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El gobierno de Baleares asocia los transgénicos con problemas de salud en contra del consenso científico

Una plantación de maíz transgénico en Brasil

Teguayco Pinto

“Promover una alimentación sana libre de transgénicos y equilibrada” es uno de los objetivos del nuevo gobierno de las Islas Baleares, conformado por PSOE, Podemos y Més, según consta en el boletín oficial de la comunidad publicado el pasado 3 de julio. Con esta decisión, la Conselleria de Agricultura, dirigida por Mae de la Concha, se posiciona contra los transgénicos y los asocia a problemas de salud, a pesar de que los estudios realizados hasta la fecha muestran que son seguros. Desde la Conselleria han matizado de forma posterior a la publicación de la noticia que ese texto publicado en el BOIB no era el “autorizado” y se modificará este punto.

No es la primera vez que un gobierno nacional, autonómico o municipal se declara en contra los transgénicos. Desde que, en 1986, la empresa Monsanto creó la primera planta genéticamente modificada, estos organismos han sido vistos con recelo por muchas corporaciones, especialmente en la Unión Europea, donde 17 países han prohibido su cultivo y cientos de gobiernos municipales se han declarado libres de transgénicos.

Sin embargo, la mayoría de estas declaraciones se realizaron a principios de siglo, cuando, a pesar de que ya había estudios que mostraban la seguridad de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), las grandes instituciones científicas no se habían posicionado de forma clara sobre este asunto y no se habían realizado los metaanálisis de los que se dispone hoy en día.

Fue en esa época cuando hasta cinco comunidades autónomas españolas realizaron declaraciones oficiales en contra de los OMG, como Asturias, en 2004, el País Vasco, en 2007 o a comunidad autónoma de Canarias, en 2008, cuando se declaró zona libre de transgénicos, aunque dichas declaraciones tenían más valor simbólico que legal.

Ayuntamientos contra los transgénicos

También varias docenas de municipios españoles se han declarado libres de transgénicos, según asegura la organización ecologista Amigos de la Tierra. La plataforma Ahora Madrid, por ejemplo, llevaba en su programa electoral de 2015 declarar la ciudad capitalina como una zona libre de transgénicos, porque, según aseguraban, éstos “suponen un riesgo para el medio ambiente y para la salud”.

En 2016 se publicó la mayor revisión de estudios científicos sobre el impacto de estos productos, realizada por la Academia Nacional de Ciencias de EEUU (ANC), y los investigadores concluyeron que no hay prueba de que los transgénicos tengan un impacto negativo en la salud de las personas, ni existen pruebas de que causen problemas medioambientales.

Tanto la Organización Mundial de la Salud, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se han pronunciado sobre estos organismos, indicando que “no se han observado daños al medio ambiente ni a la salud en ninguna parte del mundo”.

Otras organizaciones científicas como la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia o la Asociación Médica Americana confirman la seguridad de esta tecnología, mientras que la Comisión Europea ha financiado más de 120 proyectos de investigación sobre la seguridad de los cultivos transgénicos y no ha encontrado ningún riesgo asociado a este tipo de productos.

De riesgo para la salud al glifosato

La publicación de estos estudios no ha terminado con la oposición a los transgénicos, pero sí ha modificado el discurso de los críticos, que ya no señalan tanto los supuestos riesgos para la salud o el medio ambiente, como otros posibles problemas asociados al cultivo de los OMG, por lo que posiciones como la del gobierno balear, cuyos responsables no han querido responder a las preguntas de eldiario.es, son menos frecuentes.

En la actualidad, los críticos con los transgénicos siguen asegurando que hay demasiadas incertidumbres, pero insisten sobre todo en que estos cultivos promueven un modelo de agricultura altamente industrializado“ y señalan los problemas generados por el glifosato, un herbicida de uso frecuente en los campos cultivados con algunas variedades de soja, maíz o algodón transgénico, que han sido diseñados para resistir a este herbicida.

En esta línea, el estudio publicado por la ANC reconoce que la resistencia de los transgénicos al glifosato está causando “un problema agrícola de primera magnitud”, precisamente porque su utilización masiva en algunas regiones ha provocado la aparición de malas hierbas resistentes a este herbicida, aunque aclara que esto sucede en los lugares donde no se siguen los protocolos de seguridad. Además, el glifosato ha sido clasificado como “probablemente cancerígeno” por parte de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, aunque esta decisión está aún bajo debate científico.

Ni transgénicos, ni CRISPR

Las críticas sobre el modelo de agricultura también planea sobre los futuros organismos obtenidos por edición genética, a pesar de que las nuevas herramientas de edición, como CRISPR-Cas9, no añaden ADN de otras especies, como ocurre con los transgénicos, sino que modifican la información de la propia planta, algo que ya se hace mediante otros métodos de mejora vegetal convencionales que sí son ampliamente aceptados.

Los científicos señalan que, por lo tanto, estos nuevos organismos no representan un riesgo adicional para el medio ambiente y la salud humana y aseguran que los cultivos serán indistinguibles de los convencionales. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció el pasado año que se debe tratar a estos cultivos como si fueran transgénicos, lo que supone que se les aplicará una legislación especialmente restrictiva.

Esta decisión, celebrada por los ecologistas, ha sido criticada de forma prácticamente unánime por la comunidad científica y va en sentido contrario al resto de potencias internacionales, que han considerado que los organismos modificados por edición genética son equivalentes a los convencionales. Incluso Rusia, cuya legislación prohíbe el cultivo de transgénicos, ha aprobado el uso de esta nueva técnica y ha anunciado un ambicioso proyecto de más 1.500 millones de euros, cuyo objetivo es la creación de 30 nuevas variedades de cultivos y animales.

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