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El académico histérico: mosqueperros vs perraflautas

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El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte

Yo fui una purista de la lengua. Se me inculcó un respeto por el idioma que sentó las bases de mi amor a la literatura y a la filología. Con reverencia por las palabras me enseñó a leer y a escribir mi abuela Lines, que era maestra formada desde niña en la Institución Libre de Enseñanza, un proyecto pedagógico aniquilado por el franquismo porque educaba en la libertad, el laicismo, la integración de las mujeres, la consideración de los animales, la admiración por la naturaleza. Como otras resolviendo con soltura ecuaciones matemáticas que para mí eran crípticas, yo he gozado en el colegio tomando apuntes en transcripción fonética. Aún hoy no me como una tilde y una buena coma me hace sonreír. Hubo un tiempo en que habría dado mi vida por salvar un poema (Un sauce de cristal, un chopo de agua, / un alto surtidor que el viento arquea, / un árbol bien plantado mas danzante / un caminar de río que se curva, / avanza, retrocede, da un rodeo/ y llega siempre…)

Es decir, me importa la gramática. No soy una zarrapastrosa de la sintaxis, aunque he saboreado el desorden de algunas vanguardias. No soy una antisistema de la ortografía, me entristecen las faltas. No soy una perraflauta de la etimología, si bien adoro los perros, las flautas e indagar en el origen de las palabras. No soy una terrorista contra el diccionario, aunque sea ese un artefacto peligroso que en alguna entrada puede estallarte entre las manos. De hecho, soy, por el contrario, una de aquellas puristas que se resistían a renunciar a los signos de apertura de interrogación y exclamación en la escritura digital. De eso hace, claro, mucho tiempo. Evolucioné.

Resulta llamativa (por decirlo con una palabra suave y un poco también de abuela) la reacción de un miembro de la Real Academia Española (RAE) ante la propuesta de la ministra Calvo de incorporar lenguaje inclusivo a la Constitución. Se ha puesto histérico. Como un espadachín que combinara jubones con la espada láser de un tuit, su cruzada a favor del pasado da bastante risa (por lo caricaturesca, extemporánea e inútil) y provoca serias reflexiones. En las hilarantes no vale la pena detenerse más. Las graves, sin embargo, merecen atención, pues lo son porque dan cuenta del territorio de poder que, en nombre de la institucionalidad, un hombre histérico pretende defender. Y, en su anacrónica y espuria refriega, es él quien enloda la lengua amada que, ajena a las culpas del empedrado, estaba tranquilamente evolucionando.

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No es un juicio de valor, señor Borrell

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Josep Borrell

En una entrevista publicada ayer domingo en El País, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, respondía a la pregunta acerca de su opinión sobre la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein respecto de la euroorden cursada en su día por el Juez Pablo Llarena, que por supuesto que acataba la decisión, pero reivindicaba al mismo tiempo su derecho a decir que no estaba de acuerdo con ella y a expresar su crítica.

Obviamente no hay nada que objetar a dicha respuesta. Las resoluciones judiciales en cuanto actos de un poder del Estado pueden y deben ser criticadas. Todas. Sean del país que sean.

Ahora bien, la crítica tiene que ser una crítica que atienda a lo que la decisión judicial dice, sin leerla de manera fragmentada y parcial. La crítica tiene que ser honesta, sin desvirtuar la fundamentación jurídica en la que descansa la decisión.

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Busque mejor, presidente

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Pedro Sánchez

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado, en la rueda de prensa oficial tras el consejo de ministros, que el Gobierno “no encuentra la capacidad jurídica” para publicar la lista de beneficiados por la amnistía fiscal de 2012. Si no la ha encontrado debemos suponer que el Gobierno la ha buscado y a conciencia, pues publicarla era un compromiso público y reiterado de Pedro Sánchez. Si la ha buscado, seguro que existen informes y papeles oficiales firmados por alguien, con autoridad y con nombre y apellido, donde se acredite la existencia de una prohibición legal clara y expresa que impida tal publicación.

Por transparencia y por honor a su compromiso, el Gobierno debería publicar dicho-s informe-s donde se argumente de manera tan contundente su incapacidad para publicar la famosa lista. Si no dispone de tales dictámenes, la palabra de la ministra solo es una opinión y no publicar la lista es una decisión política del Gobierno, no una consecuencia jurídica.

No parece ni mucho menos obvio, ni resuelto, el debate sobre si puede o no publicarse los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal de 2012. No puede despacharse únicamente con una declaración a la prensa de la ministra responsable. El Estado, también Hacienda, publica regularmente nombres e información de ciudadanos afectados por toda suerte de actos administrativos. No parece que el nombre sea una información fiscal sensible que deba gozar de protección del carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, prevista en el articulo 95 de la Ley General Tributaria. Tratándose, además, de un procedimiento de regularización tan extraordinario que ni viene amparado por la propia LGT podría incluso debatirse si cabe aplicarle semejante protección, pensada para amparar a los ciudadanos que al menos tratan de cumplir con sus obligaciones tributarias, no a los defraudadores.

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Vamos a contar mentiras...

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en una conferencia en Oviedo.

Ahora que vamos despacio, ahora que el estío nos adormece y la galbana nos posee, vamos a contar mentiras. Tralará. Como ejercicio, como entretenimiento, como transgresión.

Vamos a contar que el atolladero en el que se halla sumido el magistrado Llarena, y el Tribunal Supremo entero con él, no es fruto de ninguna disfunción ni de un funcionamiento anómalo, desleal o inaceptable de ningún sistema. Contemos que es producto directo de la forma en la que se planteó la persecución judicial de la desobediencia catalana y que no podía tener otro final que el que ha tenido. Cada acción tiene su reacción y el forzamiento de las normas penales para conseguir encajar las conductas de los líderes independentistas en los tipos más graves -para lograr no sólo una mayor represión sino para poder llevar a cabo acciones de represalia con claros efectos políticos como el encarcelamiento preventivo y finalmente su inhabilitación como parlamentarios electos tras un procesamiento exprés- sólo podía funcionar en un tribunal que había hecho suyo el alto destino de salvar la unidad de España más allá de esos políticos inoperantes que no estaban dando la respuesta adecuada y en un país cuya opinión pública mayoritaria estuviese dispuesta a comprar de forma acrítica todo ante el atropello máximo que para ellos era la ruptura de su país. Si esto no hubiera sido así, si no hubiera sido obvio que solo con esas circunstancias concretas se podía comulgar con la desmesura jurídica, no hubiera sido posible prever que cualquier tribunal de cualquier otro país que no hubiera sido devorado por la fiebre nacionalista española no iba a tragar con las burdas maniobras para convertir una desobediencia civil de las instituciones catalanas en una rebelión violenta. Cualquiera no abducido por la finalidad de las maniobras era capaz de predecir que los ex miembros de la Generalitat que salieron de España no iban a ser entregados para ser juzgados por rebelión. Todo el que tenía esto claro lo vio desde que se descubrió la estrategia jurídica de las defensas. Lo dijimos. No porque los países sean malos y odien a España sino porque nadie es capaz de taparse las narices con tal ahínco en un tema que ni le va ni le viene. Bélgica no entregó y se dijo a gritos que era un estado fallido protector de terroristas para explicarlo. Alemania no entrega y ni siquiera fue un país elegido por los muñidores legales de los expatriados, sino que lo fue por el propio CNI. Escocia no va a entregar. Suiza tampoco lo hará. Todos antiespañoles, todos malos, todos conspiradores contra nuestros intereses y humilladores del Tribunal Supremo. Tal vez simplemente todos con la vista lo suficientemente limpia y sin ganas de fábulas. 

Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas. Tralará.

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Las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana

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El viejo Engels nos recordó en el Anti-Düring con la frase que da título a este artículo que los problemas que se dan por resueltos sin hacerles frente acaban volviendo a hacer acto de presencia. Y lo suelen acabar haciendo en el momento más inoportuno, cuando empiezan a torcerse las cosas.

En la Transición española se tiraron bastantes cosas por la puerta. Pero, sobre todo, una. Se pasó de la Dictadura a la Democracia con un “ejercicio limitado” del poder constituyente del pueblo español, al que se le impuso la Monarquía como un hecho consumado. Una Monarquía que había sido restaurada por el general Franco en 1947 con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, primera de las Leyes Fundamentales sometida a referéndum.  El príncipe Juan Carlos adquiriría la condición de Rey tras la muerte del dictador y sería él, con el concurso de algunas de las autoridades del Régimen, singularmente el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, y con el presidente Adolfo Suárez, el que dirigiría el proceso que hemos definido como la Transición.

La  restauración fue previa a e indisponible para el ejercicio del poder constituyente del pueblo español, es decir, fue previa a e indisponible para la democracia. Con ese equívoco en la relación entre Monarquía y Democracia se ha venido operando desde entonces. Porque hubo Restauración de la Monarquía fue posible la Democracia. Este es el mensaje que se transmitió entre 1977 y 1978 y que se confirmó tras el intento de golpe de Estado del 23F de 1981.

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La arena de la playa no es tu cenicero

Una colilla en la arena de una playa.

El tipo está sentado sobre la toalla frente a la orilla del mar. Lleva un rato apurando el cigarrillo con esa mueca tan característica: los dedos en pinza, achinando los ojos. Lo miro porque me temo que lo va a hacer. Y finalmente lo hace: una última caladita y sin apenas desviar la mirada clava la colilla en la arena y la deja allí. Con toda la pachorra, como si fuera lo más natural del mundo, quedándose tan ancho.

Dan ganas de ir a llamarle la atención, a decirle lo del "oye, perdona: se te ha caído", pero lo cierto es que no es el único que lo hace. De hecho estoy rodeado de ellas: la arena está salpicada de colillas.

¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Cómo podemos convencer a los fumadores de que la arena de la playa no es su cenicero? En Tailandia lo tienen muy claro. Desde el año pasado si te pillan tirando una colilla a la arena te cae una multa de 2.500 euros y una pena de un año de cárcel. Poca broma con los tailandeses. Y es que están hasta las narices de las colillas.

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Taconeos para la tumba de un cobarde

Santiago Queipo de Llano en una imagen de archivo.

No sé dónde dejó escrito Vázquez Montalbán que cobarde es quien se hace el fuerte frente al débil y -por contra- se debilita ante el fuerte. Si extendemos tal definición a nuestra guerra civil, es fácil señalar quiénes fueron los cobardes y quiénes los valientes desde el primer momento en que los militares se levantaron en armas contra el pueblo.

Uno de aquellos cobardes fue el llamado Virrey de Andalucía; palanganero del general Francisco Franco que se dedicó a festejar las masacres que él mismo dirigía con el gusto de la sangre en la boca. Hablamos de Gonzalo Queipo de Llano, cuyos restos reposan en la Basílica de La Macarena de Sevilla para mayor vergüenza del pueblo sevillano.

Hace unos días, un buen número de mujeres vestidas de negro se acercaron hasta el citado templo bajo la consigna "Las mujeres no olvidamos: 1936-2013". Su plan era el de homenajear a tantas otras que sufrieron los abusos y la violencia a manos de las tropas legionarias y de las llamadas Fuerzas Regulares durante la contienda. La acción había arrancado en la misma Plaza del Pumarejo, donde Isabel Atienza Lucio, de 72 años, fue torturada y asesinada. Su delito: ser madre del dirigente comunista Saturnino Barneto. Su cadáver permaneció desnudo varios días a la vista de todo el mundo. Para que sirviera de ejemplo. La guerra civil trajo escenas de una crudeza similar por allí por donde pasaron las tropas de Franco.

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Otra vez la monarquía en peligro

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Juan Carlos I

Está de nuevo en marcha una operación de protección -¿salvamento?- de la monarquía española. La anterior, en 2014, concluyó con la abdicación de Juan Carlos I a favor de Felipe VI. Quedaron entonces muchas cuestiones pendientes. Algunas de ellas están saliendo a la luz estos días por boca de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la princesa alemana que fue amiga íntima del hoy rey emérito y también estrecha colaboradora en sus andanzas financieras. Hasta este momento la contraofensiva, con el gobierno de Pedro Sánchez a la cabeza, se ha limitado a ignorar esas revelaciones. Pero esa posición va a poder mantenerse sólo pocos días. Porque el asunto es gravísimo y no puede sino crecer. ¿Hasta dónde?

Que los diarios de mayor difusión –El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia- y las cadenas televisivas de mayor audiencia hayan decidido al mismo tiempo, seguramente coordinados por alguien, no mencionar ni de pasada las grabaciones de la princesa alemana es todo un síntoma de la altísima intensidad de la alarma que ha saltado en los círculos del poder. Que únicamente Podemos e Izquierda Unida hayan pedido que el parlamento, los tribunales y el Ministerio de Hacienda investiguen con urgencia cuánto hay de verdad en el asunto no hace sino confirmarlo.

Porque lo que está encima del tapete es que Juan Carlos I podría haber tenido o tener cuentas en Suiza, y quien sabe en qué otros sitios más, que esas cuentas se nutrían de las comisiones que el entonces rey de España obtenía por su intervención en contratos del Estado, que al menos una parte de esos fondos fueron blanqueados, que para ello utilizó al mismo testaferro, Arturo Fasana, al que recurrió el jefe de la Gürtel, Francisco Correa, que el monarca pudo solicitar que se le incluyera, a él o a una persona interpuesta, en la amnistía fiscal que Cristóbal Montoro decidió en 2012 y que posteriormente fue declarada inconstitucional. Y que el verdadero jefe de la Nóos era Juan Carlos de Borbón y no su yerno, Iñaki Urdangarín.

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El estatus jurídico de Puigdemont tras la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein

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La Fiscalía alemana cuenta con autorizar en breve la extradición de Puigdemont

Carles Puigdemont es ciudadano español. Es posible que prefiriera no serlo. Pero lo es. Y en cuanto tal, es titular de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el derecho a circular libremente por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente del mismo (art. 19 CE).

El ejercicio de ese derecho únicamente puede verse limitado mediante una decisión judicial. Cuando un juez entienda que hay indicios racionales de criminalidad en la conducta de Carles Puigdemont, puede proceder contra él y adoptar las medidas que, de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, estime pertinentes.

Pero únicamente puede proceder contra él por aquellos delitos por los que puede exigírsele responsabilidad penal. Y entre esos delitos ya no está la rebelión, la sedición, los desórdenes públicos o la corrupción. La conducta de Carles Puigdemont hasta el día de hoy no ha sido constitutiva de ninguno de esos delitos de acuerdo con la decisión adoptada en el día de ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein. Se trata de una decisión firme, vinculante para los "tribunales españoles", como el propio tribunal alemán recuerda en el apartado 5 de su comunicado de prensa.

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El señor Lobo del procés

Pablo Llarena

A cada problema, una solución. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha convertido en los nueve meses en los que se ha desarrollado la instrucción judicial contra el independentismo catalán en el señor Lobo de la Justicia española frente al desafío de los soberanistas. Como el personaje de Tarantino en Pulp Fiction, el magistrado ha tenido que echar mano de maniobras jurídicas que sus defensores, que son mayoría en la Sala Segunda del Supremo, califican de “audaces e imaginativas” y que las defensas definen como poco ortodoxas, cuando no de prevaricadoras, torticeras o ilegales.

La decisión de cerrar para juicio la causa contra los 18 dirigentes independentistas que, como el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tuvieron el valor de no marcharse tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que promovieron en el Parlament, ha coincidido con la decisión de Alemania de entregar a Carles Puigdemont únicamente por el delito de malversación de caudales públicos.

La jugada del Tribunal de Schlesweig-Holstein, que solo puede interpretarse como un rotundo éxito de las defensas que supieron ver que en el corazón de Europa no se aceptaría la tesis de que el 1-O constituyó una rebelión violenta contra el Estado español, obliga a Llarena a ponerse de nuevo el traje de señor Lobo contra el independentismo. Aunque su decisión no se conocerá hasta la próxima semana, todo apunta a que el juez volverá a tirar de derecho creativo, a retorcerlo según sus detractores, para retirar la euroorden contra Puigdemont, al menos, hasta que se celebre el juicio contra sus compañeros de aventura, y condenarle a no poder volver a Catalunya sin riesgo de ser detenido. El señor Lobo del procés ya echó mano de esta maniobra el 5 de diciembre del año pasado, cuando el temor a que Bélgica no entregara a los exconsellers por los delitos por los que les reclamaba le llevó a dar un paso atrás y retirar las peticiones de entrega. Si lo hizo una vez, podría hacerlo dos.

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