El Congreso rechaza las 4 enmiendas de totalidad a la ley de telecomunicaciones

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy las cuatro enmiendas a la totalidad (de devolución) que han presentado los grupos parlamentarios Mixto, Izquierda Plural, CiU y PSOE al proyecto de ley general de Telecomunicaciones.

Las enmiendas han sido rechazadas por 179 votos en contra, mientras que han recibido el respaldo de 121 diputados y otros 11 se han abstenido.

En el debate de la futura norma, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado que el proyecto de ley es necesario, oportuno, reformista y plenamente respetuoso con las competencias autonómicas y locales.

Entre sus objetivos ha destacado el despliegue de nuevas redes, la mejora de la calidad de los servicios y el reforzamiento de los derechos del ciudadano.

Soria ha explicado que se suprimen trámites importantes para el despliegue de las redes -una mera actualización de antenas de telefonía móvil no requerirá autorización, bastará una declaración responsable-, se definen las públicas como equipamiento básico y su instalación como obra de interés general, al tiempo que se establecen límites máximos sobre emisión y exposición a campos magnéticos.

En la defensa de la enmienda del grupo Mixto Ana Oramas (CC) ha acusado al Gobierno de invadir las competencias de ayuntamientos y comunidades, de no garantizar la cohesión territorial y de no proteger a los ciudadanos; mientras que Teresa Jordá (ERC) ha criticado que no se aplique el principio de precaución y no se revisen los límites a las radiaciones electromagnéticas.

Chesús Yuste, en nombre de Izquierda Plural, ha calificado la futura ley de telecomunicaciones de “patada en la azotea” y de “disparatada”, porque no vela por los intereses de los ciudadanos y parece estar redactada por las operadoras de telecomunicaciones.

La enmienda de CiU ha sido argumentada por Inmaculada Riera, quien ha resaltado que el proyecto de ley es “poco ambicioso” porque no regula infraestructuras de comunicaciones electrónicas y excluye a las administraciones territoriales y locales.

María González Veracruz (PSOE) ha avisado a Soria de que el proyecto no nace bien, es poco ambicioso y una oportunidad perdida, ya que va a ser una ley “caducada” que no recoge las recomendaciones de la Unión Europea en materia de protección a los usuarios y la colaboración público-privada.

Pedro Azpiazu (PNV) ha expresado su preocupación porque ni el Gobierno ni el PP busquen acercamientos sobre las enmiendas al texto y Carlos Martínez (UPyD) ha dicho también que espera que haya aproximaciones durante el trámite parlamentario.

Javier Puente, del PP, ha contestado que en la elaboración se ha contado con “todo el mundo” y que habrá acuerdos en la tramitación.