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Continúan las acusaciones entre PP y PSOE por el estado de alarma en Madrid

Continúan las acusaciones entre PP y PSOE por el estado de alarma en Madrid
Madrid —

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Madrid, 11 oct (EFE).- Las reacciones al estado de alarma decretado en Madrid y ocho municipios de la comunidad el pasado viernes siguen generando acusaciones mutuas entre los mandatarios del PP y el PSOE sobre un supuesto hostigamiento al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y una utilización política de la pandemia.

Todo ello coincidiendo con el anuncio de que Navarra restringirá también aforos y relaciones sociales a partir del martes, y poco antes de que entre en vigor esta medianoche cuatro nuevas zonas básicas de salud (ZBS), ubicadas en los municipios de Arganda del Rey, Collado Villalba, Colmenar Viejo y Coslada.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se ha reunido con alcaldes socialistas del sur de la región, afectados por el estado de alarma, donde ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que hacer “lo que no ha sido capaz” el de la comunidad.

Lastra ha asegurado que la “incompetencia” de Díaz Ayuso y la “obsesión” del líder popular, Pablo Casado, de usar esta región contra el Gobierno han convertido a Madrid “en el centro de la pandemia en Europa”, por lo que pedido a Casado: “deje de ordenar a Ayuso confrontar con el Gobierno”.

En dicho encuentro, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha defendido también las medidas adoptadas por Sánchez, que “buscó más la protección de la salud que un puñado de votos”, y ha asegurado que el estado de alarma “era la única salida”.

Por su parte, Díaz Ayuso ha cargado en una entrevista en El Mundo contra Sánchez y su Gobierno, al que acusa de “autoritario” y considera que ya tenía decidido desde el principio intervenir en la capital, por lo que el Gobierno regional va a exigir cada día que levanten esta medida excepcional.

Díaz Ayuso ha insistido en que la pandemia está remitiendo en Madrid y ha clamado por atajar ahora la crisis económica y la social.

Considera, además, que el Gobierno central “estaba buscando una excusa cualquiera para arremeter contra Madrid y sembrar el caos”, y ha añadido que al Gobierno de Pedro Sánchez “le gusta la alarma, la alerta, el miedo para que la gente necesite ser encerrada y ser dirigida”.

A su vez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho en una rueda de prensa que, teniendo el cuenta el comportamiento “ejemplar” de los madrileños a la hora de acatar las normas, el despliegue de los cuerpos de Seguridad del Estado para controlar las salidas de la ciudad ha sido, a su juicio “desproporcionado”.

Y ha vuelto a lamentar que “siempre se señale a Madrid” cuando otras comunidades, como Navarra, presentan datos peores y que “en estos momentos un ciudadano navarro tiene el doble de posibilidades de infectarse accidentalmente que un madrileño”, ha dicho el alcalde madrileño antes del anuncio de restricciones en Navarra.

El alcalde ha señalado que la Delegación del Gobierno ha asumido las competencias en materia de vigilancia para el cumplimiento de las restricciones, y que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición a la Policía Municipal para “colaborar” en aquellos sitios donde no lleguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, Almeida ha pedido al Gobierno central que aplique “por igual” los criterios a todos los municipios, y que si Alcalá ha salido de la lista de municipios con restricciones, también lo haga Madrid si cumple mañana “su quinto día” con una tasa de incidencia inferior a 500 casos por cada 100.000 habitantes.

El consejero de Interior y Justicia, Enrique López, ha dicho que “el injusto cierre de Madrid debe cesar cuanto antes” porque, a su juicio, es “innecesario” y “desproporcionado” y tan solo responde a “urgencias políticas de un gobierno fallido”.

En su cuenta de Twitter, López señala que el estado de alarma es un “atropello constitucional” y una “torpeza” propia de un gobierno “pueril y radical”, y que el Ejecutivo central ha sometido a la ciudadanía de Madrid a un “chantaje sin precedentes”, además de invadir una competencia autonómica y alterar su “autogobierno”.

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