El 15M clama en su séptimo aniversario contra el retroceso en la libertad de expresión

Siete años después de aquella explosión de libertades que fue el 15M, de sus marchas multitudinarias, las acampadas y el despertar de una generación que amplificó el descontento social en lo peor de la crisis, lo que queda de aquel movimiento conmemora este martes el aniversario en un acto en Madrid que subirá al atril al rapero Valtonyc, condenado a tres años y seis meses de cárcel por injurias a la Corona en las letras de sus canciones.

Pocos podían imaginar que aquellas protestas frente al Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y la clase política en general que la juventud española internacionalizó desde las plazas a las portadas de la prensa extranjera hubiesen desembocado en un presidente del Gobierno del PP, que tras agravar los recortes diseñó una serie de cambios en el Código Penal para criminalizar las protestas.

Un lustro largo después, se han encarcelado titiriteros, se han multiplicado por cuatro las condenas por enaltecimiento del terrorismo en España justo cuando ETA ha dejado de matar, y se ha secuestrado por orden judicial un libro, Fariña, de Nacho Carretero, que narraba los manejos del narcotráfico y cómo los capos se han mezclado con la clase política en Galicia durante décadas, tras la reclamación de un alcalde condenado por blanquear dinero de los clanes colombianos.

En 2018 los derechos civiles han retrocedido en España con respecto a siete años antes. La conmemoración de la fecha coincide con el ultimátum que la Audiencia Nacional ha dado al rapero Valtonyc para que entre en prisión, este lunes le han confirmado que tiene un plazo de 10 días. Los colectivos sociales van a aprovechar este aniversario para convocar una nueva protesta en la Puerta del Sol con la que pretenden reivindicar el deterioro de la libertad de expresión en nuestro país.

Amnistía Internacional (AI) ya advirtió en su informe anual de los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España. La ONG alertó en su balance de 2017 que se “restringió desproporcionadamente” este derecho y el de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales.

Aprobación de la ley mordaza

Desde esta organización identifican dos puntos claves en los que esta libertad ha comenzado a estar “amenazada”: la modificación del Código Penal y la aprobación de la Ley Mordaza. “Esto produce autocensura. La gente tiene miedo a salir a la calle y protestar. Animamos a la sociedad a que se siga movilizando”, responde Beatriz Perales, responsable de Campañas e Investigación de AI, sobre las consecuencias que tiene la aplicación de esta normativa.

“Nos hemos encontrado ante un giro alarmante y muy rápido en la respuesta de los poderes públicos en relación con la represión penal y administrativa de actos de libertad de expresión en muy diversos campos”, incide Jacobo Dopico, catedrático acreditado de Derecho Penal, y alerta sobre los casos como la represión de algunas manifestaciones, los procesos penales contra quienes queman fotos del rey o las condenas a creadores.

Lo preocupante, dice, es que no son casos puntuales: “Se ha ido superando el plano de lo anecdótico, nos hemos encontrado con una auténtica tendencia en la respuesta policial, en los escritos de algunas fiscalías y en distintos órganos jurisdiccionales”. La tendencia “se ha ido encauzando con una serie de figuras que no estaban pensadas para esto, como los delitos de enaltecimiento del terrorismo, el delito de odio o el delito contra los sentimientos religiosos”.

Raperos y tuiteros condenados por enaltecimiento

Este profesor no quita responsabilidad al Gobierno. Recuerda que en 2012 el Ministerio del Interior ya respondió a algunas movilizaciones pidiendo un endurecimiento del Código Penal para castigar ciertas conductas que ya estaban castigadas por la ley. Ahí es cuando se avanzó que se iban a utilizar ciertos instrumentos legislativos propios de la represión del crimen organizado para reprimir conductas como la convocatoria por internet de manifestaciones que causasen desórdenes.

Para revertir plantea, en primer lugar, que “en el ámbito judicial se haga una interpretación de estas figuras que sea especialmente vigilante para proteger libertad de expresión”. Señala que cierta jurisprudencia ya está en ese camino. “En algunos ámbitos estamos asistiendo a cierta ‘recogida de cable’, como por ejemplo en las rectificaciones que el Tribunal Supremo ha realizado a la que podríamos llamar ‘la doctrina Strawberry’. Es fundamental seguir ahondando en esa línea”. En esta tarea está incidiendo, en su opinión, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la quema de banderas.

En los últimos años las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por cuatro desde que ETA dejó de matar. Desde el cese de la violencia, en 2011, hasta 2018 se produjeron 121 sentencias por apología de ETA, cuatro veces más que en los siete años anteriores.

AI denunció en su informe anual este aumento. En él recogían, entre otros, el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada por la Audiencia Nacional a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco y absuelta posteriormente por el Tribunal Supremo.

El experto internacional en materia de libertad de expresión y regulación de medios Joan Barata considera que el aumento de estas sentencias está relacionado con la “explosión del uso de redes sociales”. “Ha provocado que determinados mensajes que eran marginales sean más visibles y algunos han pensado que había que reaccionar a este cambio”, apunta.

Sin embargo, Barata considera que en casos como el de Valtonyc, la justicia ha conseguido lo contrario, ya que la condena de tres años y medio de cárcel le ha hecho “más popular” entre la sociedad. “Mucha gente no le conocía y tras la decisión de la Audiencia Nacional, sus letras han sido publicadas, republicadas y escuchadas”, incide.

En marzo la Audiencia Nacional condenó también a otro rapero, a Pablo Hasel, por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona por ensalzar a figuras de miembros de las bandas terroristas ETA y Grapo en su perfil de Twitter. A esta pena, que conlleva dos años y un día de cárcel y multa de 24.300 euros, se une una condena previa de dos años por otro delito de enaltecimiento del terrorismo en 2015. Actualmente, está a la espera de que el Supremo confirme el fallo más reciente para saber si tendrá que ir a la cárcel por la suma de esta nueva sentencia a la anterior.

Al líder de Def con Dos, César Strawberry, también le condenaron en 2017 por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA, y sobre la muerte de Luis Carrero Blanco. “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta a los GRAPO” o “cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco” son algunos de los mensajes por los que la Sala de lo Penal le consideró culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Para el experto Barata estos casos demuestran cómo los jueces están realizando un “uso abusivo” del delito de apología del terrorismo. Este abogado considera que los magistrados españoles no interpretan estas penas en “coherencia con la jurisprudencia del tribunal de Derechos Humanos”.

Varapalo de Estrasburgo

Estrasburgo ya ha advertido al Estado español del recorte de libertades. Hace un par de meses ese tribunal dio un varapalo a la justicia española al determinar que quemar fotos de los reyes es libertad de expresión. La justicia europea admitió a trámite el recurso de dos jóvenes que fueron condenados en 2008 por la Audiencia Nacional a una pena de quince meses de prisión, sustituida por una multa de 2.700 euros, por quemar una foto de los reyes en en Girona en protesta por la visita a la ciudad de Juan Carlos I y Sofía.

Más allá de las redes sociales, la libertad de expresión también está siendo cuestionada. Una jueza de Collado Villalba (Madrid) acordó secuestrar el libro Fariña, obra en la que se profundiza en la historia del narcotráfico gallego. Tomó esta decisión a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) que demandó al autor y a la editorial por supuesta vulneración de su derecho al honor. Así consiguió no solo el secuestro, también se prohibió la impresión y comercialización de nuevos ejemplares.

Esta decisión fue una de las escogidas por el periódico estadounidense The New Tork Times para reseñar que en España los riesgos para la libertad de expresión se han incrementado “discretamente” en los últimos años. En el repaso que hacían también incluyeron la retirada en ARCO de la obra de Santiago Sierra que retrataba a Junqueras y los Jordis como presos políticos y la condena al rapero Valtonyc por las letras de sus canciones.

Este medio internacional destacó que IFEMA no citó ninguna ley para pedir la retirada de la obra Presos políticos en la España contemporánea, desde este pabellón de congresos argumentaron que la “polémica” provocada en los medios de comunicación por la exhibición de las piezas “perjudicaba la visibilidad del conjunto de los contenidos de ARCO”.

En este contexto el 15M vuelve a la calle para celebrar su aniversario. En Madrid, los convocantes han organizado una concentración bajo el lema 'Confluyamos por los derechos y las libertades' en la Puerta del Sol, el kilómetro cero de la movilización que implicó a la ciudadanía en la actividad política. Esta fecha no solo se celebrará en la capital, en Valencia, Las Palmas, Barcelona y Almería también han organizado actividades.