El informe de Castilla y León sobre las residencias: 191 páginas, más de 2.000 muertos y pocas explicaciones sobre la atención sanitaria
Hasta el 30 de septiembre 2.707 ancianos de las residencias de Castilla y León fallecieron por la COVID-19 o con sospecha de padecerla. De esas casi 3.000 muertes, 1.776 se produjeron en los centros sociosanitarios. Los ancianos eran “preferiblemente” tratados en las residencias, no en el hospital. La Junta de Castilla y León trataba de evitar el colapso del sistema hospitalario y adujo que estaban mejor en los centros, donde se les procuraba “hospitalización domiciliaria”.
Tanto el alto número de muertes, como las quejas de las residencias por la falta de medios y de atención, como los protocolos que manejaba la Junta que indicaban que “en ningún caso” se los trasladaría a los hospitales y que fueron publicados por elDiario.es, abrieron el debate social y político sobre la gestión de la pandemia en los centros sociosanitarios de la Comunidad.
El 'pacto de reconstrucción' que firmaron todos los grupos parlamentarios a excepción de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Vox, llevaba como compromiso fundamental hacer un informe sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos. Era la forma de aplacar los ánimos de la oposición que había planteado crear una comisión de investigación.
Lo cuenta Laura Cornejo.
