Un senado ciudadano de 100 personas se reunirá desde otoño para influir en las políticas contra el cambio climático

Una asamblea ciudadana de cien personas escogidas aleatoriamente se reunirá a partir de otoño para aportar la perspectiva de la sociedad a las políticas contra el cambio climático. Las medidas que recomienden tomar deberán llegar al Congreso en el primer trimestre de 2022. “Queremos que arranque en octubre”, explican en el Miniterio de Transición Ecológica, encargado de articular este foro al que obliga la recientemente aprobada ley de cambio climático.

Esta especie de senado ciudadano fue anunciado por el Gobierno al realizar la declaración de emergencia climática en enero de 2020 y ahora es un mandato legal. Se trata de un centenar de personas “representativas de la diversidad y complejidad de la sociedad española”, según prevén en Transición Ecológica, que generará debate público y aportará voz a la ciudadanía sobre cómo cambiar los modelos de consumo, la manera de producir y los hábitos diarios para afrontar las causas y consencuencias de la crisis climática. Al mismo tiempo se pretende dar un formato de presión hacia las administraciones públicas.

Los miembros de la asamblea se reclutarán de manera aleatoria, pero el proceso debe cumplir una serie de criterios generales de equilibrio para que sea lo más representantivo posible: género, edad, medio rural o urbano, distribución geográfica o conocimientos sobre el cambio climático. La fórmula definitiva para incorporar a los asamblearios será llevada a cabo por una entidad externa al Gobierno.

Además, este nuevo foro contará con un grupo de expertos independientes encargados de facilitar la mejor información posible a los miembros sobre los temas que vayan a tratar en sus sesiones. El proyecto diseñado por el Ministerio incluye cinco sesiones en fines de semana con una remuneración, en principio, equivalente a las participaciones en las mesas electorales. La idea es que haya un calendario prefijado antes de que se recluten los asamblearios para que los escogidos puedan, si quieren, comprometerse y organizarse previamente. Cada sesión tendrá una fase previa de información, otra de deliberación entre los participantes y una final de conclusiones y recomendaciones.

¿De qué van a hablar?

El Ejecutivo ha explicado que, en una primera etapa, se lanzará una consulta pública para ver qué áreas son las más prioritarias desde el punto de vista ciudadano. Después, ese grupo de expertos deberá concretar los aspectos más precisos sobre los que tendrá que reflexionar la asamblea y ofrecer la información necesaria y “equilibrada” para abordar esos campos. En la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) entienden que ya nadie –o casi nadie– duda sobre la necesidad de las políticas climáticas, pero otra cosa distinta es decidir cuáles adoptar o cuáles son más acuciantes. Ahí es donde el trabajo de la asamblea debe ser valioso. Antes de que se active la asamblea como tal, Transición Ecológica planea lanzar una campaña de información y sensibilización sobre este foro de manera que se tenga una idea más o menos precisa sobre su importancia y función.

El objetivo final de estas sesiones es obtener una batería de recomendaciones pegadas a la realidad de los ciudadanos, aunque no serán vinculantes para los poderes públicos. Esas recomendaciones serán trasladadas, además de al Gobierno, al Congreso de los Diputados. La Oficina considera que es lo más adecuado porque allí confluyen, se unifican y cristalizan todas las iniciativas. De esa manera, creen, podrán influir en las muchas normativas que quedan pordesarrollar relacionadas con la lucha climática. “Cremos que es ahí donde mejor van a actuar esas recomendaciones”, explican en la OECC que defiende que en otras partes como Reino Unido, este sistema ha permitido “aterrizar” los debates en aspectos concretos.

Una vez en la Cortes, esas medidas podrán pasar a formar parte de las negociaciones parlamentarias para que terminen por aplicarse efectivamente. “El ejercicio es tener esas recomendaciones y, en lo posible, darles una respuesta legistativa, social o financiera”, afirman en el Gobierno.