Barcelona confía que la Ley de Vivienda recoja su modelo de reserva de pisos sociales y no lo tumbe
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue una de las más entusiastas a la hora de salir a celebrar el acuerdo entre PSOE y Unidas podemos para sacar adelante la Ley de Vivienda, pero la letra pequeña del texto, todavía por definir, podría dar al traste con una de sus políticas estrella en la capital catalana: la obligación de que todas las nuevas promociones reserven un 30% de sus viviendas a uso social.
La intención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según adelantó La Vanguardia este martes, es que los municipios puedan fijar como obligatoria la reserva de este porcentaje para viviendas protegidas, pero siempre que compensen económicamente a los promotores o con cesiones de suelo equivalentes en otras zonas. Esto supondría desmantelar la medida que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona en 2018 –validada por la Generalitat–, que establece que deben ser las empresas las que asuman el coste.
Por Pau Rodríguez.
