El acuerdo para la Ley de Vivienda, clave para desencallar los Presupuestos
El acuerdo para la Ley de Vivienda ha sido una de las clave durante las negociaciones entre los socios del Gobierno para los Presupuestos Generales de 2022. Tras un año de enquistamiento, la Secretaría de Estado de Comunicación ha anunciado un acuerdo que supone la “regulación de precios para bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado” y la “retirada de privilegios fiscales” para grandes propietarios.
En los últimos días se han intensificado las conversaciones entre los socios de la coalición. Este lunes mantuvieron una reunión los ministros de Hacienda, el de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Transportes, Raquel Sánchez, -y el secretario general de Vivienda, David Lucas-, por la parte socialista junto con la de Derechos Sociales, Ione Belarra, para abordar la ley de vivienda, pero no alcanzaron un acuerdo en aquel momento.
Los socialistas insistían en su negativa a poner un precio tope a los alquileres en las zonas tensionadas y apostaban por un sistema de incentivos fiscales a los propietarios así como en congelar los contratos como fórmula para limitar los precios. Esa fórmula no convencía a Unidas Podemos, que consideraba que incumplía incluso el acuerdo programático. En la reunión del lunes, Belarra planteó que el techo a los precios operara solo para los grandes propietarios.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dado por hecho el acuerdo y que contendrá una regulación de los precios del alquiler en los términos en los que la exigía el grupo confederal.
Informan Irene Castro y Laura Galaup.