El Gobierno plantea prohibir por ley la venta de coches diésel, gasolina e híbridos en 2040
El Gobierno planteará prohibir por ley la venta de coches de combustión en 2040 en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se ha comprometido a llevar al Congreso. “A partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono”, según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
La propuesta está recogida en un borrador de trabajo de la ley que el Ejecutivo está obligado a presentar para cumplir sus compromisos en materia de reducción de emisiones. Los objetivos que marca el borrador de ley para 2030 son rebajar un 20% las emisiones de CO2 y que para entonces la generación de electricidad provenga al menos en un 70% de fuentes renovables.
Según el ministerio, la propuesta de vetar la venta de vehículos de combustión (diésel, gasolina e híbridos) en 2040 es similar a la de Reino Unido, que ya ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y prohibirá su circulación en 2050; o Francia, que también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040. Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda quieren hacerlo en 2030 y Noruega en 2025.
El Gobierno entiende que con estas fechas “manda señales claras para dirigir la producción de vehículos” a las tecnologías sin emisiones, en línea con lo anunciado ya por fabricantes como Volvo (que ya ha anunciado que a partir de 2019 solo venderá coches eléctricos) o Toyota, pionera en el desarrollo de híbridos, que dejará de vender vehículos diésel en Europa de aquí a final de año.
3.000 MW de renovables al año
En materia de energías renovables, el borrador de trabajo del ministerio prevé el desarrollo, en el periodo 2020-2030, de procedimientos de concurrencia competitiva para impulsar la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios (MW) de potencia al año en instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y se insta al Ejecutivo a establecer “un marco normativo estable, predecible, eficiente y claro”.
En lo relativo a las redes de transporte, se habilita al Gobierno “para modificar, con carácter excepcional, aspectos puntuales de la planificación de la red de transporte de electricidad cuando se deriven situaciones que impidan lograr los objetivos de implantación de generación con energías de origen renovable”.
Recoge así el guante lanzado recientemente por Red Eléctrica, dueña de la red de alta tensión y cuyo presidente, Jordi Sevilla, pidió recientemente al Ejecutivo “una tramitación excepcional, extraordinaria y acortando plazos para todo lo que tenga que ver con inversiones vinculadas a la Transición Energética”, de cara a la nueva potencia renovable que se va a instalar en España en los próximos años para cumplir con sus objetivos de descarbonización.
El borrador también plantea vetar las actividades de fracking y que las prórrogas vigentes para la explotación de hidrocarburos “no podrán seguir más allá de 2040”. Además, “quedará prohibido el establecimiento de nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles”.
Se realizará un informe sobre el régimen fiscal que se les aplica, identificando las ayudas y medidas que favorecen su consumo y estableciendo “una propuesta de calendario para llevar a cabo su revisión, en línea con los objetivos de descarbonización”.
Por otro lado, “la Administración General del Estado no realizará nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles”.
