Dejar al perro en la terraza pasa a ser infracción y abre la puerta a multas con la nueva Ley de Bienestar Animal
Quien convive con un animal en casa acaba organizando su día en función de sus necesidades, prepara horarios para sacarlo o darle de comer y adapta incluso los viajes para no dejarlo desatendido. En España, las mascotas han pasado a ocupar un lugar principal dentro del hogar, con una presencia que ya no se limita a acompañar, sino que implica un cuidado diario, gastos y atención continua.
Esa cercanía ha llevado a una mayor concienciación animal, que se traduce en cambios evidentes en la forma de convivir con perros, gatos u otras especies. Esa forma de vida implica también asumir límites claros sobre cuánto tiempo pueden estar solos y en qué condiciones deben permanecer.
La ley prohíbe dejar animales en ciertos espacios habituales
La Ley de Bienestar Animal aprobada en marzo de 2023 fija esas obligaciones y establece sanciones económicas cuando no se cumplen, tal como recoge el Boletín Oficial del Estado. El texto legal señala que su objetivo es “garantizar la protección de los animales, en general y, particularmente, de los animales que viven en el entorno humano”. También indica que busca “regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad”.
La norma no se queda en una declaración general, ya que concreta situaciones en las que el cuidado se considera insuficiente y detalla las consecuencias legales. El artículo 27 introduce restricciones claras sobre dónde pueden permanecer los animales y durante cuánto tiempo pueden estar sin vigilancia. Está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos, ya que esas ubicaciones limitan su bienestar diario.
Además, se fija un límite temporal para evitar abandonos encubiertos dentro del propio domicilio. Ningún animal puede quedar sin supervisión durante más de tres días seguidos, una regla que afecta a gatos, hurones y otras especies que conviven en casa. En el caso de los perros, ese plazo se reduce a 24 horas, ya que requieren atención más frecuente.
Ese límite tiene efectos directos en situaciones habituales como un viaje o una ausencia prolongada. Dejar a un animal con comida y agua para varios días no cumple con la norma, aunque a simple vista parezca suficiente.
La ley considera que la supervisión implica presencia real o el cuidado de otra persona que se haga cargo del animal durante ese tiempo. Cuando no hay daños físicos ni cambios en su comportamiento, esa conducta se encuadra como infracción leve, según el artículo 73, que define este tipo de faltas como acciones u omisiones que incumplen obligaciones sin causar perjuicio directo.
La falta de microchip dificulta devolverlos a sus familias
El contexto en el que se aplica esta regulación es amplio. En España conviven más de 20 millones de animales de compañía, y uno de cada tres hogares tiene al menos uno. Esa presencia masiva explica por qué la norma pone el foco en hábitos cotidianos, ya que afectan a millones de casos.
También aparecen datos que reflejan un problema claro de identificación de los animales. Cuando un perro o un gato llega a un centro de acogida, en muchos casos no se puede saber de quién es porque no lleva microchip, que funciona como un sistema de identificación con los datos del propietario.
Solo un 27% de los perros están identificados de esta forma, y en los gatos el porcentaje cae hasta el 4,3%. Esa falta de identificación complica mucho poder localizar a la familia y devolver el animal a casa, incluso en situaciones en las que no ha habido abandono intencionado.
Las multas varían según la gravedad del incumplimiento
La ley distingue tres niveles de infracción en función del daño causado o del incumplimiento. Las leves abarcan descuidos o faltas administrativas sin consecuencias físicas para el animal. Las graves incluyen situaciones que generan sufrimiento, como no identificar al animal o utilizarlo como premio en sorteos. Las muy graves se reservan para casos extremos, como la muerte del animal o su sacrificio sin autorización, siempre que no constituya delito.
Cada nivel lleva asociada una sanción económica distinta. Las infracciones leves pueden suponer un apercibimiento o multas que van de 500 a 10.000 euros. Las graves elevan la sanción hasta una horquilla de 10.001 a 50.000 euros, como ocurre cuando se mantiene a perros o gatos de forma habitual en espacios inadecuados. Las muy graves alcanzan cifras más altas, entre 50.001 y 200.000 euros, en situaciones como el adiestramiento para peleas o el uso de animales para consumo humano fuera de los supuestos permitidos.
Este sistema de sanciones busca que el cuidado deje de depender solo de la voluntad de cada persona y pase a tener consecuencias claras cuando no se cumple. La norma introduce así una relación directa entre conducta y multa, con cantidades que obligan a replantear hábitos que antes podían pasar desapercibidos.
De esta manera, dejar a un animal sin supervisión durante días, aunque tenga alimento y agua, deja de ser una decisión privada sin consecuencias y pasa a ser un incumplimiento tipificado por la ley.
La ley redefine cómo se convive con animales en casa
Ese cambio también tiene un efecto en la forma en la que se entiende la convivencia con animales. La presencia de multas elevadas empuja a buscar soluciones como dejar al animal al cuidado de otra persona cuando no se puede atender. Ese tipo de decisiones se convierten en parte del día a día, igual que alimentar o sacar a pasear.
El objetivo final de la ley aparece en su planteamiento inicial, que sitúa la protección y la dignidad de los animales como una responsabilidad social. Ese planteamiento se traduce en normas concretas que afectan a acciones diarias dentro de casa y en la forma en la que se organiza la vida con un animal, desde el tiempo que permanece solo hasta el lugar en el que pasa las horas cuando no hay nadie en casa.
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