Los seis reproches de la ONU al Gobierno por sus políticas de igualdad

España cuenta con un “impresionante” marco legislativo e institucional para luchar contra la discriminación de las mujeres pero las políticas avanzan en el sentido contrario. Así lo apuntan las observaciones de las expertas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra la mujer, que finalizaron este viernes su primer viaje oficial a España. El objetivo de la visita: evaluar los progresos en la eliminación de las barreras a las mujeres en distintos ámbitos. La delegación considera que algunas de las políticas estrella del Gobierno funcionan como obstáculos para la igualdad de género.

Bajo la lupa de las Naciones Unidas han pasado la representación de las mujeres en las instituciones, las condiciones a las que se ven expuestas en el mundo laboral y los estereotipos e imágenes que difunden la cultura y la educación, entre otros aspectos. La delegación del Grupo de Trabajo, presidido por la relatora Frances Raday, sitúa las raíces de la discriminación en “la cultura machista y en las actitudes patriarcales” que aún perduran en la sociedad española.

Tras varias reuniones durante diez días con diferentes representantes de las instituciones públicas y miembros de la sociedad civil, Raday lamentó ante la prensa este viernes que los planes “no han conseguido acabar con la desigualdad ni reducir el nivel de violencia contra las mujeres”. A pesar de los “innegables esfuerzos” que adjudicó a las autoridades españolas, la presidenta del grupo también destacó algunos puntos negros en la gestión del Ejecutivo para combatir esta lacra social.

El grupo de trabajo presentará un informe con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2015. “Antes de la revisión periódica de España y los Estados sí utilizan nuestros informes para hacer las preguntas a los países evaluados”, recuerda Frances Raday.

1. Fragmentación de los órganos de Igualdad

A pesar de que el Instituto de Mujer y las unidades de género en todos los ministerios merecen el reconocimiento de la agencia internacional, algunas reestructuraciones en el seno de las instituciones públicas en los últimos años preocupan a las expertas. “En 2010, el Ministerio de Igualdad fue disuelto y sus funciones fueron asignadas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y en 2014, el Instituto de la Mujer se convirtió en un órgano cuyo mandato abarca todas las formas de discriminación ”, apunta la agencia internacional.

En consecuencia, “la especialización de las instituciones sobre género es mucho menos visible”. Menos visibilidad y un menor enfoque desde una perspectiva de género.

2. Sin la asignatura de Educación para la Ciudadanía

Los estereotipos siguen vigentes en el sistema educativo, según lo que han podido comprobar las expertas de la ONU. “Los libros de texto siguen sin revisarse a pesar de las recomendaciones del Comité de la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer)”, expuso Frances Raday.

Además, la difusión de valores a favor de la igualdad de género se ha quedado sin una herramienta en las aulas. La única asignatura que trataba el tema de manera específica, Educación para la Ciudadanía, ha sido una de las víctimas de la nueva ley de educación del Gobierno, la LOMCE. “Los cambios educativos que se han hecho en España son contraproducentes”, denuncia la presidenta del grupo de la ONU, que considera que la asignatura debería ser obligatoria.

Al pasar a ser una materia opcional, las familias que eligen Religión no tienen acceso a estos contenidos “porque la asignatura religiosa no incluye la teología feminista”, apunta la relatora. “No se pueden marginar los derechos humanos al elegir la enseñanza religiosa”, concluye.

3. Los recortes en políticas sociales perjudican a las mujeres

Las prestaciones en materia de dependencia han sufrido importantes reducciones en algunas regiones de España. En total, el Sistema de Atención a la Dependencia había perdido en septiembre 33.077 beneficiarios desde enero, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cada día se dejó de atender a 140 personas.

“Todo esto da lugar a una privatización de la asistencia que perjudica a las mujeres”, señaló Frances Raday. Ellas son las que, en una situación de precariedad económica en la que el sistema público no cubre las necesidades de la familia, dejan el mercado laboral para cuidar a sus familiares.

“También pensamos que las medidas de austeridad han reducido los centros pensados para los niños de cero a 3 años”. De nuevo, ellas son las que más apartan sus carreras profesionales para ocuparse de sus hijos. En este sentido, la delegación recordó que el 70% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. “Y la mayoría no están empleadas en puestos de jornada completa porque no tienen acceso a ellos, no porque prefieran cuidar a sus familias”.

4. En contra de los cambios en la ley del aborto

La retirada de la reforma de la ley del aborto promovida por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fue recibida con los brazos abiertos por las expertas de la ONU. “El borrador provocaba la restricción de los derechos de las mujeres”, resumió Frances Raday.

Sin embargo, la delegación de las Naciones Unidas recomienda al Gobierno que abandone una de sus últimas apuestas al respecto: la modificación de la actual ley del aborto para que las jóvenes de 16 y 17 años necesiten obligatoriamente el consentimiento de sus padres para poder interrumpir sus embarazos. En su opinión, esta medida “restringirá aún más el acceso de las niñas a un aborto seguro y legal”.

5. Rechazo al aumento de las tasas judiciales

Luchar en los juzgados las injusticias que las expertas recogen en su informe tiene una barrera más desde 2012, gracias a la reforma de la administración de Justicia, también de manos del exministro Gallardón. “Nos cuentan que la subida de las tasas judiciales suponen un serio obstáculo que limita la posibilidad de litigar en causas civiles, familiares, laborales y administrativas”, recogen.

Además, el Gobierno aún tiene pendiente responder a la histórica condena de la ONU a España por negligencia en un caso de violencia de género. La hija de Ángela González fue asesinada por el exmarido de la mujer (y padre de la pequeña), después de que González hubiera denunciado en varias ocasiones el peligro que sufría su hija en manos de su maltratador. La CEDAW señaló la necesidad de formación de jueces, fiscales, abogados y las fuerzas del orden público para eliminar los estereotipos de género que había detectado en los juzgados españoles.

6. La exclusión sanitaria dificulta proteger contra la violencia machista

El real decreto 16/2012, conocido como el decreto de la exclusión sanitaria, llevó la firma de otra exministra. Ana Mato abanderó la exclusión sanitaria de más de 800.000 personas del sistema de salud público, entre las que destacan en número los inmigrantes sin permiso de residencia, que ya no tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada.

La política sanitaria del Ejecutivo, defendida también por el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, también se ha llevado un toque de atención de las Naciones Unidas. “Las mujeres inmigrantes nos cuentan que no tienen acceso a la asistencia sanitaria. Sólo cuando están embarazadas. El impacto es importante porque ellas aprovechaban las visitas al médico para buscar ayuda si sufren violencia de todo tipo, no sólo en su entorno íntimo”, resume Frances Raday.