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¿Y estos magistrados tienen el futuro de España en sus manos?

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Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo del interrogatorio del expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, durante la sesión vespertina de este jueves.

No hay muchos datos sobre el número de personas que están siguiendo en directo el juicio. Seguramente pocas. Y todas ellas en Cataluña, el único territorio en el que las sesiones se retransmiten íntegras. Pero ese colectivo está teniendo el privilegio de observar sin intermediaciones ni interpretaciones cómo actúan nuestros magistrados, esos personajes temidos y que el común de la gente coloca en un estadio superior, por encima de los hombres y de las cosas. Pues no, son profesionales corrientes, que cometen errores, algunos de bulto, y que manifiestan, seguramente a su pesar, intenciones que van más allá del papel institucional que les correspondería.

A los abogados, que pasan buena parte de su tiempo en los tribunales, no habrán sorprendido las imágenes de estos últimos días. Ellos conocen las limitaciones de los jueces y fiscales. Pero la gente corriente sólo sabe de su enorme poder y, como es lógico, tiende a confundirlo con sus capacidades personales. La retransmisión en directo del juicio del “procés” está acabando con esa confusión. Acosados por la eficaz defensa de los acusados, de sus abogados y de ellos mismos, los fiscales, la acusación, no están dando buena imagen.

En su afán de que la vista oral sea lo más trasparente posible, seguramente pensando en que eso le puede ayudar el día que el asunto entre en los tribunales internacionales, lo cual todos los que saben consideran inevitable, el presidente Manuel Marchena puede haber jugado una mala pasada a los intereses de su corporación. Y quién sabe si también a los durísimos propósitos de los autores de la causa misma.

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El juicio imposible

El juicio imposible

Casi todos los que siguieron a través del televisor lo sucedido el jueves en Catalunya con motivo de la convocatoria de huelga general, tuvieron la impresión de que se vivió un ambiente pseudoinsurreccional. Todo eran movilizaciones con banderas independentistas, concentraciones gritonas y excitadas de huelguistas contenidas a duras penas por la policía, neumáticos incendiados cortando carreteras, algunas carreras y choques -aunque de escasa virulencia- así como complejas operaciones de desalojo de personas apalancadas en el suelo en actitud pacífica intentando obstruir el espacio público...

El paralelismo aparente con lo que nos queda en la memoria de, por ejemplo, las insurrecciones de la Primavera Árabe, era muy nítido, pero en este caso prácticamente todo era ficción. No más de unas cien mil personas, la mayoría jubilados y estudiantes, protagonizaron voluntaria o involuntariamente una convincente representación teatral de día caótico, porque la verdad es que el jueves apenas hubo huelga, no fue en absoluto general, tuvo nulo impacto en la industria, y consiguió escasísimo seguimiento en el transporte, comercio y sanidad. La prueba del nueve es que el consumo energético catalán se redujo en un ínfimo 3,7% respecto a un día normal. Aún así los voceros oficiales de esta protesta contra el juicio, voceros respaldados por la Generalitat, no solo calificaron la huelga de "éxito" sino que subrayaron que por sus dimensiones era la segunda mayor de los últimos 15 años, cuando únicamente fueron significativas las manifestaciones complementarias que hubo al atardecer en las grandes ciudades, después, paradójicamente, de la jornada laboral.

El independentismo ha conseguido acumular una excelsa calidad escénica y los directores de sus espacios teatrales callejeros son magníficos. En esta ocasión, conscientes de que no movilizarían a una parte significativa de la población, apostaron por el efecto --seguro, ya testado-- de un asegurado parón estudiantil generalizado que sumado a mucha gente del romanticismo separatista de tercera edad llevaría hacia las aceras y plazas de las localidades a la masa coral necesaria para que el espectáculo televisivo fuese convincente. Así, el jueves no hubo ninguna insurrección en Catalunya pero ópticamente pareció rozarse en contraste con una verdad tozuda: la mayor parte de la gente trabajó y vivió una jornada casi normal a efectos prácticos. Las únicas gotas de ácido las pusieron, gracias a la tolerancia policial --léase lentitud a la hora de actuar-- veinte o treinta grupos de CDR's aprovechando las horas que les dejaron para materializar sus obstrucciones duras. Pero el jueves, como representación teatral publicitaria retransmitida por TV, la jornada de huelga fue un espectáculo muy convincente y llamativo.

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Las inquietantes lagunas del 23F

Antonio Tejero, en la tribuna del Congreso el 23 de febrero de 1981.

Este fin de semana se va a hablar mucho del 23F. De la intentona golpista que se plasmó en la toma del Congreso por el Teniente Coronel Tejero al mando de un comando de doscientos miembros de la Guardia Civil, subfusil en mano. 38 años después, permanecen bajo secreto de Estado números aspectos de la operación. Para la historia han quedado aquél “¡Quieto todo el mundo!” repetido hasta la saciedad, los diputados que permanecieron erguidos y los que se tiraron al suelo conminados por Tejero, las largas horas de incertidumbre, la noche de los transistores, el discurso tardío del Rey Juan Carlos apoyando “el orden constitucional dentro de la legalidad vigente”, la consolidación de la Corona.

Sabemos el clima que se vivía y el que vino después. El fin de la Transición se acercaba con la llegada del PSOE de Felipe González al gobierno año y medio después, algo impensable en décadas. Cambios sutiles y de calado. En una dirección clara, modernización y no ruptura. Pero, por muchos que sean los estudios, faltan datos, falta sacarlos a la luz porque ese 23 de febrero de 1981 cambió todo, para cambiar poco. Y está en el origen del tiempo que nos ha traído hasta este hoy. El centro derecha virado a posiciones extremas, impregnadas de franquismo. La corrupción endémica. Aquel Felipe González, este Felipe González. Aquel Alfonso Guerra, este Alfonso Guerra. Y  todo y todos los demás. Siquiera como metáfora.

El sucesor de Juan Carlos I, su hijo Felipe VI, irrumpe de nuevo en la actualidad política para decir: “No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho”. La legalidad vigente. Supuesta democracia. Grandes conceptos. Legalidad y democracia no pueden contraponerse. No hay democracia sin legalidad, en efecto; ni legalidad sin democracia. Son conceptos dinámicos, la legalidad ha de adaptarse a la democracia en cada tiempo y lugar.

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Francisco Serrano sale a cazar

Vox pide los nombres de los empleados de las unidades de Violencia de Género

Perseguir a alguien por sus ideas está prohibido en nuestro país porque la libertad ideológica es uno de esos pilares fundamentales de nuestra democracia, algo que recoge la Constitución en su artículo 16. Pero si, además, el motivo que da pie a esa persecución y purga (la falsa “ideología de género”) es un invento proyectado desde una ideología ultra y totalitaria, estamos ante un posible delito de odio por motivos ideológicos, algo que está tipificado en nuestro Código Penal.

Desacreditar y despreciar de forma sistemática, como hace Francisco Serrano, a quienes luchan contra la violencia de género es, sencillamente, incitar, atacar y perseguir de forma sistemática, injustificada e injustificable a quien, desde un organismo, organización o entidad, está prestando un servicio recogido y estipulado en nuestras leyes y en la normativa internacional que España ha de respetar. Teñir de sospecha la labor profesional de quienes se dedican a informar, asesorar y acompañar a las mujeres no ha sido suficiente para el juez condenado por prevaricación y líder andaluz de Vox. Ahora, su propuesta es que el Parlamento andaluz recabe los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, de los equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de los equipos de Menores de la región que evalúan el riesgo que sufren las mujeres víctimas de violencia machista. Su objetivo es ver si están colegiados, capacitados e ideologizados. Más allá de que se esta extralimitando en su función, justifica la necesidad en unas supuestas denuncias que de haberse hecho (a ver si van a ser falsas, Sr. Serrano) deberían tramitarse en los organismos destinados a tal efecto. No es competencia suya pedir al Parlamento que escudriñe sin motivo objetivo y de forma indiscriminada y arbitraria la labor profesional de todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la violencia machista.

La gravedad de las palabras del Sr. Serrano no debería pasarse por alto. Su conducta no es excepcional, no es la primera vez que se salta una norma para hacer lo que él cree que se debe hacer. Su discurso es un hostigamiento continuo y permanente a las mujeres y a otros colectivos cuyos derechos se ven vulnerados por quienes, como él, tienen ideas sesgadas por los prejuicios, la intolerancia y el rencor. Hace muchos meses que dejó de ser un secreto a voces que Francisco Serrano odia a las feministas, nos tacha de mentirosas y manipuladoras y si nos organizamos nos llama kale borroka. Su grado de misoginia, más allá de insultante, empieza a invalidarle como representante asalariado del erario publico. Empieza a no dilucidar lo que es constitucional de lo que no. Y ahora, al igual que cuando ejercía de juez y se le inhabilitó, sus propuestas deben respetar el marco constitucional y legal que protege la intimidad, integridad y los derechos, también laborales, de los profesionales a las que ahora el quiere escrutar para ‘cazar’.

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La alargada y tóxica sombra de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su intervención en un debate organizado por el diario La Razón, este lunes en Madrid.

Los directores de las campañas electorales del PP y de Ciudadanos van a tener este año un trabajo extra porque no solo tendrán que decidir cada mañana el mensaje del día que deben repetir todos sus candidatos, aunque eso lo tienen fácil, Catalunya, Catalunya, Catalunya, sino que han de tener preparado una especie de plan de contingencia o de emergencia para sofocar los incendios que les va a provocar a los dos, la alargada sombra de Vox.

La ultraderecha de los de Abascal y compañía cabalga sin complejos por las tierras de la derecha española diciendo en voz alta lo que hasta ahora solo los mas cerriles del PP se atrevían a cuchichear por las esquinas. Sus ataques, insultos y mentiras sobre la España uniforme, los inmigrantes o el feminismo se multiplican corrosivamente por todos los rincones.

Vox vive de eso, de mentir, de provocar, de escandalizar y de momento, según las encuestas no le va mal, lo que de nuevo nos enfrenta a los medios de comunicación al debate sobre cómo tratar sus propuestas y sus salidas de tono. Eso sí, cada vez que la ultraderecha saca la patita, todas las miradas van al PP y a Ciudadanos que han decidido libremente atarse al partido de Abascal para intentar llegar a la Moncloa.

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Vox en modo avión

Juicio del procés en el Tribunal Supremo.

Miércoles 20 de febrero, pasadas las dos y media de la tarde. Dos hombres trajeados y pulcramente peinados abandonan a toda prisa el Tribunal Supremo, donde acaba de declarar el exconseller Josep Rull, el hombre que evitó que el barco en el que fueron desplazados a Catalunya cientos de efectivos de la Policía Nacional para intentar impedir el referéndum del 1 de octubre, el famoso Piolín, atracara en el puerto de Palamós. Dice que era temporada alta de cruceros y que la embarcación no tenía los permisos necesarios.

Los dos hombres caminan rápido, casi como lo hacía Rajoy en sus ratos libres, sin reparar en nada ni saludar a nadie. Hasta que ven un grupo de cinco policías que custodian el parque que separa el Supremo de la Audiencia Nacional y rectifican su trayectoria. Recorren una veintena de metros a propósito para saludar a los agentes, uno por uno, y desearles un buen servicio. Son Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, y Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de la formación de extrema derecha. El próximo 28 de abril hay elecciones generales y los policías también votan.

Una de las mejores noticias de estas dos primeras semanas del juicio del procés es que Vox está pero no lo parece. Sus líderes acuden todos los días a la sala de vistas, toman notas, escuchan los alegatos de las defensas y, de vez en cuando, dedican a los medios de comunicación palabras casi siempre altisonantes. Pero la negativa de los acusados a responder a sus preguntas les ha relegado, por el momento, al papel de comparsa en un proceso el que los únicos argumentos políticos que se están escuchando son los de los independentistas.

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La venta de Grupo Zeta

Grupo Zeta, cuya cabecera insigne es El Periódico de Catalunya, lleva meses en venta. La situación financiera del grupo de comunicación es muy delicada y las ventas del rotativo catalán han descendido por encima de la media del conjunto de la prensa española y de su competidor directo, La Vanguardia. El editor, Asensio Mosbah, hijo
del fundador del grupo, tira la toalla definitivamente al no poder hacer frente a sus deudas con los bancos y proveedores.

No sé si es fruto de la mala suerte, de decisiones equivocadas, de errores editoriales o de una mezcla de todo ello, pero sí sé que el hijo del fundador de Zeta nunca tuvo interés por los medios de comunicación. Hace ya más de trece años puso a la venta su empresa y, seguramente mal aconsejado, despreció cifras mareantes del entorno de 400 millones de euros que hoy, según lo publicado, apenas llegará al diez por ciento de aquellas ofertas.

Hace trece años aún tenía cierta libertad para elegir a su comprador y hasta el precio, pero parece que hoy son los bancos y los intereses políticos los que van a decantar la venta a favor de Prensa Ibérica, propiedad del presidente de AMI y editor de diarios regionales Javier Moll, incluso en contra de un mejor postor como es Jaume Roures de Mediapro.

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O es agua o es seca

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Disculpen por la perogrullada del título, pero me ha parecido más pertinente comenzar con una obviedad que con un oxímoron como “agua seca”. Aunque ambas fórmulas me sirven para explicar lo que considero más trascendente, en el plano político, de todo lo que se ha dicho en las primeras jornadas de un juicio que, en algunos momentos, cuesta distinguir de la campaña electoral.

Después de escuchar los alegatos de las personas acusadas y sus letrados a favor del derecho a la autodeterminación, la declaración de Joaquín Forn -por cierto muy bien trabada- nos ofreció un momento de gran trascendencia política. El que fue conseller de Interior ha afirmado que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) solo se leyó, no se votó. Una línea de defensa seguida después por Raül Romeva, Jordi Turull y otros cuando se han referido a aquel acto como una simple declaración política con vocación de negociación.

Asistimos a una estrategia que en el plano jurídico puede ser considerada inteligente pero que en el plano político confirma que el independentismo continúa jugando a la astucia y la ficción y sigue atrapado entre dos pulsiones: la supervivencia o el suicidio. Todo apunta a que durante las largas sesiones del juicio asistiremos a más declaraciones que reiteren esa hábil lectura de los hechos. Hasta el punto de hacernos dudar sobre si la DUI existió y fue solo un espejismo que todos vimos, especialmente los independentistas, pero que nunca existió.

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La violencia de género no es un accidente de tráfico

La proposición de ley que se ha aprobado en el Congreso mejora la pensión que hasta ahora recibían las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género. Pasan de los 140 euros mensuales a los 600 euros, como mínimo, cuando las mujeres no hayan cotizado. La nueva ley afianza y afina una modificación que ya introdujo la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015 que aprobó el PP. Esta reconocía que estos huérfanos debían percibir la pensión absoluta equiparando la prestación a la que se concede cuando el progenitor sobreviviente abandona a sus hijos. De esta forma, queda claro el mensaje a entrever: cuando un padre asesina a la madre, está abandonado a sus hijos.

La ley aprobada (matizable y mejorable, como todas las que aparentan consenso y tardan años en aprobarse) da un paso más en ese reconocimiento de víctimas que debe otorgarse a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Más allá del hecho de ahorrar trámites e incrementar cuantías, de lo que estamos hablando es de acercar un derecho a una cuantía que reconozca y repare el daño que causa una violencia estructural que, por volumen, motivación y perfil de agresores y víctimas, perfectamente, podría calificarse como feminicidio.

Por este motivo, aprobar esta ley trasciende de la simplificación que se ha hecho desde las filas del Partido Popular. La diputada Mar Cotelo se ha permitido frivolizar sobre el tema al señalar que estas pensiones conducen una situación de privilegio de los huérfanos de la violencia de género frente al resto de menores huérfanos. Dicha afirmación, sin matices, seguro que agrada a sus aliados de Vox, pero no corresponde ni con la realidad ni con el motivo que da pie a la aprobación de esta ley. Dice de forma temeraria la 'portavox' del PP que la norma provoca una situación de discriminación y para mostrarlo se pregunta por qué un niño cuya madre fallece en un accidente de tráfico donde conduce su padre no va a poder recibir la misma pensión de orfandad que el de la violencia de género. La razón es obvia: porque se trata de un accidente y no de un crimen machista.

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La amenaza del Gobierno del 155

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Felipe VI, durante su discurso de Navidad.

El Estado de las Autonomías es la tercera experiencia constitucional de descentralización política en la historia constitucional de España. La República Federal fue la primera. El Estado “integral” fue la segunda. Ambas se iniciaron tras el exilio de Isabel II y Alfonso XIII respectivamente. La quiebra de la “Monarquía española”, que es como definen a la institución monárquica las Constituciones del siglo XIX, empezando por la de Cádiz, fue el presupuesto de ambas experiencias.

La Monarquía española se había caracterizado, en primer lugar, por la imposibilidad de convivir en el mismo texto constitucional el principio de legitimidad propio del Estado constitucional en el siglo XIX, la “soberanía nacional”, con el “principio monárquico”. La Monarquía reacciona frente al reconocimiento constitucional del principio de soberanía nacional, aniquilándolo como hizo Fernando VII, o sustituyendo dicho principio tal como figuraba en las constituciones de 1837 y 1869 por el principio “monárquico constitucional” de las constituciones de 1845 y 1876. La Monarquía española no fue compatible con la soberanía nacional.

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