Obligación legal de recortar emisiones y más control sobre las energéticas: las claves de la próxima ley de cambio climático

Chimeneas expulsando gases.

El Gobierno aprueba este martes el proyecto de ley de Cambio Climático. La norma, que se vio paralizada por la convocatoria anticipada de elecciones en 2019, debe servir como hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París de lucha contra la emergencia climática: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y preparar el país para los efectos ya inevitables de la alteración del clima. "Mitigación y adaptación" son los pilares de la ley, según entienden en la Oficina Española de Cambio Climático.

"La obligación de limitar las emisiones condiciona las políticas sectoriales e implica cambios en los patrones de consumo", introduce la ley, que recorre casi todas actividades que acomete la sociedad. Porque lo que ha quedado ya claro es que la contención del calentamiento global de la Tierra, que deriva en el cambio climático y sus efectos –sequías, proliferación de temporales costeros, tormentas de virulencia creciente, inundaciones, olas de calor– pasa por recortar la cantidad de gases de efecto invernadero que la actividad humana lanza a la atmósfera.

Conseguir frenar el recalentamiento del planeta por debajo de 1,5ºC implica rebajar esas emisiones a nivel mundial un 50% en diez años. España estará obligada por esta ley, cuyos objetivos son vinculantes, a disminuir el CO en 2030 al menos un 20% respecto a lo que se lanzaba en 1990. Equivale a eliminar una de cada tres toneladas de dióxido de carbono. Ese es el margen mínimo inquebrantable, subrayan desde el Ejecutivo.

Energía más limpia y transición justa para afectados

El proyecto recoge que "a más tardar" en 2050, España deberá alcanzar la neutralidad climática. Se trata de otro objetivo legalmente obligatorio. Para conseguir que las emisiones de CO supongan el mismo volumen que lo que puede absorberse en sumideros como los bosques, la primera necesidad es reconvertir la manera en la que se obtiene la energía de la que depende casi todo. El texto de Transición Ecológica establece que el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes renovables a mitad de siglo.

Los planes son que en 2030 haya en el consumo de energía final al menos un 35% de renovables; un sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen renovable; y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

Una de las principales apuestas para lograr esos objetivos es un sistema de subastas de nuevas plantas de generación renovable "basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía" y que se desarrollará reglamentariamente. Una de las principales novedades del último borrador de la ley es el de prohibir a las eléctricas y gasistas que realizan actividades reguladas (como Red Eléctrica, Enagás o las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy) destinar los recursos obtenidos a través de esta actividad a financiar sus negocios liberalizados, con la excepción de los préstamos a sociedades del mismo grupo que tengan por objeto una gestión centralizada de la tesorería.

La norma, que refuerza el control de las compras de empresas por parte de los operadores de los sistemas eléctrico y gasista (Red Eléctrica y Enagás, respectivamente), prevé la desinversión estatal en todos aquellos activos en empresas o entidades con actividades que tengan relación con productos energéticos de origen fósil. Además, establece la aprobación de una Estrategia de Transición Justa para las regiones afectadas por la descarbonización, como las comarcas en las que hay instaladas centrales eléctricas de carbón. Ese cambio se abordará a través de la firma de convenios en cuya participación intervendrán las comunidades autónomas, que incluyan medidas fiscales, de financiación, de apoyo a la I+D+i, de empleo, de protección social y actividades formativas para incentivar la adaptación de los trabajadores.

La movilidad: los vehículos verdes y los combustibles

Otra de las principales fuentes de emisiones de gases es el transporte: los coches, los camiones, los aviones o los barcos que se mueven a base de combustibles fósiles como la gasolina o el gasóleo. Para 2050 los turismos y vehículos que se muevan en España no podrán emitir gases invernadero.

Para llegar ahí, la ley prevé que a partir de 2040 los automóviles nuevos que salgan al mercado sean de cero emisiones. Ni un gramo de CO por cada kilómetro que recorran. Eso deja fuera a los vehículos diésel, gasolina e híbridos tal y como los conocemos ahora. Además, el Ejecutivo maneja que haya ayudas para la compra de coches eléctricos hasta 2025 cuando el IDAE prevé que su precio estará equiparado al de los de motores de combustión. 

En esa línea, también se establece la obligación de que las gasolineras con mayor venta de combustibles cuenten con cargadores de al menos 50 kW instalados en unos dos años desde la entrada en vigor de la ley. El proyecto toca a la aviación y explica que establecerá objetivos de uso de biocarburantes avanzados.

La idea es que las ayudas de dinero público dejen de fomentar los combustibles fósiles, según exponen desde la Oficina de Cambio Climático. Así que posibles subvenciones tendrán que estar "justificadas" por motivos sociales o tecnológicos, dice el texto. Hacienda tendrá que hacer un informe sobre cada producto cada año. Se añade la prohibición de las nuevas prospecciones de hidrocarburos y el fracking.

Como colofón, el texto aboca a que los municipios de más de 50.000 habitantes adopten planes para que la movilidad urbana también rebaje las emisiones. Tendrán que facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta y mejorar el transporte público. También estarán obligados a desarrollar zonas de bajas emisiones donde se apliquen "restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones". Estas zonas deberán estar establecidas en 2023 como muy tarde y si una administración planea desmontarlas, no podrá hacerlo sin contar con un informe previo del Ministerio de Transición Ecológica.

Adaptarse en las costas, las ciudades y los ecosistemas

La ley deja claro que España tiene que afrontar impactos ya inevitables del cambio climático. Así, obliga a que se planifique el recurso del agua en virtud de la previsible escasez de manera que se garantice el suministro a las personas, la biodiversidad y las actividades socio-económicas. El principio debe ser anticiparse a los riesgos por fenómenos extremos como van a ser las sequías y las avenidas de agua por las tormentas.

Pero, la emergencia climática también va a imponer unas nuevas maneras de planificar las costas, las ciudades y el territorio. Los responsables tendrán que incorporar ese riesgo a la hora de establecer lo que se puede o se va a hacer en la línea del litoral. Dónde y con qué infraestructuras o construcciones se podrá ocupar esa línea sin convertirse en víctima de la subida del nivel del mar o los golpes de los temporales costeros. 

Al mismo tiempo, los planes urbanísticos estarán obligados a evaluar estos peligros. El proyecto indica que se deberán adaptar las edificaciones o infraestructuras de transportes a los efectos del calentamiento global. 

Por último, el cambio climático está impactando gravemente en los ecosistemas. La desertificación, la pérdida de humedales, la proliferación de especies invasoras que depauperan la biodiversidad... Para abordar esta pérdida, y con la colaboración de las comunidades autónomas, en el plazo de tres años desde la aprobación de la ley, se presentará a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático. 

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18 de mayo de 2020 - 22:10 h

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