Fiscal afirma que la ley que veta el aborto en Texas alienta el comercio interestatal

Washington, 29 sep (EFE).- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, sostiene que los viajes que las mujeres deben hacer para abortar fuera del estado favorecen el comercio con otras zonas de Estados Unidos, en un escrito judicial para defender una ley que prácticamente prohíbe este tipo de intervenciones en suelo texano.

Paxton presentó este miércoles el documento en respuesta a uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, contra la norma, ya que ha apuntado que, dado que la prohibición afecta el comercio interestatal, el Ejecutivo tiene potestad para denunciar ese veto.

En su escrito, el fiscal aseguró que el Departamento de Justicia no ha citado ninguna “prueba real” de que la ley de Texas suponga una carga para el comercio interestatal.

“Lo que las pruebas existentes sugieren es que la ley está estimulando más que obstruir los viajes interestatales”, dijo Paxton, quien agregó que se ha producido un aumento de las mujeres que viajan desde Texas a Kansas y Oklahoma para tener un aborto.

Paxton presentó su escrito antes de una vista el próximo viernes en la que el juez federal Robert Pitman examinará si ordena bloquear la ley.

La demanda del Departamento de Justicia es una de muchas denuncias interpuestas en tribunales estatales y federales contra la norma de Texas.

La legislación, que entró en vigor el 1 de septiembre, prohíbe practicar el aborto a partir de la sexta semana de gestación, cuando ya puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.

A diferencia de leyes similares en otros estados, la peculiaridad de la legislación texana, impulsada por los republicanos, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si cree que infringe el veto.

Además, ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. en 1973 gracias al fallo del Tribunal Supremo en el caso “Roe contra Wade”, en el que se reconoció que una mujer puede terminar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.