“En España hay una ofensiva para reducir más los derechos de los detenidos”

La Asociación Libre de Abogados (ALA) ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicitan que se apliquen las directivas europeas en las comisarías españolas. En concreto se centra en el caso de un detenido al que se le negó -tanto a él como a su abogado- el acceso al atestado en comisaría, un derecho contemplado por la Directiva 2012/13/UE.

Los abogados de ALA denuncian que negar tal derecho supone una violación de dos derechos fundamentales del ciudadano: su derecho a la asistencia letrada como garantía del derecho a la libertad, así como su derecho de defensa como garantía para obtener un juicio justo.

Alejandró Gámez, abogado de ALA, lo explica así a eldiario.es: “La UE ha sacado directivas con nuevos derechos. Por ejemplo, que el detenido goce de una asistencia de intérprete de modo bidireccional, que le traduzcan también todo lo que sucede a su alrededor. Otra de las directivas reconoce el derecho a ver el atestado, cosa que hasta ahora no se podía hacer porque el Tribunal Constitucional español decía que podría obstaculizar la investigación. Pues bien, para las directivas europeas hay un plazo de transposición, para permitir que todos los Estados cuenten con los medios materiales para aplicarlas. Ese plazo, en el caso de la directiva a la que nos referimos, ya ha vencido”.

El plazo venció el 2 de junio, y por tanto la directiva ya es vinculante. Al tratarse de una norma comunitaria, no es preciso incoporarla a la legislación española, ya que automáticamente una directiva europea está por encima de la ley de un Estado. Sin embargo, no se está aplicando.

Los agujeros negros

Desde ALA denuncian que la imposibilidad de acceder al atestado reduce notablemente los derechos de la persona arrestada. “Si un detenido no puede hablar con su abogado antes de la declaración [otro derecho ahora reconocido por directivas europeas] ni acceder al atestado, su letrado es una especie de convidado de piedra, que está a verlas venir, a comprobar que no torturen a su defendido, y poco más”, denuncian.

“Puedo entender que un policía niegue el acceso al atestado porque no tiene conocimientos jurídicos y dirá que tiene que esperar a que les den nuevas órdenes, pero es incomprensible que la directiva no se aplique por jueces y fiscales”, añade Gámez.

“Las comisarías son auténticas lagunas o agujeros negros sin control legal. Solo hay un artículo en toda la ley española que regula cómo suceden o qué pasa en esas 48 o 72 horas de detención. En ese momento la labor del abogado es fundamental, con dos vertientes: la labor legal de planear una estrategia de defensa y la labor moral de asistir, tranquilizar y mantener la dignidad del detenido”, indica.

“Deriva hacia un derecho autoritario”

La Asociación Libre de Abogados considera que se incumplen de forma habitual los derechos de los detenidos más vulnerables y que ahora mismo hay una ofensiva del Ministerio del Interior para reducir aún más sus derechos. “Cosas que antes se permitían por ser legales ahora no se permiten. Por ejemplo, aconsejar a tu detenido que no declare, un derecho reconocido por jurisprudencia y que sin embargo en los últimos meses el ministerio del Interior pretende atemorizar a los letrados interponiendo quejas diciendo que no pueden aconsejar no declarar a sus defendidos”, alertan.

Tanto ALA como otros colectivos de abogados denuncian que en España se incumplen de forma reiterada los derechos de las personas arrestadas y lamentan la existencia de “una especie de ofensiva para que no se cumplan las directivas europeas”.

“Estamos en una deriva hacia un derecho autoritario, el Estado se está blindando a sí mismo, cada vez criminaliza más conductas, como la pobreza o la inmigración, cada vez es más difícil acceder a la justicia o garantizar tus derechos. Ante ello, la labor del abogado es fundamental, cobra especial relevancia”, señala Gámez.

Tambien desde ALA se ha presentado -además del recurso de amparo ante el TC- una denuncia por los mismos motivos ante el incumplimiento de la directiva europea por parte de la Guardia Civil en una comisaría de Madrid. “Si se ganara este recurso de amparo la aplicación se extendería a todas las comisarías, protegiendo así los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas en todo momento, y cumpliéndose así el derecho comunitario a pesar de la oposición de Gobierno y jueces”.