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El Parlamento Europeo mandará una misión de investigación a Doñana por el almacén de gas

Greenpeace monta un campamento a la entrada del almacén de gas en Doñana

Raúl Rejón

El Europarlamento enviará una delegación a Doñana para investigar las repercusiones del proyecto gasístico que se desarrolla en el entorno del parque nacional. La comisión de Peticiones ha dado el visto bueno este miércoles a la petición que había formulado la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol. 

Ante la única posición contraria del Partido Popular Europeo, la presidenta de la comisión, Cecilia Wikstrom, ha dado vía libre a la misión parlamentaria que se desplazará a Doñana en septiembre u octubre de este año. El mandato será comprobar in situ las consecuencias de los almacenes y gasoductos que Gas Natural tiene proyectados en la zona. Albiol había solicitado que se verificara “sobre el terreno lo que puede suponer un proyecto gasístico de estas características en una zona considerada patrimonio mundial por la Unesco y que ha recibido ayudas económicas muy importantes de Bruselas”.

“El éxito de conseguir la misión a Doñana es el fruto de muchos grupos sociales. Ahora podremos evaluar el impacto del plan y el incumplimiento de varias directivas europeas”, ha comentado el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi tras conseguirse la delegación.

Para argumentar la necesidad de la delegación, Albiol se refirió al informe del Defensor del Pueblo que alertaba sobre los riesgos sísmicos que podría entrañar el almacenamiento subterráneo en Doñana. 

Poco después, un informe interno del Gobierno –redactado por el Instituto Geológico y Minero– señalaba que uno de los almacenes presentaba “peligrosidad alta” por inundaciones. También indicaba que la promotora había reducido ese riesgo en sus estudios previos.

Hace solo unos días, el Gobierno tuvo que contestar al diputado de Equo Juantxo López de Uralde sobre estos informes y admitió  por escrito que el Instituto Geológico, que señaló las deficiencias del estudio de riesgos de Gas Natural, debe “validar” los pasos adicionales de la empresa. Ahora, es la cámara europea la que indagará sobre las repercusiones de la infraestructura proyectada. 

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