El Gobierno propone compatibilizar trabajo y pensión para alargar la vida laboral
El Gobierno quiere permitir que percibir una pensión sea compatible con desempeñar un trabajo y cobrar un salario, con tal de que los trabajadores alarguen su vida laboral y sigan cotizando. Así lo ha propuesto hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que comparece en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso. No obstante, esta opción sería sólo posible para los trabajadores del sector privado, es decir, estaría vetada para el sector público, cuyas posibilidades de jubilación estarían así más endurecidas.
Una vez alcanzada la edad legal de jubilación, los trabajadores -asalariados o por cuenta propia- podrían continuar en su empleo y percibir un porcentaje de su pensión. Cuando la persona cesara en su actividad definitivamente, recuperaría de forma íntegra su pensión.
Burgos ha asegurado que sólo unos pocos países de Europa mantienen la incompatibilidad total entre trabajo y pensión. Según cálculos de la Seguridad Social, si el 25% de los pensionistas se acogieran a esta fórmula y percibieran el 60% de su pensión (que no se revalorizaría), el sistema ahorarría 500 millones en tres años. En caso de que cobraran el 50%, la Seguridad Social ahorraría 800 millones. Hay que tener en cuenta que sólo la revalorización de las pensiones este año costaría unos 4.000 millones de euros.
Los grupos de la oposición han criticado que el Gobierno planteé esta fórmula en el momento en que España bate su récord de paro y sin que haya comenzado a aplicarse la reforma de las pensiones aprobada en enero de 2011 y que comienza a funcionar en 2013. “Podemos compartir que sea posible hacer compatible trabajo y pensión, la reforma de las pensiones ya lo contempla. Pero hablar hoy de compatibilizar trabajo y pensión es indigno y supone faltar al respeto a los seis millones de parados”, ha dicho la portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, que ha insistido en lo inapropiado de esta fórmula en un momento en el que miles de trabajadores de edad avanzada son expulsados del mercado laboral.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado de la Seguridad Social ha propuesto restringir la jubilación parcial (posible a los 61 años, en la que el trabajador reduce su jornada y cobra en proporción una parte de su pensión, mientras que la empresa contrata a un relevista para el resto de la jornada) y la jubilación anticipada (posible ahora a los 61 años, pero que la reforma de las pensiones alargó hasta los 63 años con coeficientes reductores por cada año que se adelanta la jubilación), cuyos costes considera excesivos para la sostenibilidad del sistema. El Gobierno aboga por aumentar la edad de jubilación anticipada a los 65 años y la parcial a los 63 años en 2027, año en que acabaría de aplicarse la reforma de las pensiones y en el que la edad legal de jubilación ya será de 67 años.
Burgos ha calificado la jubilación parcial como un mecanismo “muy privilegiado”. Si ahora, el trabajador puede reducir su jornada laboral hasta el 25% y cobrar el resto de su pensión, Burgos ha propuesto que para acceder a esta fórmula la jornada se reduzca como mínimo un 50%. No obstante, el secretario de Estado ha admitido que estas medidas no supondrían un “ahorro inmediato”, aunque sí “una clara incidencia” en la sostenilidad de la Seguridad Social.
Para el portavoz de ICV Joan Coscubiela, las propuestas del Gobierno responden “a las nuevas contrapartidas exigidas por la troika” y critican que se planteen cuando ni siquiera ha entrado en vigor la reforma de las pensiones. “Si las medidas que propone el Gobierno ya serían discutibles en momentos de normalidad en el empleo, en una situación de elevado desempleo estructural no tienen ninguna lógica económica ni social y dificulta, aún más, la incorporación al trabajo de los desempleados y de los jóvenes”, ha dicho Coscubiela.
Revalorizar las pensiones
Sobre si el Gobierno revalorizará o no las pensiones conforme a la inflación de noviembre, tal y como establece la norma, Tomás Burgos ha dejado entrever que el Ejecutivo “cumplirá la ley”, pero sin especificar con claridad cómo se hará la revalorización ni si se tomará en cuenta el IPC habitual o uno creado 'ad hoc'. “El Gobierno no tiene que afirmar permanentemente que va a cumplir la ley”, ha señalado. Burgos ha sugerido que la revalorización podría incluirse en la tramitación de los Presupuestos en el Senado.
Los grupos parlamentarios han acusado al secretario de Estado de Seguridad Social de no ser del todo claro sobre la intención del Gobierno sobre las pensiones.
