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De Waterloo a Lledoners

Con la perspectiva que proporciona el paso del tiempo parece claro que Carles Puigdemont acertó en su estrategia de fijar su residencia en Bélgica y defenderse desde allí frente a la querella por rebelión activada por el Fiscal General del Estado José Manuel Maza. No solamente ha conseguido no ser extraditado a España para poder ser juzgado por tal delito o por el de sedición, sino que ha dejado en evidencia a la Fiscalía General, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, que, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein, ante la que se han allanado no recurriéndola ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han venido a reconocer que no pueden argumentar persuasivamente ante ninguna instancia judicial europea su calificación como delito de rebelión de la conducta de Carles Puigdemont. Jurídicamente, la victoria de Carles Puigdemont sobre la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ha sido una victoria por goleada.

Pero no solo jurídicamente ha sido una estrategia acertada. También políticamente lo ha sido. Su audacia le permitió ganar contra pronóstico las elecciones del 21-D, superando a ERC y convirtiendo, en consecuencia, a su partido en el único que podía ocupar la presidencia de la Generalitat.

Sin la moción de censura y la sustitución de Mariano Rajoy por Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, dicha estrategia es probable que continuara reportando dividendos políticos a Carles Puigdemont. Con Mariano Rajoy en La Moncloa, la posición hegemónica de Puigdemont en el nacionalismo catalán era prácticamente inexpugnable.

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El VAR del Supremo

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Tribunal Supremo

Si se entiende que el préstamo es el negocio principal inscrito a efectos tributarios, entonces el pago del impuesto corresponde al prestatario; o sea, a usted. Si se entiende que lo inscrito de manera principal, y obligatoria, es la constitución de la hipoteca, entonces el pago del tributo corresponde, de acuerdo con el art. 28 de la Ley del Impuesto de Transacciones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a quien insta a la elevación al Registro, constituye su derecho y garantiza así su interés; o sea, al banco. Así de sencillo y así de complicado resulta, a la vez, el debate doctrinal que deberá dilucidar la sala tercera del Tribunal Supremo en pleno.

Hasta ahora la jurisprudencia dominante, desafiada ya por alguna sentencia de la sala Primera del propio TS en 2015, establecía que debía aplicarse lo establecido expresamente en el ahora anulado art. 68.2 del Reglamento de la LTPAJD y considerar responsable fiscal al prestatario. Pero ello, de acuerdo con la sentencia 1505/2018 recién publicada, lleva al sinsentido de “someter al gravamen un negocio jurídico no inscribible –el préstamo- solo por la circunstancia de que exista un derecho real accesorio –la hipoteca- constituido en garantía del cumplimiento de aquél”.  Si el impuesto grava el acto jurídico de la inscripción y lo que se inscribe es la hipoteca, debe pagar el acreedor hipotecario.

En otras palabras, si se registra para constituir un derecho real que beneficia a la entidad financiera, ahí es donde se genera el hecho gravable; no en un préstamo que ni es registrable. Si realmente sucediera al contrario y fuera el préstamo quien generase el hecho gravable, sería excepcional y el legislador debería haberlo establecido expresamente en la norma; algo que no hace en el titulo III respecto a los actos jurídicos documentados, pero sí en el título I para las transmisiones patrimoniales. 

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Abogados Cristianos blandiendo leyes como espadas

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El dramaturgo Carlos Santiago durante el pregón de carnaval que provocó la furia de Abogados Cristianos.

Polonia Castellanos y sus cruzados han vuelto a actuar. Bajo el paraguas de la ultramontana Asociación Española de Abogados Cristianos, su ultracatolicismo reparte querellas como hostias. Al mejor estilo ultra. Sentaron al actor Willy Toledo en el banquillo por cagarse en Dios y en la Virgen María, y quieren hacer lo mismo con el dramaturgo Carlos Santiago por ultrajar a su homónimo el Apostol. Los Abogados Cristianos son los mismos que denunciaron la procesión en Sevilla del Santísimo Coño Insumiso. Los mismos que activaron la investigación contra la actuación de Borja Casillas en el Carnaval de Las Palmas. Los mismos que denunciaron a Ada Colau porque no les gustaba una versión del Padrenuestro llamada Mare nostra. Los que arremeten contra la “ideología de género”. Los correligionarios de la transfóbica HazteOír. A Polonia Castellanos se la ha vinculado con la organización mexicana ultraderechista El Yunque (sospechosa de violencia contra López Obrador y cuyos grupos provida han quemado libros de Biología en León Guanajuato). Polonia Csatellanos y sus ángeles del infierno son la Santa Inquisición de siempre. Y uno de sus métodos es luchar contra las fuerzas de Satanás a golpe de ley.

Pues el problema sería menor si se quedara en pataleta de iluminados con cilicio, pero se convierte en un problema mayor cuando encuentra interlocución en la Fiscalía y los juzgados. Y esto es posible porque el artículo 525 de nuestro sacrosanto Código Penal aún recoge como delito la ofensa a los sentimientos religiosos. El mismo Código Penal que permite que los animales sean torturados y matados en festejos que se perpetran en honor de vírgenes y santos. Por poner un ejemplo sangrante. Todo ello –ofensas a dios y crímenes en su nombre- en una democracia de un Estado aconfesional en pleno siglo XXI.

Dado que la Asociación Española de Abogados Cristianos arrecia en su ofensiva, lo que interesa ahora es investigar quién la financia, qué fortunas (mexicanas o españolas) están detrás de sus costosas acciones, por qué tiene influencia Polonia Castellanos. Ella y sus juristas persiguen la libertad de expresión (y, en nombre de un falaz respeto, a sus enemigos políticos) porque se saben amparados por una ley que es contradictoria con el sistema que rige nuestra convivencia. El magistrado Joaquim Bosch, portavoz territorial de Jueces para la Democracia, lo expresó con claridad: “El delito contra los sentimientos religiosos tendría que sacarse del Código Penal, porque es una infracción propia de Estados confesionales o fundamentalistas, no de una democracia constitucional”. Parece un broma pero en el Estado español se está persiguiendo, demandando y juzgando a personas por disfrazarse de Cristo crucificado.

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¿Fondos soberanos o participación de los trabajadores en el capital? Un debate en la izquierda anglosajona

El candidato demócrata estadounidense Bernie Sanders y el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn

Un nuevo debate, con origen en ideas de los últimos años, se están abriendo paso en la izquierda anglosajona. Los laboristas británicos proponen que los trabajadores participen en el capital de sus empresas. En EEUU, se está planteando la idea de crear un fondo soberano (como hay en varios otros países) para financiar el Estado de Bienestar, y, sobre todo, una posible Renta Básica Universal (RBU). No se trataría de una nacionalización. Interesante, si bien difícil en ambos casos.

La idea de la participación de los trabajadores en el capital de sus empresas no es nueva. Incluso Margaret Thatcher la promovió, y en 2013, el gobierno de coalición entre conservadores y libarles impulsó un programa de “acciones por derechos”, lo que indica que la idea goza de un cierto consenso político. De hecho, un estudio concluye que este tipo de esquema de propiedad del empleado aumenta el sentido de “justicia y felicidad”, y genera sentimientos de “motivación y bienestar”, como recordaba recientemente Merryn Somerset Webb.

Lo que propone el ministro laborista de Economía en la sombra, John McDonnell, es mucho más radical. Este, dentro de un planteamiento que califica de “democratización industrial”, defiende que las empresas con más de 250 empleados cedan entre 1% y 10%, de su capital a fondos sociales fiduciarios en manos de los empleados. Los dividendos (si los hubiere) de estas acciones irían a los empleados hasta 500 libras (560 euros) anuales. Si se superara esta cantidad, el resto iría a financiar políticas públicas de educación básica, sanidad, seguridad social u otras. 11 millones de empleados se beneficiarían de este sistema en el Reino Unido. Un problema es para los desempleados, en particular los que pierdan empleos, tareas o salarios de la mano de la revolución tecnológica y, por falta de preparación, no puedan optar por los nuevos empleos que se creen. Pues no tendrían acceso directo a estos fondos. Otro es que ese porcentaje cedido a los trabajadores puede estar en manos de fondos de pensiones de otros trabajadores o jubilados, invertidos en las empresas.

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El destrozo del Supremo

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Tribunal Supremo

“El Supremo se ha convertido en un palacio de intrigas”

José Miguel Sieira. Ex presidente de la Sala Tercera

Hubo una época en la que un presidente de Sala era un semi dios para sus propios magistrados. Presidentes hubo que cortaban la respiración de sus jueces cuando hablaban de derecho o cuando presidían una vista. Plenos de auctoritas y también de conocimientos jurídicos y de experiencia, marcaban impronta, hacían escuela y ejercía su poder. Los jueces son independientes y no tienen jefes; no reciben órdenes. Los mecanismos de su magisterio eran más sutiles y, en caso de que fallaran, también podían usar los instrumentos que la ley les deja en la mano para ejercerlo. Entre otros, su poder reside en la facultad de avocar a pleno el asunto que así decidan. La decisión presidencial, sin discusión posible, de retirar un pleito al tribunal encargado de decidir sobre él y hacer que sea la totalidad de magistrados de la Sala los que decidan sobre el mismo. Un poder que no es mediano. Los presidentes de ese tiempo mitológico del que les hablo conocían lo que sucedía en sus salas, veían venir las desavenencias, podían detectar las posturas unilaterales o bien deseaban querer imponer su propio criterio jurídico. Nunca hubieran convocado un pleno para no ganarlo. Desarrollaban todo un sutil mecanismo destinado a conocer de forma más o menos aproximada cual era el pensamiento jurídico de sus jueces y un cálculo de fuerzas para saber a priori cual sería el resultado de avocar el tema al escrutinio plenario.

Esa potestad y esa habilidad fueron rápidamente detectadas por el poder político. Ese es uno de los motivos por los que los partidos gobernantes encontraron la forma de poder nombrar de forma discrecional a los presidentes que preferían. Incluso hallaron vericuetos para quitarse de en medio a los que no querían -algún día les recuerdo cómo forzó el PP a volver al TS al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García-. Todo esto viene al caso para que se entienda hasta qué punto es anómala, más allá del escándalo espontáneo generado, la decisión del presidente de la Sala III del Tribunal Supremo de avocar a pleno el asunto de las hipotecas ahora. Lo cierto es que, si existía un problema de divergencia de criterios, Luis María Díez-Picazo debería de haberlo elevado al pleno antes de que se produjera la decisión que ha hecho felices a millones de españoles durante menos de 24 horas. Un presidente que sabe que uno de sus tribunales va a tomar una decisión que altera la postura jurisprudencial de su sala y de rebote hasta de otras, debería de haber tenido los reflejos de ejercer de presidente. ¿Por qué no lo hizo entonces? ¿Por qué ha sometido al más alto tribunal al escándalo de enmendarse la plana en menos de un día dando una marcha atrás escandalosa que deja al descubierto muchas de las vergüenzas del Tribunal Supremo?

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Tejero, Billy el niño y el Espíritu Santo

El policía jubilado Billy el Niño, en una fiesta en una comisaría de Madrid.

Hay un franquismo enquistado en el ambiente y en las fiestas de guardar, así como en los  balcones que dan a calles remotas de nuestra guerra civil, mientras aguantan el peso de un símbolo atroz como el que representa el trapo rojigualda puesto a escurrir.

No olvidemos que los colores de la bandera actual son los mismos que en su día agitaron las tropas sublevadas; las mismas que se levantaron para masacrar a un pueblo indefenso y confuso. Por tal asunto, los que la lucen, avergonzados de sus ideales, dicen que llevan la bandera rojigualda por ser españoles. Incluso, los hay que se la cuelgan al perro -o a la perra- a la manera de collar para así evitar complejos. Guau, guau.

Con todo, todavía quedan fachas libres de hipocresía. Suelen pertenecer a las fuerzas de represión directa y aprovechan cualquier reunión para dar vivas a Franco. Es el caso de Tejero que, el otro día, en un acto de los picoletos se tomó unos vinos y se pegó un discurso en memoria de los Reyes Católicos, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando y la unidad de España.

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La transición ecológica no tiene vuelta atrás

Punto de carga de un coche eléctrico

El seguimiento de las tendencias y costumbres de la gente, de sus preocupaciones, sus inclinaciones y sus anhelos, especialmente cuando se manifiestan de manera mayoritaria, debería servir de guía a los políticos para entender hacia donde avanza la sociedad a la que prestan o aspiran a prestar servicio.

Uno de los mejores instrumentos que tienen los políticos para alcanzar ese entendimiento es el sondeo de opinión pública que elabora periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que a menudo se interesa por nuestros ámbitos de interés general.

En su último barómetro al respecto, el de noviembre de 2016, el CIS señaló tres ámbitos que destacaban por encima de la media: los avances médicos, por los que mostraron interés un 85% de los encuestados, los temas económicos y laborales (78,5%) y los relacionados con la ecología y el medio ambiente (76,1%), siendo este último campo el que experimentó un mayor aumento respecto al sondeo realizado en 1996, en el que un 60% mostraba interés por el medio ambiente. Eso son más de 16 puntos de crecimiento en tan solo un par de décadas.

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No es una caravana migrante. Es una caravana refugiada

La caravana de centroamericanos, sobre todo hondureños y hondureñas, ancianos, familias, niños, que circula entre Guatemala y México en dirección a Estados Unidos no es una caravana migrante.

Es una caravana refugiada. 

Esta caravana toma forma física hoy. Pero camina desde hace años. Es un problema diagnosticado correctamente por las instituciones internacionales y maltratado en su explicación. Lo que mal se explica, aún conociendo el diagnóstico realizado por los expertos, difícilmente puede abordarse de manera correcta. De ser bien titulado y explicado el problema, los ciudadanos tendrían más elementos para decidir cuál es su nivel de implicación y su voluntad de presión sobre quienes deben tomar decisiones, que se sentirían más autorizados a intervenir con determinación si la narrativa avanzase. No se abordan las crisis migratorias del mismo modo que las crisis de refugiados. Los refugiados deben recibir protección. A los migrantes se les aplican leyes migratorias. El matiz es importante. 

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El niño andaluz y la política simplista

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El Congreso de los Diputados

La exministra Tejerina, "simplificando" como ella misma dijo el pasado jueves, usó un informe PISA que mide las competencias de niños de 15 años para aplicarlo a su gusto a niños de 10 y concluyó que las evaluaciones decían que un alumno andaluz de esa edad equivale a otro de 8 en Castilla y León. Se conocían simplificaciones entre extensiones y campos de fútbol, entre cantidades y piscinas olímpicas, pero es la primera vez que se escuchan equivalencias entre cerebros de niño por región de nacimiento. Luego puntualizó que no es culpa de los niños ni sus cerebros, sino de la Junta de Andalucía y su sistema educativo.

Como no tenía tiempo ni ganas de leerse el informe, alguien le había dicho esto y ella lo replicó en la televisión pública, según su propio testimonio. Como quería colocar un titular para las próximas elecciones andaluzas y ayudar a sus compañeros del PP, en lugar de defender un argumento o hacer una propuesta educativa seria, obvió la fuente, los datos y aniquiló el factor socioeconómico que desvía los resultados entre las comunidades autónomas y entre países analizados por este informe de la OCDE. Remató así una semana de política kamikaze que empezó copando titulares y acabó en parodia y combustión.

Simplificando, o más bien complicando una simple comparación númerica que podría hacer incluso un niño andaluz, salió Teodoro García a arreglarlo. La Junta gasta más en prostitución que en educación, según sus cálculos. Lo dijo en una sala noble con moqueta del Congreso de los Diputados, y los leones se estremecieron: el director de la agencia pública de la Junta cuyos gastos en prostíbulos se investigan usó 15.000 euros de dinero público en clubes. El presupuesto de Educación en Andalucía para 2018 son 6.326 millones de euros. Torciendo datos simples para llegar a argumentos electorales igual de simples.

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Ya es tarde

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Construcción de viviendas

La sentencia conocida este jueves de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que establece que es la entidad bancaria la que viene obligada al pago del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios, ha tenido un impacto enorme en la opinión pública. Impacto que se ha traducido de manera inmediata en la cotización en bolsa de todos los bancos, aunque no con la misma intensidad en todos.

Los magistrados de la Sección eran muy conscientes de la transcendencia de la decisión que iban a adoptar y por eso han sido enormemente meticulosos a la hora de fundamentar su decisión y justificar por qué se apartan de la que había sido la doctrina ininterrumpida de más de veinte años del Tribunal Supremo.

A un no especialista en derecho tributario, como es mi caso, lo que más me ha sorprendido de la lectura de la sentencia es que lo que los magistrados ven no se haya visto antes. ¿Cómo es posible que durante más de dos décadas no se haya visto que en la operación de préstamo para la adquisición de una vivienda únicamente a la entidad bancaria le interesa la constitución de la hipoteca en escritura pública como garantía y que, en consecuencia, debe ser ella la que venga obligada al pago del impuesto correspondiente?

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