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Siete jueces con acelerador y marcha atrás

Los doce líderes independentistas en el banquillo del Tribunal Supremo

"Al leer aquellos dos primeros actos de Cuatro corazones con freno y marcha atrás, construidos para los teatros de Broadway, comprendí que le resultarían excesivamente largos al nervioso e impaciente público de España; y su acción, demasiado diluida. Los corté y comprimí".

Enrique Jardiel Poncela

En estos tiempos todo se altera. Leo informaciones en periódicos, de los que aún encajan, con matices, en el criterio de serios –los otros los abandoné por prescripción ética hace mucho–, que explican como el tribunal del juicio del procés se ha visto obligado a trasladar la declaración testifical de Rajoy y otros políticos al miércoles porque no ha dado tiempo a que declaren Cuixart y Forcadell. Me parece tremendo que una frase se trastoque todo el relato y se le sustraiga al lector el análisis de la realidad, como si la realidad no tuviese consecuencias que pudieran ser del interés de la ciudadanía o como si el periodista pudiera obviar la misma.

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El boli BIC y las derechas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su intervención este sábado en el acto en la madrileña plaza de la Villa

Hace unos años, un monólogo televisivo de Ellen DeGeneres se hizo viral. En ese famoso sketch, la humorista estadounidense denunciaba la llamada tasa rosa en su doble versión. Por un lado, aludía a la injusticia que supone que las mujeres tengamos que pagar más por productos idénticos solo porque son de color rosa o morado, o porque están pensados para un público femenino. Y por el otro, alertaba del reforzamiento de los estereotipos de género que esas prácticas comerciales implican. A lo que habría que añadir el uso comercial de las luchas sociales: cómo el potencial revolucionario del color morado de la lucha feminista se reinventa como modelo particular de consumo perfectamente asumible por la cultura económica dominante.

Aunque DeGeneres triunfara denunciando la tasa rosa, esa tasa en realidad no existe como tal, excepto en aquellos países en los que aún no se aplica un IVA súper reducido a bienes de primera necesidad para las mujeres como compresas o tampones –es el caso de España, donde ocurre y seguirá ocurriendo gracias a que las derechas y los independentistas catalanes han tumbado los presupuestos presentados por el gobierno socialista. Lo que sí existe en todos los países es una diferenciación de precios en productos que son iguales, pero presentan ligeras y vistosas variaciones en su apariencia exterior. Algo así como el catálogo que nos ofrecen las derechas españolas con su tripartito para las próximas elecciones del 28 de abril.

En un estudio de campo que hicimos para un trabajo fin de Máster –de los que se hacen de verdad, que es lo habitual y lo legal en las universidades españolas–, comparamos productos orientados a niñas y niños y a mujeres y hombres, observamos cómo, efectivamente, las maquinillas de afeitar rosas eran más caras que las azules; pero también comprobamos que las motos infantiles azules eran más caras que las rosas, posiblemente menos demandadas por las niñas o por los padres y madres de esas niñas, a quienes quizás les cuadre más verlas empujando un carrito de bebé. Por tanto, existe la tasa rosa pero también existe la tasa azul, la tasa arcoiris o la gris unisex. Lo que verdaderamente existe es una utilización y reforzamiento de los estereotipos a través de la diferenciación de productos.

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Por fin, el delito de rebelión

Centenares de personas siguen este jueves las declaraciones de los acusados del juicio del 'procés' que se celebra en el Tribunal Supremo, a través de una pantalla gigante instalada frente a la sede de Òmnium Cultural en Barcelona

No puede dejar de resultar sorprendente que el delito de rebelión no haya estado apenas presente en el interrogatorio de los fiscales a los distintos exconsellers durante los primeros días del juicio y que, sin embargo, se haya convertido en el protagonista del interrogatorio a Jordi Sánchez en el último de esta semana. Y no puede dejar de serlo, porque Sánchez no era diputado en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre en que se aprobaron las leyes de referéndum y de desconexión, ni miembro del Govern que aprobó el decreto en ejecución de la ley para la celebración del referéndum el día 1 de octubre. Tampoco pudo participar en ninguna de las actuaciones parlamentarias o gubernamentales posteriores al 1-0, que acabaron desembocando en la activación del 155 CE.

No puede dejar de ser sorprendente que no se ha interrogado por el delito de rebelión a quienes fueron diputados y consellers y sí se interrogue por dicho delito a quién no ha participado en la toma de decisión sobre la declaración de independencia, sencillamente porque no podía hacerlo. ¿Puede alguien que no ha participado en la toma de decisiones relativas a la declaración de independencia que están en el origen del proceso ser acusado del delito de rebelión por haber participado en una concentración ante una conselleria para protestar, que no impedir, el ejercicio de un registro ordenado judicialmente? ¿Puede la participación en una protesta contra un registro ordenado judicialmente transformarse en delito de rebelión?

Por muchas vueltas que se le de al asunto, la conclusión que se impone es que Jordi Sánchez no ha hecho otra cosa que ejercer el derecho de reunión y manifestación, como viene haciéndolo desde hace años. Y de la forma en que viene haciéndolo: de manera pacífica y sin armas, como establece el artículo 21 CE. Se podrá discutir si el 20 de septiembre de 2017 ejerció ese derecho en los términos exactamente previstos en la Constitución y en la Ley, pero nada más. No se puede convertir un ejercicio del derecho de reunión en un delito de rebelión. Se podrá argumentar que no se han respetado los términos en que el derecho está reconocido y regulado, pero de ahí al delito de rebelión hay una distancia insalvable.

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Hijos de Ruta

El almirante Blas de Lezo, en el Museo Naval de Madrid.

Hace unas semanas, con motivo de la publicación de un artículo dedicado a Blas de Lezo, en este mismo diario, los fachas no pararon de darme la tabarra en las redes sociales.

Como si se tratase de una masa aborregada, todos repetían la misma matraca, esa que viene a decir algo así como que "no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente". Si reflexionamos un poco, no es más que una frase lapidaria y que queda muy bien en las sobremesas familiares, cuando el 'cuñao' de turno retira las migas del mantel para dejar sitio a los cafés, resolviendo su análisis político con un discurso que deja a todos los demás comensales fuera de juego, no ya por su lucidez, sino por la falta de la misma; me explico.

Porque en un país como el nuestro, donde todavía se juzga el presente −y a los presentes− con los ojos del pasado, no está de más dar la vuelta al asunto y hacer lo contrario. Sin ir más lejos, para que sirva como ejemplo de cómo los fachas resuelven el presente con los ojos del pasado, se ha puesto en marcha una ruta, bautizada como Ruta 36, en la que se marca el itinerario a seguir por los bares decorados con parafernalia fascista. Locales donde no falta el retrato de Paca la Culona, como tampoco falta la bandera del pollo, ni los "¡Viva España!", "¡Una, Grande y Libre!", ni las sobremesas etílicas entonando el "Cara el Sol", ni las tertulias enjundiosas acerca de los héroes de nuestro glorioso pasado militar, desde Flandes a la gesta de Blas de Lezo pasando por la División Azul. Cuando la sobremesa se alarga, alcanza el islote de Perejil.

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Antes de que el clima se nos haga bola

Las manifestaciones de los adolescentes a favor del medio ambiente y contra el cambio climático son ya la mayor rebelión en defensa del planeta a escala mundial.

Este llamado '15M verde', liderado por la joven Greta Thunberg, está emergiendo de los institutos con una frescura y una fuerza tremendas. Cada viernes millones de jóvenes de todo el mundo se saltan las clases y salen a las calles de sus ciudades para pedir un alto el fuego climático.

Sus eslóganes, en letras de colores sobre cartulinas escolares, son una mezcla de candidez y osadía, pero demuestran que saben perfectamente lo que está en juego. Y lo que está en juego es nada más y nada menos que su futuro.

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Volver a la vida

El paso del modelo económico productivo al marco financiero en el entorno de la globalidad ha cambiado el concepto de la democracia. Un mundo abierto, la irrupción de las nuevas tecnologías y la desaparición del trabajo, genera desigualdades, precariedad y desigualdad. Avanzan los populismos y el contrato social se resiente. Es un modelo nuevo, complejo, que reclama nuevas ideas para preservar la democracia en el marco de igualdad, convivencia y desarrollo.

La democracia se ha vuelto compleja y pareciera que a políticos y ciudadanos se les va de las manos. Daniel Innerarity observa que «el poder del público en relación con la política formal ha sido siempre meramente fragmentario, pasivo, indirecto e impreciso». Pero a su vez, la clase política ante la volatilidad del voto que genera la incertidumbre y el miedo, frente a la incapacidad de generar respuestas, se refugia y se proyecta desde la plataforma del espectáculo de lo simple.

Quedan ya como anécdotas anacrónicas las primeras apariciones de los políticos en el programa La noria, un reality show cuyas emisiones se suspendieron ante la fuga de anunciantes por los contenidos que se emitían, para ganar en poco tiempo espacios propios y arrebatar los programas del prime time nocturno a los famosos por relación. Aquello que ocurría, de manera espectacular, tal como lo entiende Guy Debord, es decir, convirtiendo en entretenimiento la cuestión política, suponía el asalto desde la calle a los medios. Confundir Sálvame con Salvados.

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¿Y estos magistrados tienen el futuro de España en sus manos?

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Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo del interrogatorio del expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, durante la sesión vespertina de este jueves.

No hay muchos datos sobre el número de personas que están siguiendo en directo el juicio. Seguramente pocas. Y todas ellas en Cataluña, el único territorio en el que las sesiones se retransmiten íntegras. Pero ese colectivo está teniendo el privilegio de observar sin intermediaciones ni interpretaciones cómo actúan nuestros magistrados, esos personajes temidos y que el común de la gente coloca en un estadio superior, por encima de los hombres y de las cosas. Pues no, son profesionales corrientes, que cometen errores, algunos de bulto, y que manifiestan, seguramente a su pesar, intenciones que van más allá del papel institucional que les correspondería.

A los abogados, que pasan buena parte de su tiempo en los tribunales, no habrán sorprendido las imágenes de estos últimos días. Ellos conocen las limitaciones de los jueces y fiscales. Pero la gente corriente sólo sabe de su enorme poder y, como es lógico, tiende a confundirlo con sus capacidades personales. La retransmisión en directo del juicio del “procés” está acabando con esa confusión. Acosados por la eficaz defensa de los acusados, de sus abogados y de ellos mismos, los fiscales, la acusación, no están dando buena imagen.

En su afán de que la vista oral sea lo más trasparente posible, seguramente pensando en que eso le puede ayudar el día que el asunto entre en los tribunales internacionales, lo cual todos los que saben consideran inevitable, el presidente Manuel Marchena puede haber jugado una mala pasada a los intereses de su corporación. Y quién sabe si también a los durísimos propósitos de los autores de la causa misma.

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El juicio imposible

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El juicio imposible

Casi todos los que siguieron a través del televisor lo sucedido el jueves en Catalunya con motivo de la convocatoria de huelga general, tuvieron la impresión de que se vivió un ambiente pseudoinsurreccional. Todo eran movilizaciones con banderas independentistas, concentraciones gritonas y excitadas de huelguistas contenidas a duras penas por la policía, neumáticos incendiados cortando carreteras, algunas carreras y choques -aunque de escasa virulencia- así como complejas operaciones de desalojo de personas apalancadas en el suelo en actitud pacífica intentando obstruir el espacio público...

El paralelismo aparente con lo que nos queda en la memoria de, por ejemplo, las insurrecciones de la Primavera Árabe, era muy nítido, pero en este caso prácticamente todo era ficción. No más de unas cien mil personas, la mayoría jubilados y estudiantes, protagonizaron voluntaria o involuntariamente una convincente representación teatral de día caótico, porque la verdad es que el jueves apenas hubo huelga, no fue en absoluto general, tuvo nulo impacto en la industria, y consiguió escasísimo seguimiento en el transporte, comercio y sanidad. La prueba del nueve es que el consumo energético catalán se redujo en un ínfimo 3,7% respecto a un día normal. Aún así los voceros oficiales de esta protesta contra el juicio, voceros respaldados por la Generalitat, no solo calificaron la huelga de "éxito" sino que subrayaron que por sus dimensiones era la segunda mayor de los últimos 15 años, cuando únicamente fueron significativas las manifestaciones complementarias que hubo al atardecer en las grandes ciudades, después, paradójicamente, de la jornada laboral.

El independentismo ha conseguido acumular una excelsa calidad escénica y los directores de sus espacios teatrales callejeros son magníficos. En esta ocasión, conscientes de que no movilizarían a una parte significativa de la población, apostaron por el efecto --seguro, ya testado-- de un asegurado parón estudiantil generalizado que sumado a mucha gente del romanticismo separatista de tercera edad llevaría hacia las aceras y plazas de las localidades a la masa coral necesaria para que el espectáculo televisivo fuese convincente. Así, el jueves no hubo ninguna insurrección en Catalunya pero ópticamente pareció rozarse en contraste con una verdad tozuda: la mayor parte de la gente trabajó y vivió una jornada casi normal a efectos prácticos. Las únicas gotas de ácido las pusieron, gracias a la tolerancia policial --léase lentitud a la hora de actuar-- veinte o treinta grupos de CDR's aprovechando las horas que les dejaron para materializar sus obstrucciones duras. Pero el jueves, como representación teatral publicitaria retransmitida por TV, la jornada de huelga fue un espectáculo muy convincente y llamativo.

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Las inquietantes lagunas del 23F

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Antonio Tejero, en la tribuna del Congreso el 23 de febrero de 1981.

Este fin de semana se va a hablar mucho del 23F. De la intentona golpista que se plasmó en la toma del Congreso por el Teniente Coronel Tejero al mando de un comando de doscientos miembros de la Guardia Civil, subfusil en mano. 38 años después, permanecen bajo secreto de Estado números aspectos de la operación. Para la historia han quedado aquél “¡Quieto todo el mundo!” repetido hasta la saciedad, los diputados que permanecieron erguidos y los que se tiraron al suelo conminados por Tejero, las largas horas de incertidumbre, la noche de los transistores, el discurso tardío del Rey Juan Carlos apoyando “el orden constitucional dentro de la legalidad vigente”, la consolidación de la Corona.

Sabemos el clima que se vivía y el que vino después. El fin de la Transición se acercaba con la llegada del PSOE de Felipe González al gobierno año y medio después, algo impensable en décadas. Cambios sutiles y de calado. En una dirección clara, modernización y no ruptura. Pero, por muchos que sean los estudios, faltan datos, falta sacarlos a la luz porque ese 23 de febrero de 1981 cambió todo, para cambiar poco. Y está en el origen del tiempo que nos ha traído hasta este hoy. El centro derecha virado a posiciones extremas, impregnadas de franquismo. La corrupción endémica. Aquel Felipe González, este Felipe González. Aquel Alfonso Guerra, este Alfonso Guerra. Y  todo y todos los demás. Siquiera como metáfora.

El sucesor de Juan Carlos I, su hijo Felipe VI, irrumpe de nuevo en la actualidad política para decir: “No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho”. La legalidad vigente. Supuesta democracia. Grandes conceptos. Legalidad y democracia no pueden contraponerse. No hay democracia sin legalidad, en efecto; ni legalidad sin democracia. Son conceptos dinámicos, la legalidad ha de adaptarse a la democracia en cada tiempo y lugar.

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Francisco Serrano sale a cazar

Vox pide los nombres de los empleados de las unidades de Violencia de Género

Perseguir a alguien por sus ideas está prohibido en nuestro país porque la libertad ideológica es uno de esos pilares fundamentales de nuestra democracia, algo que recoge la Constitución en su artículo 16. Pero si, además, el motivo que da pie a esa persecución y purga (la falsa “ideología de género”) es un invento proyectado desde una ideología ultra y totalitaria, estamos ante un posible delito de odio por motivos ideológicos, algo que está tipificado en nuestro Código Penal.

Desacreditar y despreciar de forma sistemática, como hace Francisco Serrano, a quienes luchan contra la violencia de género es, sencillamente, incitar, atacar y perseguir de forma sistemática, injustificada e injustificable a quien, desde un organismo, organización o entidad, está prestando un servicio recogido y estipulado en nuestras leyes y en la normativa internacional que España ha de respetar. Teñir de sospecha la labor profesional de quienes se dedican a informar, asesorar y acompañar a las mujeres no ha sido suficiente para el juez condenado por prevaricación y líder andaluz de Vox. Ahora, su propuesta es que el Parlamento andaluz recabe los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, de los equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de los equipos de Menores de la región que evalúan el riesgo que sufren las mujeres víctimas de violencia machista. Su objetivo es ver si están colegiados, capacitados e ideologizados. Más allá de que se esta extralimitando en su función, justifica la necesidad en unas supuestas denuncias que de haberse hecho (a ver si van a ser falsas, Sr. Serrano) deberían tramitarse en los organismos destinados a tal efecto. No es competencia suya pedir al Parlamento que escudriñe sin motivo objetivo y de forma indiscriminada y arbitraria la labor profesional de todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la violencia machista.

La gravedad de las palabras del Sr. Serrano no debería pasarse por alto. Su conducta no es excepcional, no es la primera vez que se salta una norma para hacer lo que él cree que se debe hacer. Su discurso es un hostigamiento continuo y permanente a las mujeres y a otros colectivos cuyos derechos se ven vulnerados por quienes, como él, tienen ideas sesgadas por los prejuicios, la intolerancia y el rencor. Hace muchos meses que dejó de ser un secreto a voces que Francisco Serrano odia a las feministas, nos tacha de mentirosas y manipuladoras y si nos organizamos nos llama kale borroka. Su grado de misoginia, más allá de insultante, empieza a invalidarle como representante asalariado del erario publico. Empieza a no dilucidar lo que es constitucional de lo que no. Y ahora, al igual que cuando ejercía de juez y se le inhabilitó, sus propuestas deben respetar el marco constitucional y legal que protege la intimidad, integridad y los derechos, también laborales, de los profesionales a las que ahora el quiere escrutar para ‘cazar’.

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