La nueva Ley de Vivienda nace condicionada por el bloqueo de comunidades y ayuntamientos del PP

La ejecución de una de las medidas estrella del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos va a quedar en manos, bien de las Comunidades Autónomas, bien de los Ayuntamientos, lo que aboca a la Ley de Vivienda a quedar descafeinada. El PP se ha mostrado desde el primer momento contrario a la nueva norma, lo que hará difícil su ejecución en las administraciones que gobiernan.

Serán las administraciones autonómicas y locales las que determinen su implementación. Por un lado, las comunidades tienen transferidas las competencias en vivienda. Y, en este caso, son ellas las que tienen que solicitar la existencia de áreas “tensionadas”, con más presión al alza en los alquileres y donde se podrán aplicar los mecanismos de control de precios que diseña la nueva ley. Por otro lado, porque son los ayuntamientos a quienes corresponde el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la recarga en este para los pisos que permanezcan vacíos un largo periodo de tiempo.

Escribe Cristina G. Bolinches.