“Para las compañías, los enfermos somos un número, una carga”
A Cristina, funcionaria del Estado, le detectaron cáncer en 2013. Tras someterse a quimioterapia en el Hospital Quirón de Madrid, debe continuar con el tratamiento y necesita revisiones periódicas. Su hijo David se siente muy agradecido por la atención recibida en el centro. “Nuestro oncólogo le ha salvado la vida a mi madre”, apunta. Un médico al que ya no podrán acudir porque se han quedado sin cobertura en ese hospital. Los recortes en la financiación del Ministerio de Hacienda a las mutuas sanitarias que gestionan la asistencia de los funcionarios están pasando factura a los enfermos de cáncer y de otras afecciones graves.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) han reducido la oferta de centros y especialidades médicas en muchas provincias españolas desde el pasado 1 de enero. Esto provoca que un gran grupo de pacientes se vean privados de su derecho a mantener la asistencia sanitaria integral, que engloba servicios de seguimiento de las enfermedades, a pesar de que esté reconocido en el concierto firmado a mediados de diciembre pasado entre Hacienda y las entidades aseguradoras (Adeslas, DKV, Asisa e Igualatorio Cantabria) para 2015. En él se establece que, de producirse bajas de centros o servicios hospitalarios en las Oncología y Psiquiatría, los pacientes deberán disponer de continuidad asistencial durante un año.
“Tenemos derecho a estar atendidos por nuestro óncologo un año más”, sostiene David. Sin embargo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) afirma que el concierto no se está cumpliendo. “Recibimos decenas de llamadas diarias de personas que han visto interrumpido su tratamiento o no saben que va a pasar con él”, asegura un portavoz del sindicato.
Enrique, que también es hijo de una funcionaria enferma de cáncer, asegura que se sienten “nerviosos e indignados”. Denuncia que su madre, que se trata en el Hospital Madrid Norte, no cuenta con la atención integral que debería. “Ella necesita pruebas, algunas de ellas mensuales, que no están cubiertas por la mutua”, sostiene Enrique.
Peregrinaje burocrático
Los más afectados son las personas con dolencias más graves, que “además de padecer una enfermedad tienen que enfrentarse a la Administración, con el coste emocional que ello supone”, apunta Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical de CSI-F. Muchos pacientes denuncian la desinformación a la que se enfrentan y el calvario burocrático al que están siendo sometidos, pues cuando intentan ejercer su derecho y solicitar la continuidad asistencial “o bien les dan la callada por respuesta o bien se la deniegan”, según el sindicato.
A pesar de que el concierto firmado establece que las entidades aseguradoras deben comunicarse con los pacientes sobre el derecho a mantener los tratamientos, David denuncia que, en su caso, “no han recibido ninguna comunicación ni de Muface ni de Adeslas”. Ellos se enteraron en el hospital el pasado diciembre. Lo mismo le ocurre a Enrique, que se enteró por los médicos y enfermeros del centro.
“Te sientes desahuciado de tu salud y desamparado, porque para las compañías los enfermos somos números. Somos una carga” comenta David, que hace suya la reivindicación de su madre y siente que dejar al oncólogo que la ha tratado hasta ahora “provoca la incertidumbre de que el cáncer pueda volver”.
“Muface garantiza la asistencia”
Afirma que, por ejemplo, en Badajoz, Adeslas ha eliminado de su cuadro médico el Hospital San Antonio de Don Benito, la Clínica San Blas de Almendralejo y especialidades como oncología, radioterapia y microbiología. Sin embargo, sostiene que esto se repite “en más de 20 provincias españolas”. Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda declaran que “aunque las aseguradoras cambien puntualmente de centro sanitario, Muface garantiza la asistencia y las prestaciones hospitalarias”, puesto que en 2015 el presupuesto de la mutua “se ha incrementado un 1,58%”.
Para revertir esta situación, los sindicatos y asociaciones de funcionarios civiles, policías nacionales, militares y guardias civiles (CSI-F, CEP y AEGC), junto a la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), han comenzado una campaña para exigir al Gobierno que “tome consciencia de esta injusticia, revierta esta situación y garantice el derecho a una asistencia sanitaria integral de sus funcionarios civiles, policías y militares con cáncer y otras enfermedades graves”.
Han presentado una carta a Cristóbal Montoro en la que le trasladan su “profundo malestar por los recortes llevados a cabo en las mutualidades” y le solicitan una reunión urgente. Además, han lanzado una campaña en las redes que cuenta ya con más de 14.000 firmas. “No vamos a parar hasta solucionarlo”, afirma Miguel Borra, presidente nacional de CSI-F. Su compañero Eliseo Moreno se suma al entusiasmo y explica que la gravedad del asunto está precisamente en las consecuencias personales, en los miles de casos que representa el de Cristina o el de la madre de Enrique. “Se han producido los mayores recortes en la historia del mutualismo”, que “están complicando la vida a las personas”.
