, y ofrecerá titulaciones en dos de las cinco ramas del conocimiento, la de ciencias sociales y jurídicas y la de ingeniería y arquitectura. Habrá cuatro grados, cuatro másters universitarios y dos programas de doctorado. Con esta estructura no llega a los mínimos que le exige el Gobierno: 10 títulos de grado, seis masters y tres programas de doctorado, correspondientes a tres de las consideradas cinco áreas del conocimiento. Y eso sin entrar en los requisitos de investigación, los que más incumplen las universidades privadas.

En Euskadi el agraciado con un campus ha sido Josean Querejeta, presidente del grupo desde el que dirige los clubes deportivos vitorianos de élite Baskonia (baloncesto) y Deportivo Alavés (fútbol). Desde ese punto de vista, parece tener sentido que la futura Euneiz se centre en los estudios sobre deporte, salud y videojuegos. Como su predecesora gallega, este nuevo centro tiene un informe “desfavorable”, pero en este caso de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco y otro de la pública Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Desde el centro público se recuerda que “no está justificada” la demanda para una nueva universidad y que además esta, a diferencia de las otras dos privadas en Euskadi (Deusto y Mondragón), tendrá ánimo de lucro. La matrícula costará 8.000 euros anuales. A diferencia de Galicia, Euneiz no se ha impuesto por el deseo de un solo partido: PNV, PSE-EE, PP+Cs y Vox la respaldan.

En Andalucía no son uno ni dos ni tres, sino siete los proyectos de universidad privada que se acumulan esperando trámite. El pasado lunes 7 de febrero el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería a iniciar dos de ellos, los de la Universidad Fernando III el Santo y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed). En el caso andaluz se da la circunstancia de que este segundo campus está impulsado por una empresa fundada en su momento por el actual consejero de Educación, Javier Imbroda, que se retiró de la compañía justo antes de asumir el cargo. Además, es una universidad online, el perfil de centro que más preocupa en el Ministerio. Tampoco debió convencer al Consejo Andaluz de Universidades, que en diciembre rechazó la propuesta. Como su informe no es vinculante, pesó más el visto bueno de la Consejería de Universidades. El centro proyecta empezar con 14 titulaciones: seis grados, siete másteres y un título de doctorado.

Andalucía también ha sido el lugar elegido para expandirse por dos de las universidades privadas más rentables de España: la UAX y la Europea tendrán nuevo campus en Málaga, sobre suelo municipal, para escándalo de la oposición en el Ayuntamiento.

La aprobación este jueves en la Asamblea de Madrid cierra el círculo de nuevos centros (por el momento, hay varios esperando su momento). La Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), hasta este jueves un centro asociado a la Universidad Camilo José Cela, se convierte ahora en la decimotercera universidad privada de la región, más del doble que públicas (seis). Los cinco informes en contra de organismos madrileños por falta de infraestructuras y por escasa oferta académica e investigadora parecen haber pesado menos que el deseo del PP y los buenos padrinos que amparan al centro: altos cargos de grandes compañías como Telefónica, el Banco Santander, Deloitte o FAES y nombres como el expresidente José María Aznar, o los exmandatarios madrileños Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón firmaron una carta de apoyo a la UDIT, según Infolibre.

La eclosión al amparo de la LOU

Históricamente, España tuvo cuatro universidades privadas (Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra), situación que duró hasta principios de los 90, cuando comenzaron a dispararse. Primero, despacio. En 1995 había siete. A partir de ahí, el crecimiento fue ganando velocidad: eran 22 en 1994, 28 en 2010, 33 en 2014.

Así, en los últimos 27 años, el número de centros de educación superior de iniciativa particular se ha multiplicado por casi seis. De las siete universidades privadas existentes en 1995 se ha pasado a las 40 actuales. En el lado contrario, no se inaugura una nueva universidad pública desde 1998, cuando se abrió la de Cartagena. La balanza se equilibra: 50 públicas, 40 privadas. Y otras seis esperan su aprobación en algún despacho, según El País.

Muchos señalan a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que impulsó el segundo gobierno de Aznar como facilitadora de esta eclosión. “El incremento exponencial de las universidades privadas es consecuencia inequívoca de la cobertura legal que se comienza a dar a estas con la LOU”, escriben Esther Simancas, profesora de la Universidad de Cádiz, y Marcial García López, de la Universidad de Málaga, en el estudio Historia de un secuestro: de la Iglesia a la Marca. Evolución Histórica de la Universidad en España.

“Las modificaciones más importantes se pueden resumir en que las universidades privadas tendrán personalidad jurídica y adquirirán idénticas competencias que las públicas, se regirán por las mismas normas de organización y funcionamiento y estarán sujetas a los mismos mecanismos de evaluación; se reconoce la participación de sus rectores en el Consejo de Universidades y, por otra parte, se introducen cambios en la financiación y en la gestión de todo el sistema universitario que incrementan la participación privada y que desplazan los costes hacia el usuario final”, añade Simancas.