El Gobierno se fija como reto inminente tumbar la reforma laboral tras aprobar las cuentas más expansivas
“España no está en bancarrota”. Con esas palabras ha rechazado Pedro Sánchez los malos augurios que presagia Pablo Casado cuando se acerca la mitad de la legislatura y el Gobierno empieza a ver la luz al final del túnel de la pandemia. Ha sido durante la sesión de control en el Congreso apenas tres horas antes de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solemnizara la entrega de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 con los que la coalición quiere dejar atrás los meses más duros de la COVID-19 que, además de miles de vidas ha supuesto una carísima factura económica al país.
El objetivo, tras el éxito de la vacunación, repetían el presidente y sus ministros era pasar página a la crisis en la segunda mitad del mandato. Y el reto inminente que se marca es desmontar la reforma laboral del PP, un compromiso recurrente del Gobierno, que había pactado por escrito con sus socios parlamentarios pero difícil de implementar durante los meses de erte y destrucción de empleo, consecuencia de parar la actividad de casi un país entero.
Un análisis de Irene Castro y Laura Olías.
