Demócratas y activistas piden al Congreso una solución para los “soñadores”

Políticos demócratas y activistas por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos se unieron este jueves para pedir al Congreso que apruebe medidas que den estabilidad a los jóvenes amparados por la Acción Diferida (DACA), después de que el Tribunal Supremo impidiese al Gobierno cancelar este amparo migratorio.

Joaquín Castro, responsable del Caucus Hispano del Congreso, recordó que hace más de un año la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley, la Ley de Sueños y Promesas (HR6), que protege de la deportación a los amparados por DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS) y crea una oportunidad para un estatus legal permanente, pero que el texto sigue bloqueado en el Senado, controlado por los republicanos.

“No deben tener a los 'dreamers' como rehenes para obtener ganancias políticas y deben someter inmediatamente a votación la HR6. Las vidas de los jóvenes inmigrantes no son un medida de presión en una negociación”, dijo.

La única senadora latina en Washington, Catherine Cortez Masto, incidió en ese aspecto e indicó que aún existe una sensación de “incertidumbre” sobre los “dreamers”, como se llaman a si mismos los beneficiarios de DACA, y que el Congreso debe proporcionarles “ayuda permanente” y darles la “oportunidad de convertirse en ciudadanos de pleno derecho de este país”.

Su compañera de cámara y de partido Elizabeth Warren dijo que llegó la hora para que el Senado actúe y analice el proyecto de ley que el año pasado aprobó la Cámara de Representantes y pidió a los republicanos que dejen ya los “juegos políticos”.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, en inglés), Arturo Vargas, cree que la decisión de la Corte Suprema ha creado un “impulso” para que el Congreso actúe, incluso aprobando una reforma migratoria integral, y que la “controversia” que aún rodea al programa amplifica la “responsabilidad” del Congreso de intervenir.

Coincidió con él Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la organización hispana más antigua de Estados Unidos, que dijo que la decisión de ese jueves supone “otro paso adelante y un mensaje claro de la necesidad de una ”reforma migratoria integral“.

La decisión del Supremo supone una enorme victoria y un alivio para los aproximadamente 650.000 “soñadores” protegidos por DACA, creado en 2012 por el expresidente Barack Obama para amparar a los indocumentados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.

La sentencia de los nueve jueces del Supremo, alcanzada con 5 votos a favor y 4 en contra, no entra a valorar la legalidad de DACA, sino que rechaza “el procedimiento” que usó el Gobierno de Trump a la hora de tumbar el programa.

Ante este panorama, FWD.us, grupo creado por los grandes líderes tecnológicos partidarios de una reforma migratoria, y su presidente, Todd Schulte, instaron al Senado a aprobar “inmediatamente” la Ley de Sueños y Promesas.

“Por todo el dolor, angustia y desesperación que esta decisión liberó, seguimos esperanzados de que juntos desencadenaremos la libertad y justicia que nuestra nación no le ha podido ofrecer a demasiadas personas durante demasiado tiempo”, afirmó Schulte.

El director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA), Ben Johnson, reconoció que, a pesar de la decisión del Supremo, el peligro sigue presente y que Trump tiene el poder de cerrar DACA si sigue el proceso legal correcto.

Por ello, pidió al Congreso que acabe con el “limbo legal” en el que se encuentran los jóvenes y apruebe una “solución bipartidista”. “Ahora es el momento de actuar”, recalcó.

Daniel Garza, presidente del grupo hispano conservador Iniciativa Libre, recalcó que sigue siendo responsabilidad del Congreso tomar medidas para solucionar la situación de estos jóvenes e invitó a ambos partidos a trabajar juntos.

“Es vital que el Congreso y la Casa Blanca se unan en una solución permanente y que brinde la certeza necesaria”, dijo.