Un colegio de Madrid aún honra a un falangista 20 años después de que Aguirre prometiera cambiar su nombre
En el barrio madrileño de Ciudad Lineal, las vecinas y los vecinos hablan del “colegio de la falange”. Así se ha conocido toda la vida el centro público Miguel Blasco Vilatela, construido en 1957 en honor al militar falangista al que el régimen reconoció y premió por ponerse al frente del bando sublevado en Aragón.
El nombre sigue colgado de la fachada más de 50 años después. Por medio se aprobó una ley de Memoria Histórica, políticos locales pidieron su cambio y hasta Esperanza Aguirre tuvo algo que decir cuando era ministra de Educación. En 1999, visitó el colegio con el astronauta Pedro Duque y las alumnas y alumnos le propusieron ponerle su nombre porque había estudiado allí. Ella aceptó. Casi dos décadas después y tras tanta espera, el cambio no llegó. De hecho, otro centro público de Madrid acabó por adelantarse en la elección. Y la norma impide que dos colegios que se llamen igual si pertenecen al mismo municipio.
Como parche, asignaron el nombre del astronauta a un gimnasio construido hace unos años anexo al colegio, que continúa en la lista de los más de ochenta centros públicos que mantienen denominaciones relacionadas con la dictadura. La ley de Memoria Histórica no ha permeado en el CEIP Miguel Blasco Vilatela, aunque sí en el suelo sobre el que se asienta: la avenida donde se ubica, Hermanos García Noblejas, pasará a llamarse Institución Libre de Enseñanza.
El paso del tiempo ha normalizado la situación. El propio cambio de nombre de la calle no ha agitado ninguna iniciativa en la misma dirección en un colegio donde, dicen desde dentro, “muchas familias no saben ni quién fue esta persona”.
“No se le ha dado importancia por desconocimiento y no ha habido un movimiento de familias para hacerlo. Algunas han comentado que saben de dónde viene el nombre y estarían a favor de cambiarlo pero el debate no se ha planteado. Ni en el AMPA ni en el Consejo Escolar”, explica Ana, presidenta de la Asociación de Padres y Madres. Esta madre, que ocupa este cargo desde 2012, considera que el sentir general es “que hay otras prioridades por delante” en las aulas.
Una petición política sin recorrido
Hace cinco años, el grupo de Izquierda Unida-Los Verdes de la Junta de Distrito de Ciudad Lineal presentó al pleno una proposición para que instara “a la administración competente” a cambiar el nombre “abriendo un proceso de participación de toda la comunidad educativa del propio centro”.
La iniciativa no tuvo ninguna repercusión dentro del centro, confirma Ana, del Consejo Escolar. Y tampoco se elevó al órgano competente, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que preguntada por eldiario.es, dice no tener constancia de que llegara ninguna propuesta. En ese momento, la misma Esperanza Aguirre era presidenta de la región y podía haber impulsado el cambio, como prometió una década antes, pero nunca lo hizo.
El procedimiento habitual para modificar el nombre de un centro escolar es que se haga de abajo a arriba: es decir, que sea el Consejo Escolar –el órgano de participación de la comunidad educativa– el que vote la propuesta y después se eleve la petición a la Consejería de Educación correspondiente. Pero la ley de Memoria Histórica avala también que la propuesta venga directamente de arriba “en cumplimiento de un mandato legal”, dicen expertos juristas en la materia en referencia al artículo 15, que interpela a las administraciones públicas para que, “en el ejercicio de sus competencias”, tomen “las medidas oportunas”.
Además, en 2008 el Consejo Escolar del Estado, un órgano consultivo de participación de la comunidad educativa por lo que pasan las decisiones del Ministerio de Educación, instó al Ejecutivo – entonces de José Luis Rodríguez Zapatero– a sacar de los centros públicos los vestigios heredados de la dictadura.
Pese a todo, fuentes del colegio consultadas por este medio descartan que actualmente haya en marcha un proceso para eliminar al militar franquista del centro. Y en la Consejería de Educación se escudan en que “para solicitarlo es necesario que cuente con la aprobación de su comunidad educativa” y con el “aval del Ayuntamiento o la Junta de Distrito”.
