Es más que probable que la nueva crisis económica no sea tan nueva. Hay motivos sólidos para sostener que la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 no fue la causa última de la nueva recesión: nos dirigíamos en esa dirección antes de la pandemia. Podemos, no obstante, seguir hablando de crisis “nuevas”, pero haríamos mejor en comenzar a pensar en la raíz compartida del conglomerado de crisis en curso, porque no va a evaporarse ni con reformas fiscales ni con estímulos financieros.
Sea como fuere, la “nueva” crisis económica ha traído consigo la predecible retahíla de discursos acerca de los medios para la “recuperación”. Ésta es la noción de moda, y falta la institución estatal, supraestatal o corporativa que no haya anunciado su “plan de recuperación” en los últimos meses. Algunos han escogido palabras ciertamente estratosféricas al efecto. Así, por ejemplo, desde el Foro Económico Mundial optaron por la locución “Gran Reinicio”. Así, en mayúsculas.
Y bien, ¿qué es lo que se nos propone recuperar? ¿Qué es eso que hemos de reiniciar, esta vez en mayúsculas? El día que arrancaba la COP25 en Madrid, el fundador del Foro Económico Mundial nos explicaba en la pieza principal de opinión de El País que “la pregunta que definirá nuestra era” será la pregunta acerca de “qué tipo de capitalismo queremos”. La foto que acompañaba al artículo ofrecía un curioso ejemplo de la consabida “divergencia radical entre las opiniones populares y la producción de las instituciones doctrinales”: en ella, unos manifestantes exhibían en la Puerta del Sol una pancarta en la que podía leerse “el capitalismo mata el planeta”.
A diferencia de las mayorías populares, los centros del poder económico y político se niegan, claro, a concebir alternativas al capitalismo, y el objetivo de todas las propuestas institucionales de “reinicio” o “recuperación” es así el de revitalizar unos índices de crecimiento en mínimos históricos. El proyecto de inaugurar un nuevo ciclo expansivo está publicitándose en esta ocasión en términos de “recuperación verde”. La idea que subyace a esta adjetivación es la del “crecimiento verde”, de acuerdo con la cual el crecimiento económico del que depende la salud de la economía capitalista puede prolongarse sin que lo hagan al tiempo sus impactos ambientales. Se trata, insistamos, de una idea: quizá pudiera materializarse de algún modo en algún mundo posible. En el nuestro, esos impactos continúan acumulándose, y vienen de hecho orientando la trayectoria del sistema Tierra hacia condiciones inhóspitas.
Reconciliar la idea del crecimiento verde con la evidencia disponible es una tarea ciertamente complicada, pero no lo suficiente como para contener el unánime aplauso mediático a la nueva ola de “responsabilidad social corporativa” anunciada por el Foro Económico Mundial o la Business Roundtable:“hasta ahora nuestra tarea era la de aumentar beneficios, pero eso se acabó; en lo sucesivo nos dedicaremos a velar con celo por la suerte de ésta y las sucesivas generaciones”. Los más veteranos habían escuchado ya esta enternecedora canción.
Cuando los principales lobbies y think tanks corporativos cantan estas canciones no cuesta entender que nos encontramos ante campañas de relaciones públicas. Cuando lo hace la UE las cosas cambian: su plan de crecimiento verde no es una mera declaración de intenciones, sino un proyecto destinado a reflotar la economía europea inyectándole cantidades astronómicas de dinero. Y se trata de un proyecto en marcha, una serie de políticas que han sido aprobadas y comienzan a implementarse sin que haya mediado ninguna clase de debate ni, desde luego, ninguna forma de participación popular: “más allá de declaraciones genéricas, está prevaleciendo la desinformación y la poca transparencia en el proceso de identificación de los proyectos y su negociación en las diferentes escalas local, estatal y europea”.
Tal y como señala Alfons Pérez en Pactos Verdes en tiempos de pandemias, el plan de crecimiento verde de la UE es, por lo pronto, el mayor del mundo, tanto en términos de población afectada como de movilización de recursos. El objetivo de este “Pacto Verde opeo” es el de fomentar el “crecimiento verde” mediante la implantación masiva de “tecnologías verdes” y digitales.
Dejando de lado el hecho de que el endeudamiento derivado de esa movilización chocará tarde o temprano con la reactivación del Pacto de Estabilidad, y asimismo el de que, por el camino, no servirá para financiar proyectos agroecológicos ni cooperativas de consumo local, hemos de preguntarnos si eso del crecimiento verde es posible. ¿Puede desacoplarse el crecimiento económico de sus impactos ambientales? Los grandes logros publicitados en torno al crecimiento verde, el desacoplamiento y la desmaterialización de la economía se traducen en último término en la exportación de los impactos ambientales del crecimiento económico desde los principales centros de la economía capitalista global hacia su periferia. Así, por ejemplo, en las dos últimas décadas la UE reducía sus emisiones de CO₂ en casi un 20% mientras cuadruplicaba sus importaciones desde China. Las emisiones de China aumentaron durante ese periodo un 200%. Del mismo modo, la mitad del CO₂ emitido a la atmósfera para producir todo lo que se consume en el Reino de España se libera fuera de sus fronteras.
En ocasiones, los publicistas más honestos del desacoplamiento incluyen en sus modelos datos acerca de los bienes importados por las economías nacionales que, en teoría, estarían “desacoplándose”. Sin embargo, por algún motivo olvidan incluir datos acerca de los recursos empleados en la extracción, procesamiento y transporte de esos bienes. Haciendo a un lado este olvido, resta sólo la desinformación como estrategia para ocultar la escasísima probabilidad de que algo remotamente asimilable al desacoplamiento absoluto o el crecimiento verde pueda tener lugar.
Así las cosas, sobra incidir en la necesidad de promover el debate en torno a estos “pactos verdes”, y textos como el recién citado de Alfons Pérez comienzan a poner sobre la mesa información imprescindible para abrir espacio a ese debate. De momento, abrir ese espacio es en sí misma una tarea ambiciosa. No obstante, no es la única que tenemos por delante, porque hay muchas maneras de entrar en ese debate: las que caben en el espectro que va de la aceptación de los términos en los que lo plantea la retórica oficial a su completo rechazo. En el fondo, dentro del marco oficial no hay debate: en él,“ transición ecológica” significa canalizar cantidades ingentes de dinero público hacia macroproyectos en los sectores que mayores cuotas de ganancia prometen, a saber, el renovable y el digital. Una vez abierto el debate en torno a los pactos verdes debiéramos comenzar a reflexionar atentamente sobre esos sectores.
Por lo que al sector digital se refiere, no cabe entrar en el señalado debate sin poner de relieve la falacia de la desmaterialización de la economía por la vía de la digitalización. Con todo, incluso aunque cupiera hablar de una “economía verde y digital” seguiría resultando imperativo que supiéramos preguntarnos hacia qué tipo de sociedades avanzamos mientras nos deslizamos por la pendiente del capitalismo de datos, el capitalismo de plataformas y el capitalismo de la vigilancia, con un progresivo tránsito de los datos entendidos como mercancía a los datos empleados como capital, como atajo hacia formas más eficientes de explotación de una fuerza de trabajo cada día más precarizada y como medio para el control de trabajadoras, ciudadanas y consumidoras.
En cuanto a la transición energética, no bastará con entrar en el debate subrayando el carácter colonial de la dependencia externa de la UE de materiales críticos, ni hacerlo apuntando a los graves impactos socioambientales del do de pecho extractivista necesario para llevar a término las políticas energéticas del Pacto Verde Europeo. Mientras no añadamos a esas claves una discusión seria en torno a las limitaciones del proyecto de sustituir fósiles por renovables seguiremos alimentando la inverosímil idea del crecimiento económico en un futuro post-fósil.
Desafiar el sentido común de la transición energética en base a macrogranjas solares y eólicas es si cabe más urgente en nuestro país, no a causa de su climatología, sino de su modelo económico: el del pelotazo en un contexto institucional de capitalismo de amiguetes. Así pues, todo indicaba desde un principio que el encaje del plan de recuperación español dentro del europeo sería milimétrico, con una “agenda concebida [en ambos casos] en torno a grandes corporaciones bien vinculadas con los principales agentes financieros”. En esta ocasión se usarían palabras como “resiliencia” y otras por el estilo, pero la cosa estribaría nuevamente en el diseño del marco legal que permitiera ejecutar un número similar al anterior: ahora no toca rescatar a la gran banca en agradecimiento por su inestimable contribución al despropósito inmobiliario, sino regar a nuestras campeonas del IBEX en agradecimiento por su diligencia a la hora de eludir impuestos y mantener adecuadamente desindustrializado el país.
Afortunadamente, a lo largo y ancho del Reino de España decenas de plataformas ciudadanas se han organizado espontánea e independientemente para proteger nuestros territorios de sus negocios. La integración de estas plataformas en una alianza nacional ha recibido el respaldo de la comunidad científica y el ninguneo de los medios de masas. Estas plataformas y su defensa espontánea de lo común nos regalan algo difícil hoy: optimismo –tanto como para confiar en que quizá podamos llegar a plantearnos no ya “qué tipo de capitalismo queremos”, no ya cómo reiniciar “la máquina del fin del mundo en la que vivimos”, sino más bien cómo desactivarla y comenzar a construir alternativas.
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