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Sin naturaleza no hay nada

Hay quien defiende la naturaleza porque sencillamente le gusta salir a pasear por el campo y sentirse acogido por ella. Otros lo hacen porque les gusta nadar en el mar, descender ríos, escalar montañas o correr por ellas. Excursionistas, observadores de aves, buscadores de setas, pescadores, cazadores. Todos aman la naturaleza a su manera y todos tratan a su manera de defenderla. Pero hay una causa mayor para hacerlo: el puro egoísmo. Tanto si vas mucho como si no vas nunca: debes defender la naturaleza porque es tu mejor autodefensa.

Bebes. Comes. Acudes a la farmacia o al naturópata para sanarte. Te vistes, te desplazas, te calientas o te refrescas, te cobijas en tu hogar. Todo ello se lo debes a la naturaleza. Salgas o no al campo, sientas mayor o menor apego por ella no dejes de defenderla, porque sin naturaleza no hay nada ni eres nadie. Por eso la crisis de la biodiversidad es una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos: a la que te enfrentas.

Como se encargan una y otra vez de recordarnos los científicos de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por su acrónimo en inglés): "las especies son la base de nuestros alimentos y nuestras medicinas, garantizan nuestro acceso al agua potable o la energía; son la parte esencial de nuestra cultura y nuestra identidad y determinan nuestra calidad de vida". Este organismo de la Unesco es el encargado de analizar el estado de conservación de la diversidad biológica y evaluar los servicios que nos presta la naturaleza. Y sus informes deberían caer como mazazos sobre nuestra conciencia.

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El delito de apología del franquismo sin nuestro Historikerstreit, un error histórico de cálculo y memoria

Ramón Tejero sale del cementerio de Mingorrubio tras el segundo entierro de Franco.

Establecer como delito el enaltecimiento del franquismo y la apología de sus crímenes es un paso en la línea adecuada que nos equipararía con los países de nuestro entorno que establecen como delitos contra la democracia cualquier expresión de odio, de exaltación del nazismo y de negación del Holocausto como elementos fundacionales de sus estados democráticos. Sin embargo, hacerlo hoy en España, en las actuales condiciones jurídicas, sociales y de cultura democrática es un error histórico de cálculo que incide en lo simbólico perdiendo de vista lo estructural. Un camino incapacitante que impedirá una política de memoria efectiva, justa y que sirva para construir un país más digno.

Se han dado multitud de argumentos a favor y en contra de la instauración de este delito. En lo que respecta a la libertad de expresión no hay que perder mucho tiempo, no es el debate para fijar posición al respecto e impide analizar el fondo de la cuestión. En España los delitos apologéticos llevan fijados muchos años. La mayoría de los que ahora se escandalizan han defendido con actuaciones represivas estos tipos penales para silenciar a la disidencia o cualquier opinión discrepante que pudiera encajar en los tipos penales preexistentes de manera intimidatoria.

No es cierto que la instauración de un delito como el de apología del franquismo, respetando los preceptos fundamentales de otras legislaciones, atente contra la libertad de expresión, como no lo hacen los delitos de odio cuando lo que pretenden es defender a colectivos vulnerables. Peor argumento aún es considerar la defensa del genocidio franquista como una opinión más. Porque no todas las opiniones son respetables, como recoge nuestra Constitución. El debate para rechazar la instauración del delito de apología de franquismo es estructural, más profundo y tiene ver con la pésima conciencia democrática y de memoria que existe en la actualidad en España. Una base imprescindible sin la que nada sólido y digno de mantenerse en pie puede subsistir.

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Ponle freno al Código Penal

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"Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto"
Noam Chomsky

Confieso estar desazonada desde que Adriana Lastra anunciara la intención de tipificar un nuevo delito de exaltación del franquismo. A mí lo que me parece delito de leso progresismo es sumergirse en la orgía permanente de engrosamiento de un Código Penal que es ya demasiado tupido y demasiado duro y demasiado usado para solucionar conflictos que deberían encontrarse fuera de sus márgenes. El mensaje que se envía a la sociedad es demoledor. El otro día varios oyentes pedían en uno de los programas que hago que se convierta en delito mentir. ¿Ven? Las inercias tienen peso y la inercia de una derecha que ha convertido el Código Penal en su libro de cabecera, que lo ha hecho crecer a golpe de víscera y de populismo y de búsqueda de aplausos y de captación de las víctimas, está ahí. Ruego, por favor, al Gobierno de coalición progresista que reflexione antes de convertirse en lo mismo que llevamos criticando tanto tiempo.

No solo no hay que crear ningún delito de opinión más, sino que existe la obligación de desmontar el andamiaje represivo que se ha ido construyendo por la derecha a golpe de populismo punitivo y de electoralismo fácil. Los argumentos de los que, dolidos por el uso represivo de la derecha y la derecha judicial –la mayoría–, se consuelan pensando en poderles aplicar la misma medicina a los fachas no solo son espurios, sino que son peligrosos. Lo siento, pero no podemos ser iguales que ellos. Esto debe ser lo que algunos de mis contertulios del lado contrario llaman en un lamento "la superioridad moral de la izquierda". Pues sí, si somos superiores en términos de coherencia y moralidad, no queda sino demostrarlo. Eso no hará a nuestros principios más débiles, sino que los reforzará.

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Condroprotectores: Alabados por medios de comunicación, retratados como placebos por la ciencia

En noviembre de 2019, el Ministerio de Sanidad anunció que el Sistema Nacional de Salud iba a dejar de financiar los condroprotectores, usados para la artrosis, porque "llevan años cuestionados debido a su baja utilidad terapéutica". Estos "fármacos", entre los que se encuentra el condroitín sulfato o la glucosamina, son más conocidos en el ámbito médico como SYSADOA (fármacos sintomáticos de acción lenta para la artrosis) y cuestan a España alrededor de 36 millones al año.

Nuestro país no es, ni por asomo, el primero en tomar esta medida debido al más que discutible efecto de los condroprotectores. Países como Estados Unidos, Australia, Holanda y Reino Unido consideran a estos "medicamentos" suplementos dietéticos sin eficacia demostrada desde hace más de 10 años. Otros países, como Suecia y Dinamarca, que inicialmente financiaron los condroprotectores, terminaron retirándolos de sus sistemas de salud precisamente por su eficacia nula o dudosa para la artrosis. Además, numerosas guías médicas internacionales, libres de conflictos de intereses, desaconsejan la prescripción de condroprotectores.

La medida anunciada por el Ministerio de Sanidad aún no se ha llevado a cabo, pero lo que sí se puso en marcha con la decisión del Gobierno fue una intensa campaña mediática (especialmente desde medios especializados en sanidad) que critica con dureza la desfinanciación de los condroprotectores. Diferentes medios de comunicación discuten la medida como si fuera fruto de un recorte sanitario injustificado y no de un análisis racional de la eficacia y coste-efectividad de los condroprotectores. Se han podido leer titulares como "La desfinanciación de los SYSADOA afectaría a más de un millón de pacientes de artrosis sin alternativa terapéutica", "Dejar de financiar medicamentos contra la artrosis le costará al Gobierno 40 millones", "El uso de condroprotectores evitaría cerca de 20.000 efectos adversos anuales" o "Frente común de profesionales y pacientes para frenar la desfinanciación de los SYSADOA".

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La epidemia del miedo

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Wuhan, foco del coronavirus. EFE/Yuan Zheng

«Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos;

ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven».

José Saramago, "Ensayo sobre la ceguera"

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El virus de la interdependencia

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El Mobile se cancela por el coronavirus pero se confirma la edición de 2021

He de comenzar reconociendo que mis conocimientos sobre salud pública son muy limitados, por decirlo suavemente. Por eso confío en la opinión y el criterio de los expertos. Y la confianza que me transmiten los responsables de salud pública de este país es total. Lo avalan su experiencia en otras situaciones de riesgo y también mi convencimiento de que en sus decisiones e información a la ciudadanía no prima ningún otro interés que no sea el de la salud de la población.

Pero parece evidente que las reiteradas garantías de estos responsables de salud pública no han sido suficientes para evitar cierta sensación de miedo, que en algunos casos se convierte en pánico. Esta puede ser una de las explicaciones de la controvertida decisión de los organizadores de cancelar la celebración del Mobile World Congress. Estos días los medios van llenos de análisis y especulaciones sobre las razones que han llevado a importantes compañías tecnológicas a anunciar su no participación en el Congreso, en lo que me parece un caso evidente de profecía de autocumplimiento.

Que por cierto, puede repetirse en los próximos meses si continuamos especulando, más que analizando, sobre los impactos económicos de la epidemia del coronavirus. Como sucede cada vez más en muchos conflictos, es probable que la explicación última sea compleja y en ella influyan algunos de los vectores que se vierten en los análisis. Riesgos de salud pública, protección de los participantes, guerra comercial entre empresas, oportunismo de Trump. Ya veremos que nos explica el futuro.

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Primera enmienda

Un hombre frente al panteón de Franco en el cementerio del Mingorrubio.

Una de las clases que más intimidan de la Universidad de Harvard es la dedicada a la Primera Enmienda en la Facultad de Derecho. Todo el curso versa sobre la enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege la libertad de expresión, de prensa y de conciencia.

Cada clase se convierte en la escenificación de la sala de un juzgado y el profesor Noah Feldman somete casos históricos al debate jurídico llamando a los alumnos a intervenir (cada uno tiene un cartelito delante con su nombre) para exponer sus argumentos a favor y en contra de manera rápida y, a poder ser, brillante. Feldman, que testificó hace unas semanas en el Congreso a favor del impeachment de Donald Trump, da vueltas por el aula -una de las más grandes y antiguas, donde también estuvo sentado como estudiante Barack Obama- y se produce un debate intenso. Los matices son distintos cada vez, pero lo que suele salir es una defensa profunda de la libertad de expresión sobre todo cuando más cuesta defenderla, cuando más intereses contrapuestos existen o más dudas jurídicas de qué derecho debe prevalecer.

Es cierto que el caso de Estados Unidos es extraordinario en la protección casi sin límites de la libertad de expresión y de prensa comparado con las democracias europeas. Ni España ni Francia ni Reino Unido ni por supuesto Alemania veneran con tanta devoción legal y cívica la libertad de expresión. El valor de la prensa nunca ha tenido en Europa el aura que tiene allí. Tampoco en Reino Unido, donde un juez puede parar una información antes de que se publique. Este debate ha vuelto ahora de la mano de las leyes para purgar la memoria de la barbarie nazi en Alemania, que son inspiración para la reforma del Código Penal que quiere hacer el Gobierno en España para introducir como delito "la apología del franquismo".

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El dedo en Venezuela y la luna en China

Entrada al pabellón de Fira que debía albergar al Mobile

La cancelación del Mobile World Congress es una mala noticia y según las autoridades españolas, una decisión que no está justificada. "No había motivos", ha resumido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La organización alega motivos de "fuerza mayor", un argumento pensado para la batalla que librarán los ejércitos de abogados entre el GSMA y las compañías para ver quién asume el coste de la anulación del evento. En este caso, las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud así como las del Ministerio de Sanidad y la conselleria de Salud juegan a favor de las aseguradoras de las empresas.

En algunos despachos de la administración catalana se especula con que detrás de la decisión está la guerra comercial entre China y Estados Unidos y que todo lo que sea debilitar a Huawei, la que tenía más metros de 'stand' en el Mobile, les conviene a las grandes firmas americanas y europeas. Esta tesis, que puede ser tan cierta como difícil de comprobar, se tambalea cuando también se han registrado bajas de empresas chinas. Es cierto que solo dos pueden considerarse como destacadas, Vivo y Umidigi, pero su renuncia hace que la teoría sobre una explicación geopolítica a la cancelación ofrezca dudas.

Las administraciones se limitan casi solo a dar hospedaje al Mobile. Ponen los pabellones y los servicios, pero la negociación con las empresas depende directamente de la patronal GSMA. En resumen, que para saber qué pasa y pasará es más fácil saberlo en Londres que en la plaza Sant Jaume. Una opacidad que es terreno abonado para las conspiraciones. Tanto el presidente, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta Carmen Calvo ha dejado caer que la cancelación responde a "otras razones" distintas a las esgrimidas. Pero el Gobierno no ha aclarado cuáles son.

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De rupturas y reencuentros

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Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez, en una imagen de archivo.

Las hay tempranas, tardías, buscadas, no deseadas, sonoras, silenciosas, valientes, cobardes, explosivas, prudentes, impostadas… E incluso inevitables. La ruptura entre Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez es de estas últimas. Estaba cantada. Lo que no puede ser, nunca es. Dos no siguen juntos si uno no quiere, y la líder de Unidas Podemos en Andalucía hacía tiempo que barruntaba el final de una relación para la que demandaba una autonomía que el secretario general de los morados no estaba dispuesto a darle.  

En realidad, como en las parejas que saben que el final es inexorable pero cohabitan en la distancia, los dos buscaban la mejor forma de acabar con un vínculo desde hace tiempo no deseado porque la unión solo provocaba ya tensión y desorden. De hecho, ambos han reconocido que había importantes diferencias, aunque hayan tratado de poner en valor que la de Rodríguez haya sido una salida respetuosa.

"No es bonito, no es hermoso, pero entre los que defendemos la justicia social no hay un adiós, hay un hasta luego para seguir trabajando por lo que nos une", ha afirmado un idílico Iglesias. Lo malo de la poesía es que tras ella siempre llega la prosa y ésta rara vez entiende de lirismo. Los anticapitalistas nunca vieron con buenos ojos la alianza entre Iglesias y Sánchez, ni el gobierno de coalición, ni la mano de hierro con la que el secretario general de Unidas Podemos ha llevado la organización en los últimos tiempos.  Y lo peor no es esto -los hiperliderazgos han llegado para quedarse en todos los partidos del actual mapa político-, sino las contradicciones sobre las que tendrá que cabalgar una formación nacida desde los movimientos sociales y que hoy forma parte del Gobierno de España. 

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No están contando la verdad del coronavirus

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¿30 de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo han fraguado una conspiración para cargarse el Mobile World Congress de Barcelona? ¿En muy pocos días y con costes no pequeños por retirarse, además? ¿Por qué y para qué? ¿No sería más lógico pensar que esas compañías, que cuentan con poderosos servicios de investigación en todos los ámbitos, han llegado a la conclusión de que acudir al Congreso representaba un riesgo muy grande para la salud de los cientos o miles de empleados que iban a enviar a la Ciudad Condal?

Si se responde afirmativamente a la segunda pregunta, se abre una perspectiva realmente inquietante. La de que la epidemia de coronavirus es bastante más grave de lo que dicen las autoridades sanitarias. Al menos las chinas. Y chinos habían de ser los miles de técnicos y cuadros que las compañías de ese país puntero en el sector habría de enviar a Barcelona. La posibilidad de que algunas, o más, de esas personas estuvieran incubando el virus ha debido de ser valorada como muy grande por las empresas que han decidido retirarse del Mobile.

Y es que bastantes opiniones cualificadas que recogen algunos de los diarios de referencia europeos son mucho más pesimistas que las que expresan los responsables de la Organización Mundial de la Salud, que más de una vez en el pasado ha sido acusada de atender más a los intereses diplomáticos de sus países miembros que a la dinámica sanitaria real. Eso sí, con la excepción de la declaración puntual de su director general, el etíope Tedros Adharom, que el martes dijo que "el coronavirus es el enemigo público número uno del mundo", una frase que ningún otro miembro de su organización ha querido repetir.

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