El 80% de los linces muertos por atropellos eran ejemplares liberados por el programa de recuperación de la especie
98 linces ibéricos han muerto atropellados en España en los últimos cinco años. El 80% eran ejemplares liberados tras su cría en el programa de recuperación de la especie, según los datos que el Gobierno ha tenido que facilitar al Congreso.
La lista incluye todos los linces que perecieron arrollados en carreteras (y vías férreas) entre 2012 y 2017. Muchos tenían nombre propio: Heleboro, Jarabugo, Greco, Gitana, Morgana, Nepal Kentaro, Khaleesi y así hasta casi ochenta. Muchos fueron protagonistas de fotos oficiales a la hora de su suelta en el medio natural.
“Al estar criados en cautividad no tienen la misma capacidad de reacción, adaptación. No existen estudios específicos, pero es evidente que son animales con un mayor riesgo. No han tenido el mismo periodo de aprendizaje en los primeros meses de vida”, opina Theo Oberhuber de Ecologistas en Acción.
También parece que estos ejemplares presentan un patrón de desplazamiento mayor una vez liberados para buscar un territorio adecuado (las zonas de suelta, aunque escogida por sus características favorables, son limitadas). Así, los rastreos han comprobado cómo ejemplares liberados en Castilla-La Mancha cruzan toda la Comunidad de Madrid o recorren muchos kilómetros al sur. Y cuantas más infraestructuras se cruzan, mayor riesgo.
Cada lince ibérico puesto en el campo ha implicado una inversión pública. El programa de reintroducción ha conseguido unos 70 millones de euros entre la aportación de la Unión Europea y nacional. El Ministerio de Medio Ambiente informaba en 2016 que, hasta ese momento, se habían liberado 145 ejemplares y que se planeaba soltar otros 31 en 2018 lo que dejaría la cifra en 176. Más de 300.000 euros por ejemplar. Un gran esfuerzo como para dejarlo perecer por un atropello.
La especie, con todo, salió de estado crítico a en peligro de extinción. En 2012 el censo oficial se cerró en 311 ejemplares (último descenso) y el de 2017 superará los 500, según el proyecto Iberlince, “un éxito”, dicen sus responsables. Ante los aumentos en los atropellos, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina contestó en 2015 que “hay más muertes porque la población ha aumentado”.
Una buena parte de esta mortalidad vial, que no deja de minar el multimillonario plan para sacar al felino de su estado de amenaza, se ha dado en vías bajo la competencia del Ministerio de Fomento: casi la mitad de accidentes fueron en autovías, carreteras nacionales y alguna vía férrea. El resto se distribuye en carreteras autonómicas o locales de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, según la respuesta del Ejecutivo al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. Los automóviles son la primera causa de muerte no natural de esta especie protegida.
Precisamente, el Gobierno ha invertido en convertir estas infraestructuras en más seguras (permeables al paso de fauna) cinco veces menos de lo comprometido. 500.000 euros en lugar de los 2,5 millones anunciados. Los ministerios de Medio Ambiente y Fomento han publicitado dos veces este compromiso. Una primera en junio de 2015 y otra segunda vez en noviembre de 2017 (un curso especialmente funesto en las carreteras con 21 linces fulminados). El diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde ha preguntado al Gobierno sobre las causas para no haber ejecutado estas inversiones prometidas.
Cuestión de seguridad vial
“A veces bastaría con limitar la velocidad en un tramo de carretera de poco más de un kilómetro”, recuerda Oberhuber. Los pasos de fauna, además de caros, se están revelando como una infraestructura lenta. Desde que se plantea hasta que se ejecuta pueden pasar tres años. A ese ritmo, caen muchos linces en esos puntos negros.
La organización WWF argumenta que el atropello de linces debería enfocarse ya desde un punto de vista de seguridad vial “los pasos lo utilizan todo tipo de fauna”, en lo que llaman “permeabilidad” de las vías: que las infraestructuras que atomizan el territorio puedan atravesarse de manera segura.
Cada año se registran entre 12.000 y 14.000 accidentes de tráfico con algún tipo de fauna involucrada, según los datos de la DGT. Las empresas de mantenimiento de carreteras cuentan que retiran 365.000 animales muertos anualmente. Los ecologistas calculan que la factura real debe ser mucho mayor: “Unos diez millones de vertebrados”.
Un estudio de la Universidad Complutense de 2016 quiso cuantificar el volumen económico que supone esta siniestralidad y concluyó que los 74.600 accidentes registrados entre 2006 y 2012 se llevaron más de 100 millones de euros “en gastos de ambulancia, hospitalización, pérdida de productividad, reparaciones, intervenciones de bomberos…”. Quedada fuera, y así se hacía constar, la pérdida de biodiversidad. Podría añadirse también el gasto público que cada ejemplar de lince ibérico criado y liberado se esfuma con cada atropello.
El caso diablo de Tasmania
La muerte de animales en las carreteras no es un problema exclusivo de España. En Europa se han calculado unas 500.000 colisiones por presencia de fauna en las vías. Cosa distinta es la manera de abordarlo.
Sirve de ejemplo cómo en Australia acaba de considerarse un problema de bienestar animal. Cómo argumento, se ha utilizado uno de sus animales emblemático: el diablo de Tasmania. Catalogado como en grave peligro de extinción, este mamífero padece una enfermedad exclusiva (un cáncer facial) que lo diezma a pasos agigantados. En su intento por salvar la especie, el Gobierno aplica un tratamietno específico a razón de 25.000 dólares por ejemplar. Hace unos días, cuatro diablos que habían recibido ese tratamiento murieron a las semenas de ser reintroducidos. ¿La razón? Atropellos de coches. Hasta el mismo lobby automovilista del país el que ha lanzado una campaña nacional para convencer a los conductores de que sean cuidadosos.
