La política de cesión de espacios de Carmena decepciona a los colectivos sociales y okupas
Fueron muchos los colectivos e iniciativas madrileñas las que vivieron el cambio de gobierno en el ayuntamiento de la capital con optimismo. La idea de que activistas e integrantes de movimientos sociales ocuparan puestos en las instituciones abría, para muchos, un nuevo horizonte en cuanto a la promoción de espacios autogestionados y comunitarios en la ciudad.
Para otros movimientos okupas y centros sociales la incursión de muchos en el consistorio no era tan prometedora. Aseguraban que la burocracia administrativa enredaría a los y las concejalas y su margen de acción se reduciría. Un año y medio después de que Ahora Madrid comenzara a dirigir el ayuntamiento, el sentimiento de decepción está presente en muchas asambleas.
Esta es una de las razones por las que el Patio Maravillas ocupó –aunque fue desalojado horas después– un edificio en el barrio madrileño de Malasaña, donde ha desarrollado sus actividades y talleres desde que inició su andadura hasta su último desalojo, en agosto de 2015. Desde entonces, el Patio esperaba a que el Ayuntamiento de Madrid le cediera, sin éxito, un espacio.
El Patio Maravillas identifica una “manifiesta incapacidad de las administraciones para cuidar y promover los centros sociales en Madrid” y califica de “cobardes e insuficientes” las directrices que ha aprobado el consistorio sobre cesión de inmuebles. El documento, hecho público en febrero de este año, incorporaba los requisitos para acceder a una de estas cesiones.
Al margen de las instituciones
Mientras algunos continúan apostando por la colaboración con la administración, otros centros sociales madrileños que no han querido sumarse a la iniciativa con el objetivo de mantener el espíritu revolucionario de la okupación han visto en los últimos meses cómo muchos de ellos recibían órdenes de desalojo y denuncian un incremento de la presión.
Al Patio Maravillas se suman otros como La Morada, La Osa Morada o La Casa Roja, desalojadas en los últimos meses. La Enredadera, en Tetuán, se enfrenta a un posible cierre tras recibir una notificación del consistorio en la que se instaba a solicitar una licencia de actividades para seguir existiendo, pero han declinado.
Por su parte, La Dragona, que alberga cafetería, cine o biblioteca, cuenta con orden de desalojo. “En ambos casos hay una intención por parte del ayuntamiento de regularizar la situación y reconocer la función que cumplen este tipo de colectivos e iniciativas en los barrios”, apuntan fuentes del Área de Coordinación Territorial.
La Red de Espacios Ciudadanos de Madrid, una plataforma que agrupa a colectivos y activistas que ha estado negociando con el consistorio, centra sus quejas en dos puntos negros de los que, en su opinión, adolece la política de cesión. Pablo García, portavoz de la red, asegura que “nada tiene que ver lo que se ha aprobado en Madrid con el marco que nosotros proponíamos”.
Nueve meses de espera
Por un lado, “no está habiendo cesión de espacios”, afirma García. Fuentes del consistorio apuntan que hay tres locales ya publicados en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid a la espera de ser cedidos y con otros cinco está a punto de comenzar el proceso. Uno de los primeros es una parte del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi.
Este espacio, afirman desde la red, “es el que le prometieron hace un año al Espacio Vecinal de Arganzuela, pero siguen en la calle”. Conocido por las siglas EVA, este proyecto nació en septiembre de 2014 para plantear al ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, la apertura del espacio situado en el madrileño barrio de Legazpi a distintas iniciativas del barrio.
Un miembro del proyecto critica “las deficiencias del proceso participativo iniciado por el ayuntamiento” y asegura que la cesión de la parte del mercado a la que se refiere el consistorio “está sufriendo demoras constantes en base a diferentes argumentos, como la burocracia”. La fecha de cesión, dice, “giraba sobre el 9 de septiembre y a día de hoy no sabemos nada”.
Algo parecido le ha ocurrido al Patio Maravillas. “En estos últimos meses ha visitado dos o tres locales, pero nada”, cuenta García. “Hay pocos espacios en el centro porque han sido vendidos al mejor postor y los que quedan no parecen ser prioritarios para ceder”, afirma Jose, portavoz del Patio.
La singularidad de los espacios ciudadanos
A la tardanza de las cesiones se suma una de las condiciones que el consistorio incluyó en sus directrices y que los colectivos sociales señalan como uno de los principales nudos de tensión. Se trata del requisito indispensable de que para postularse a la cesión es necesario ser una entidad “legalmente constituida e inscrita en el Registro Público de Entidades Ciudadanas”.
El Área de Coordinación Territorial justifica este punto alegando que “es una cuestión lógica porque debe haber un soporte legal detrás de un colectivo para ceder un espacio”. Sin embargo, la red cree que “las directrices no contemplan la singularidad de este tipo de iniciativas”. Algunas “ni se plantean constituirse como asociación porque no quieren que haya un presidente”, ejemplifica Jose.
Los colectivos sociales creen que el ayuntamiento ha elaborado una hoja de ruta que dibuja “un escenario de colaboración público-privada”. Sin embargo, “nada tiene que ver ceder un inmueble a un sujeto privado con habilitar espacios gestionados por la ciudadanía y abiertos al bien común”, explica García.
El marco elaborado por la red y presentado al consistorio antes de que este pusiera en marcha su política de cesión incorpora como punto fundamental que las administraciones públicas deben reconocer a estas iniciativas “su singular idiosincrasia, mediante fórmulas administrativas que no perturben su naturaleza próxima y cercana, sino que promuevan su desarrollo”.
La red nombra algunas experiencias de ciudades europeas que sí responden a sus demandas. Es el caso del Ayuntamiento de Bolonia, que aprobó ahora hace dos años un reglamento que regula las formas de gestión y cuidado de los bienes comunes urbanos mediante pactos de colaboración. “Los ciudadanos se hacen protagonistas de la protección, gestión y cuidado de su ciudad”, aseguran desde la red.
