Los crímenes de la dictadura en Paraguay siguen impunes 25 años después

Los crímenes cometidos durante el régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay siguen impunes en vísperas de los 25 años de su caída porque, según representantes de las víctimas, los sectores políticos y económicos que se beneficiaron con la dictadura siguen en el poder.

Al contrario que en otros países del Cono Sur, en Paraguay nunca hubo una ley de amnistía, al tiempo que los abusos están muy bien documentados gracias a más de dos mil testimonios y a tres toneladas de archivos oficiales que detallan violaciones de los derechos humanos en su territorio y en naciones vecinas.

Aun así, mientras en países como Argentina y Chile hay investigaciones activas sobre delitos durante sus respectivas dictaduras, en Paraguay los procesos están parados desde hace décadas.

Uno de ellos lo inició Martín Almada con una demanda que interpuso en mayo de 1989, pocos meses después de la salida de Stroessner el 3 de febrero del mismo año por un golpe de estado orquestado por su consuegro, lo que puso fin a casi 35 años de gobierno, el más longevo de la historia de América Latina.

Almada fue detenido por “terrorista” por un estudio que escribió sobre educación y su mujer murió de un ataque al corazón tras escuchar por teléfono cómo lo torturaban y recibir su ropa ensangrentada.

“Mi demanda sigue durmiendo”, dijo a Efe Almada, quien fue liberado por presión internacional y se exilió. “Stroessner no se fue, quedó el sistema”, aseveró Almada, quien dirige la fundación Celestina Pérez de Almada, bautizada en honor a su esposa fallecida y dedicada a recordar lo que ocurrió.

“Hay sectores interesados en que no haya memoria, en los medios de comunicación, la política y las empresas”, dijo a Efe Juan Rivarola, asesor jurídico de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de Paraguay, que es la entidad sucesora de la Comisión de Verdad y Justicia (CJV).

“Gran parte de las fortunas de este país fueron acumuladas en la época de Stroessner, gracias al favoritismo político y a negocios ilegales”, añadió.

Al contrario que en otros países del Cono Sur, en Paraguay sigue gobernando el Partido Colorado, conservador, que fue uno de los pilares del régimen militar al convertirse en un mecanismo de control político cuyos tentáculos llegaban hasta la última esquina del país, según el historiador Andrew Nickson.

En 1986 tenía oficialmente 1,3 millones de miembros, de un total de 1,4 millones de votantes.

El control era tal que los torturadores no ocultaban el rostro y los funcionarios del régimen dejaban registros en papel de sus violaciones a los derechos humanos, muchos de los cuales formaron los llamados “Archivos del Terror”, encontrados por Almada en 1992.

La CJV comprobó la existencia de 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de torturas.

Se cree que 10.000 de esos presos políticos pasaron por una casa común del centro de Asunción donde operaba la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, incluido Almada.

Hoy es un lugar solitario, silencioso y espeluznante llamado el Museo de las Memorias.

En exhibición están una picana usada para dar choques eléctricos, las varas para las palizas y una bola con púas para reventar espaldas.

Cuando los guardas ponían la música al máximo, para ahogar cualquier otro ruido, los detenidos sabían que uno de ellos sería torturado.

Un mapa en el museo, que tiene marcados con puntos rojos los lugares de detención, revela un país prisión, en el que las torturas no fueron realizadas en lugares ocultos por policías clandestinas, sino en las propias comisarías, por parte de los efectivos regulares.

En Paraguay solo se ha condenado a entre seis y diez policías por delitos durante la dictadura, en procesos realizados poco después de su fin, según Rivarola. “Eran gente que hacía el trabajo sucio”, dijo Almada.

Ante la falta de avance en su país, trece víctimas paraguayas interpusieron el año pasado una querella en Argentina, a raíz de la cual el magistrado exhortó a la Justicia paraguaya a que explique si investiga los hechos o no.

Tres meses después, aún no ha recibido respuesta.