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El deber de Sánchez es el deber de todos

El nuevo presidente no puede defraudar, ni las voces partidarias dentro de su propia formación exigirle mano dura con aquellos que les han apoyado ahora a desbancar al dirigente de un partido manchado por la corrupción

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Toma de posesión de Pedro Sánchez en el Palacio de la Zarzuela.

Toma de posesión de Pedro Sánchez en el Palacio de la Zarzuela. Casa Real

Vivimos unos momentos vertiginosos. Nuestra vida política y social ha dado un vuelco que hace dos semanas no estábamos en disposición de sospechar. La moción de censura presentada por el PSOE como indignada reacción a la corrupción que afecta y protagoniza, desde hace tiempo, al menos desde 2009, el Partido Popular y muchos de sus más connotados dirigentes de la época de Aznar y de la posterior de Mariano Rajoy, ha llevado a que el sábado día 2 de junio, (curiosamente el mismo que hace 4 años (2014) el rey Juan Carlos I anunció su abdicación), el líder socialista Pedro Sánchez haya prometido su cargo sin biblia ni crucifijo. Solo la Constitución como único libro fundamental al que guardar lealtad. Por fin, el compromiso de un presidente del Gobierno con otro precepto básico de la Carta Magna: el de mantenerse en el ámbito de un estado laico y no confesional. La inquisición, monseñores como Rouco y Munilla, las medallas de honor de la policía a las vírgenes, el canto del novio de la muerte, la imagen de Cristo en alza por varios ministros y tantos otros remakes de épocas oscuras, los ha dejado Sánchez en su justo lugar: en el pasado.

Con ello se ha ganado enemigos nuevos, o mejor dicho los enemigos que siempre han estado ahí, dispuestos a abalanzarse contra él para evitar que alcanzara la posición que hoy detenta. Tan de nuevas es esta situación, tan poco preparados nos ha pillado que este mismo sábado los ciudadanos caíamos en la cuenta de que míticos nombres de nuestras pesadillas diarias (Montoro, Cospedal, Zoido, Catalá…) ya no estaban vigentes. Se acabó. ¡Caput!

No es baladí esta sensación de asombro. El viernes, en sede parlamentaria, asistimos al bochornoso espectáculo del portavoz popular señor Hernando que además de arremeter contra el PSOE, contra Ciudadanos, contra todos los grupos que no son de su cuerda, se permitió la insolencia, cuando no excrecencia, de insultar lisa y llanamente a uno de los magistrados que había firmado la sentencia que condenaba por delitos relacionados con corrupción a varios dirigentes en su día (no tan lejano) del Partido Popular; señalaba la existencia de un sistema institucionalizado de corrupción; una caja B desde los orígenes del mismo; el aprovechamiento de fondos ilícitos y la falta de credibilidad del testimonio, ni más ni menos, que del presidente del Gobierno señor Rajoy en su comparecencia judicial en el juicio en julio pasado. Por siempre quedará estigmatizado este responsable político con la tacha peor que puede haber contra un testigo judicial: que el tribunal diga que no te ha creído.

Las palabras de Hernando fueron hirientes y reiteraban las de otros responsables del mismo grupo político en lo que parece va a ser una línea de acción en lo sucesivo. Mostraban además una desvergüenza, una falta de respeto y una soberbia propias de quienes se han creído durante años dueños de la impunidad, señores de la manipulación, señoritos de un cortijo llamado España que han manejado a su antojo.

Hernando, sus coetáneos populares y muchos de los que les antecedieron, consideran que se encuentran en su derecho de quitar y poner cargos como peones en el tablero de sus intereses, incluidos los jueces y los fiscales. Tan acostumbrados están a hacer lo que les parece mejor saltando sobre la legalidad y el bienestar general que el “popular” ofendió al citado juez desde su posición superior de diputado, amparado por una inmunidad parlamentaria que, desde luego, no debe ser utilizada para injuriar o ultrajar a un miembro de un poder independiente del Estado, como lo es el Poder Judicial, respecto de su actuación concreta en una sentencia. El desprecio a la división de poderes ha sido palmario.

¿Qué hubiera pasado de haberse tratado de un representante de Podemos o de los propios socialistas quienes se hubieran manifestado en tales términos contra un juez conservador en una situación similar? No quiero ni pensar en la retahíla de barbaridades que hubiéramos tenido que escuchar y en la difusión amplificada por sus voceros de la caverna que, por cierto, están también con el paso cambiado a la espera de saber si van a perder los privilegios, la publicidad institucional para sus medios o los ingresos añadidos por aparecer en tales o cuales tertulias aplaudiendo a sus áulicos “empleadores”.

Mientras tanto ¿dónde está la indignada respuesta del órgano de gobierno de los jueces? El consejo General del Poder Judicial no ha hecho público de inmediato acuerdo alguno exigiendo al diputado que se retracte. No se ha reunido de urgencia, ni en Pleno ni en Comisión Permanente. Tal retraso contrasta con la velocidad con la que el presidente Carlos Lesmes convocó aquella para evitar que el mismo juez acudiera a la vistilla que debía decidir sobre la situación de prisión o libertad de los sentenciados y sobre otros asuntos relacionados con la resolución que es habitual adopten los jueces que llevaron a término el proceso. Sin olvidar que hubo un empate entre los cuatro vocales y que finalmente se optó por impedir la presencia del magistrado gracias al voto de calidad del muy conservador Lesmes.

Ojalá que en el terreno de la justicia ese cambio de gobierno sirva también para dejar que los tribunales trabajen sin interferencias ni presiones. Esa es una encomienda primordial. Y que la Fiscalía no acuda a traducir en querellas – como en los últimos años ha ocurrido- los peores delirios de los gobernantes populares. Es decir, que una pelea de bar no se convierta en una resurrección impostada de ETA (así lo ha establecido una sentencia); que insultos y zafiedades no se traduzcan en intención de enaltecer el terrorismo. Y, ya puestos, es misión fundamental liberar a banderas e himnos del secuestro a que los tienen sometidos unos y otros, del mismo modo que es preciso rescatar el concepto de Patria de la apropiación indebida a que la someten el Partido Popular y su aprendiz Ciudadanos.

Son tareas más complejas sin duda que las meramente materiales. Resulta evidente, en este sentido, que la principal obligación que tiene ahora el presidente Sánchez es la de gobernar, pero sobre todo, debe ser consciente de todo lo que se le ha cedido para que ocupe la presidencia. Seamos objetivos: muchos, al votar a favor de la moción, han retirado o consentido planteamientos hasta ese momento irrenunciables, cosas tales como el apoyo del PSOE al 155, un artículo pactado en su día con Ciudadanos, partido que, por cierto, en base a sus intereses electorales ha preferido esconderse en un momento histórico quedando de parte de la corrupción, cuando estaba en juego la dignidad política y la credibilidad de un sistema democrático altamente cuestionado por tal lacra. Otros han renunciado a polémicas y posiciones de ataque e incluso han ofrecido apoyo. Sin olvidar también a los que se han arriesgado a perder los presupuestos.

El nuevo presidente no puede defraudar, ni las voces partidarias dentro de su propia formación exigirle mano dura con aquellos que les han apoyado ahora a desbancar al dirigente de un partido manchado por la corrupción. Sánchez no ha traicionado a nadie en el PSOE. Ha tenido por el contrario la valentía de beber el cáliz amargo de una situación política endiablada para sacar adelante el país, librarle del bucle de la podredumbre e intentar resolver la fractura de la convivencia que el Partido Popular ha llevado al límite en casos como el de Cataluña.

Lo visto en estos días es reflejo de los tiempos que estamos viviendo y que suele ser muy común en nuestro país. El nuevo presidente no ha comenzado su andadura y ya le estamos despedazando y exigiendo lo que en casi siete años se ha consentido al saliente. Sin embargo, echo en falta la prudencia y la mesura que se debería reclamar a quienes no son más que servidores públicos y cuya misión y obligación, mientras estén en el cargo, es tomar las decisiones políticas necesarias para que la concordia esté a salvo, la economía sea social y equitativa, la seguridad lo sea jurídica, la pluralidad y la libertad queden garantizadas entre quienes integramos un país diverso. Esto sí que habrá que exigírselo al presidente y a sus ministros y ministras desde el minuto uno de su mandato.

Sánchez ha prometido sobre la Constitución velar por los españoles. Hay que ayudarle. Frente a las injurias de Hernando que es el arquetipo de la mala intención, el rencor y la desesperación que viven hoy los populares, hay que contraponer la buena voluntad para el entendimiento. Son horas de dialogo, momentos claves para la democracia, tiempos de cambio, de coaliciones y de espacios amplios progresistas que otorguen esperanza a la ciudadanía y en los que la transversalidad es cada vez un elemento más presente. Ese es el deber de Sánchez y es el deber de todos.

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