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Devolución en frío

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado que una devolución "en caliente" de migrantes no es ilegal si el intento de entrada fue ilegal. Es decir, legaliza que alguien que llama a la puerta sea expulsado en el mismo momento si llegó por recovecos fuera del proceso administrativo establecido. Aunque no le hayamos dado tiempo a decir de qué huye, quién le persigue, cómo se llama o de dónde es, como obliga la legislación internacional.

El fallo es coherente, si se pudiera asegurar que las personas subsaharianas que quieren entrar en España pueden hacerlo en un consulado o pidiendo cita en el puesto fronterizo de Marruecos, cosa que hoy es casi imposible (los motivos, aquí). En esa situación idílica, los migrantes pedirían turno con un papelito que escupe esa especie de secador rojo que se llama dispensador, explicarían que su vida corre peligro en su país, o que los persiguen por ser gays o que la guerra les pone en una situación de riesgo. Amablemente, los funcionarios marroquíes del puesto fronterizo de Beni Enzar les tomarían nota y se iniciaría un procedimiento para entrar en España, que podría valorar si esa persona merece protección y asilo o no. También habría unos papeles que se podrían revisar o recurrir en lugar de una vuelta insegura y sin garantías por el mismo sitio por el que han venido, con un trauma más y menos dinero en el bolsillo.

La realidad es que las entradas por la frontera sur suceden a pelo y sin seguridad de ningún tipo. Migrantes que esperan emboscados la ocasión propicia para entrar en barca o saltando la valla, y que por ese mismo motivo, según la nueva doctrina de Estrasburgo, quedan desprotegidos si las autoridades españolas los devuelven sin preguntar quiénes son, por qué han venido y por qué peligran sus vidas, como obligan los convenios internacionales. Esta sentencia es el aval jurídico a la llamada devolución en caliente, que el PP cambió por "rechazo en frontera", y que es en frío, porque no se molesta en preguntar ni en saber, porque olvida al ser humano y se centra en su situación administrativa y unas normas que no contemplan excepción o, simplemente, no contemplan la realidad.

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Contra el punitivismo y la censura, memoria e imaginación

Esta semana, hemos conocido la intención del Gobierno de incluir en el Código Penal la apología del franquismo y, ante ello, algunos y algunas hemos mostrado nuestra preocupación. No porque no queramos acabar con la cultura franquista de nuestro país, sino, justamente, porque queremos hacerlo. El peligro de la irrupción de la ultraderecha en nuestro escenario político no es solamente polarizar y radicalizar a la derecha, cosa que es evidente que se ha producido; el verdadero peligro es derechizar al conjunto de la sociedad. Y esa es la gran amenaza que un Gobierno progresista tiene que enfrentar en los próximos años: su tarea es construir un sentido común vacunado contra el racismo, el punitivismo, el machismo o la censura de la ultraderecha.

¿Cómo hacer que cuando los y las españolas vuelvan a decidir qué proyecto de país quieren –sea en dos años, en cuatro o en ocho– seamos una sociedad que valora sus derechos políticos y defiende sus libertades de opinión frente a quienes quieren recortarlas? ¿Cómo hacer que seamos un pueblo que rechaza la cadena perpetua en vez de una sociedad que se ha acostumbrado a las respuestas punitivas y las ha normalizado? Y, la pregunta que siempre vuelve: ¿acaso podremos construir un antídoto contra Vox usando algunas de sus herramientas? Engordar el Código Penal con delitos de opinión es una peligrosa senda iniciada por Aznar, una senda que ha desembocado en la ley Mordaza y en penas de cárcel para raperos y tuiteros y que este Gobierno no debe proseguir, sino desandar. Copiar las recetas de la ultraderecha implica ampliar su campo de batalla y allanar el camino en su conquista del sentido común. No se me ocurre una mayor victoria de Vox que la que consiste en usar sus propuestas hasta cuando tratamos de derrotarles.

Puede que haya quien piense que estas críticas pecan de ingenuidad y buenismo y que quienes defendemos las libertades de expresión estamos casados con bellos principios abstractos, pero dejamos de lado el pragmatismo. Nada más lejos de la realidad. Los principios democráticos siempre fueron la ley del más débil. Los ricos y los poderosos ya tienen siempre, por ejemplo, altavoces para hacerse oír. Por eso, las libertades de expresión y la ampliación de los márgenes de nuestros debates públicos nunca son un lujo, un pasatiempo o una cosa de gente ociosa. Son compromisos con los que menos altavoces tienen y más expuestos están al poder de los que mandan y a sus discursos dominantes.

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Qué debe y qué puede hacer el PP

Pedro Sánchez y Pablo Casado, en una imagen de archivo.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se va a entrevistar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hay pocas esperanzas de entendimiento entre ambos, si tenemos en cuenta los precedentes. Lo previsible es que, una vez más, domine la polarización y no se establezcan espacios de acuerdo. Lo preocupante es que sigue siendo urgente encontrar soluciones consensuadas para dar respuesta a los principales problemas que padecemos. La particular situación que vive la derecha complica extraordinariamente la confluencia de intereses conjuntos.

El PP vive una enrevesada coyuntura que complica su estrategia. La primera dificultad radica en que le resulta muy problemático hacer lo que debe, ya que no sabe cuál es el mejor camino para emprender. Además, tampoco es sencillo hacer lo que puede. Las discusiones internas, la amenaza que representa Vox y la falta de un ideario definido y actualizado le impiden ponerse en marcha. El problema es complejo, porque reúne dilemas poco definidos y alternativas de movimientos contradictorias.

Para entender la compleja situación, hay que partir del actual reparto electoral que se dibujó en España el pasado mes de noviembre. La izquierda estatal (PSOE, Unidas Podemos y Más País) sumó 10,4 millones de votos (10.404.234). La derecha (PP, Vox, Ciudadanos y Navarra+), muy cerca de los 10,4 millones (10.395.920). Es decir, quedaron absolutamente igualadas. El reparto por circunscripciones posibilitó que la derecha alcanzara los 152 escaños, por debajo de los 158 de la izquierda. El problema real no está en este bloque empatado que en total alcanza los 310 diputados. La gran diferencia está en los restantes 40 escaños existentes en el Congreso. Esta es la cuestión clave en la que no se pone el foco. El eje izquierda vs derecha está demasiado igualado en España. Lo que determina la balanza es el resto: la España no alineada en los bloques ideológicos tradicionales.

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Devoluciones en caliente: la extrema frialdad del TEDH y de toda Europa

Dos agentes devuelven a un inmigrante a Marruecos

El pasado jueves, conocimos la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH– que, dictada por su Gran Sala, estimaba el recurso del Gobierno español contra la sentencia de su Sección 3ª de 3 de octubre de 2017. La primera sentencia había estimado por unanimidad que España había incurrido en dos vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos –CEDH–, concretamente el artículo 4 del Protocolo 4, que prohíbe las expulsiones colectivas, y el artículo 13 del propio Convenio, que exige la existencia de recursos adecuados para impugnar las posibles vulneraciones de los derechos reconocidos en el mismo.

Sorprendentemente, la Gran Sala del TEDH resuelve ahora, como es ya bien conocido, por amplísima mayoría –tiene un voto parcialmente discrepante–, que la expulsión y devolución a Maruecos en caliente o en frontera, esto es, sin seguirse procedimiento legal alguno, de dos personas originarias de Mali y Costa de Marfil que, el 13 de agosto de 2014, habían entrado en territorio español saltando la valla de Melilla, no vulnera ninguno de los dos preceptos que anteriormente se habían considerado infringidos. Decisión que ha generado estupefacción y malestar en medios jurídicos y de defensa de derechos humanos, pues contradice la jurisprudencia anterior, también dictada en supuestos en los que las personas expulsadas habían intentado entrar de manera irregular en territorio de un Estado afectado por el CEDH.

Son varias las cuestiones que merecen una reflexión en profundidad y que abren algunas incógnitas a resolver políticamente.

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Sin naturaleza no hay nada

Hay quien defiende la naturaleza porque sencillamente le gusta salir a pasear por el campo y sentirse acogido por ella. Otros lo hacen porque les gusta nadar en el mar, descender ríos, escalar montañas o correr por ellas. Excursionistas, observadores de aves, buscadores de setas, pescadores, cazadores. Todos aman la naturaleza a su manera y todos tratan a su manera de defenderla. Pero hay una causa mayor para hacerlo: el puro egoísmo. Tanto si vas mucho como si no vas nunca: debes defender la naturaleza porque es tu mejor autodefensa.

Bebes. Comes. Acudes a la farmacia o al naturópata para sanarte. Te vistes, te desplazas, te calientas o te refrescas, te cobijas en tu hogar. Todo ello se lo debes a la naturaleza. Salgas o no al campo, sientas mayor o menor apego por ella no dejes de defenderla, porque sin naturaleza no hay nada ni eres nadie. Por eso la crisis de la biodiversidad es una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos: a la que te enfrentas.

Como se encargan una y otra vez de recordarnos los científicos de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES por su acrónimo en inglés): "las especies son la base de nuestros alimentos y nuestras medicinas, garantizan nuestro acceso al agua potable o la energía; son la parte esencial de nuestra cultura y nuestra identidad y determinan nuestra calidad de vida". Este organismo de la Unesco es el encargado de analizar el estado de conservación de la diversidad biológica y evaluar los servicios que nos presta la naturaleza. Y sus informes deberían caer como mazazos sobre nuestra conciencia.

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El delito de apología del franquismo sin nuestro Historikerstreit, un error histórico de cálculo y memoria

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Ramón Tejero sale del cementerio de Mingorrubio tras el segundo entierro de Franco.

Establecer como delito el enaltecimiento del franquismo y la apología de sus crímenes es un paso en la línea adecuada que nos equipararía con los países de nuestro entorno que establecen como delitos contra la democracia cualquier expresión de odio, de exaltación del nazismo y de negación del Holocausto como elementos fundacionales de sus estados democráticos. Sin embargo, hacerlo hoy en España, en las actuales condiciones jurídicas, sociales y de cultura democrática es un error histórico de cálculo que incide en lo simbólico perdiendo de vista lo estructural. Un camino incapacitante que impedirá una política de memoria efectiva, justa y que sirva para construir un país más digno.

Se han dado multitud de argumentos a favor y en contra de la instauración de este delito. En lo que respecta a la libertad de expresión no hay que perder mucho tiempo, no es el debate para fijar posición al respecto e impide analizar el fondo de la cuestión. En España los delitos apologéticos llevan fijados muchos años. La mayoría de los que ahora se escandalizan han defendido con actuaciones represivas estos tipos penales para silenciar a la disidencia o cualquier opinión discrepante que pudiera encajar en los tipos penales preexistentes de manera intimidatoria.

No es cierto que la instauración de un delito como el de apología del franquismo, respetando los preceptos fundamentales de otras legislaciones, atente contra la libertad de expresión, como no lo hacen los delitos de odio cuando lo que pretenden es defender a colectivos vulnerables. Peor argumento aún es considerar la defensa del genocidio franquista como una opinión más. Porque no todas las opiniones son respetables, como recoge nuestra Constitución. El debate para rechazar la instauración del delito de apología de franquismo es estructural, más profundo y tiene ver con la pésima conciencia democrática y de memoria que existe en la actualidad en España. Una base imprescindible sin la que nada sólido y digno de mantenerse en pie puede subsistir.

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Ponle freno al Código Penal

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"Si no creemos en la libertad de expresión de aquellos que despreciamos, no creemos en ella en absoluto"
Noam Chomsky

Confieso estar desazonada desde que Adriana Lastra anunciara la intención de tipificar un nuevo delito de exaltación del franquismo. A mí lo que me parece delito de leso progresismo es sumergirse en la orgía permanente de engrosamiento de un Código Penal que es ya demasiado tupido y demasiado duro y demasiado usado para solucionar conflictos que deberían encontrarse fuera de sus márgenes. El mensaje que se envía a la sociedad es demoledor. El otro día varios oyentes pedían en uno de los programas que hago que se convierta en delito mentir. ¿Ven? Las inercias tienen peso y la inercia de una derecha que ha convertido el Código Penal en su libro de cabecera, que lo ha hecho crecer a golpe de víscera y de populismo y de búsqueda de aplausos y de captación de las víctimas, está ahí. Ruego, por favor, al Gobierno de coalición progresista que reflexione antes de convertirse en lo mismo que llevamos criticando tanto tiempo.

No solo no hay que crear ningún delito de opinión más, sino que existe la obligación de desmontar el andamiaje represivo que se ha ido construyendo por la derecha a golpe de populismo punitivo y de electoralismo fácil. Los argumentos de los que, dolidos por el uso represivo de la derecha y la derecha judicial –la mayoría–, se consuelan pensando en poderles aplicar la misma medicina a los fachas no solo son espurios, sino que son peligrosos. Lo siento, pero no podemos ser iguales que ellos. Esto debe ser lo que algunos de mis contertulios del lado contrario llaman en un lamento "la superioridad moral de la izquierda". Pues sí, si somos superiores en términos de coherencia y moralidad, no queda sino demostrarlo. Eso no hará a nuestros principios más débiles, sino que los reforzará.

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Condroprotectores: Alabados por medios de comunicación, retratados como placebos por la ciencia

En noviembre de 2019, el Ministerio de Sanidad anunció que el Sistema Nacional de Salud iba a dejar de financiar los condroprotectores, usados para la artrosis, porque "llevan años cuestionados debido a su baja utilidad terapéutica". Estos "fármacos", entre los que se encuentra el condroitín sulfato o la glucosamina, son más conocidos en el ámbito médico como SYSADOA (fármacos sintomáticos de acción lenta para la artrosis) y cuestan a España alrededor de 36 millones al año.

Nuestro país no es, ni por asomo, el primero en tomar esta medida debido al más que discutible efecto de los condroprotectores. Países como Estados Unidos, Australia, Holanda y Reino Unido consideran a estos "medicamentos" suplementos dietéticos sin eficacia demostrada desde hace más de 10 años. Otros países, como Suecia y Dinamarca, que inicialmente financiaron los condroprotectores, terminaron retirándolos de sus sistemas de salud precisamente por su eficacia nula o dudosa para la artrosis. Además, numerosas guías médicas internacionales, libres de conflictos de intereses, desaconsejan la prescripción de condroprotectores.

La medida anunciada por el Ministerio de Sanidad aún no se ha llevado a cabo, pero lo que sí se puso en marcha con la decisión del Gobierno fue una intensa campaña mediática (especialmente desde medios especializados en sanidad) que critica con dureza la desfinanciación de los condroprotectores. Diferentes medios de comunicación discuten la medida como si fuera fruto de un recorte sanitario injustificado y no de un análisis racional de la eficacia y coste-efectividad de los condroprotectores. Se han podido leer titulares como "La desfinanciación de los SYSADOA afectaría a más de un millón de pacientes de artrosis sin alternativa terapéutica", "Dejar de financiar medicamentos contra la artrosis le costará al Gobierno 40 millones", "El uso de condroprotectores evitaría cerca de 20.000 efectos adversos anuales" o "Frente común de profesionales y pacientes para frenar la desfinanciación de los SYSADOA".

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La epidemia del miedo

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Wuhan, foco del coronavirus. EFE/Yuan Zheng

«Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos;

ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven».

José Saramago, "Ensayo sobre la ceguera"

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El virus de la interdependencia

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El Mobile se cancela por el coronavirus pero se confirma la edición de 2021

He de comenzar reconociendo que mis conocimientos sobre salud pública son muy limitados, por decirlo suavemente. Por eso confío en la opinión y el criterio de los expertos. Y la confianza que me transmiten los responsables de salud pública de este país es total. Lo avalan su experiencia en otras situaciones de riesgo y también mi convencimiento de que en sus decisiones e información a la ciudadanía no prima ningún otro interés que no sea el de la salud de la población.

Pero parece evidente que las reiteradas garantías de estos responsables de salud pública no han sido suficientes para evitar cierta sensación de miedo, que en algunos casos se convierte en pánico. Esta puede ser una de las explicaciones de la controvertida decisión de los organizadores de cancelar la celebración del Mobile World Congress. Estos días los medios van llenos de análisis y especulaciones sobre las razones que han llevado a importantes compañías tecnológicas a anunciar su no participación en el Congreso, en lo que me parece un caso evidente de profecía de autocumplimiento.

Que por cierto, puede repetirse en los próximos meses si continuamos especulando, más que analizando, sobre los impactos económicos de la epidemia del coronavirus. Como sucede cada vez más en muchos conflictos, es probable que la explicación última sea compleja y en ella influyan algunos de los vectores que se vierten en los análisis. Riesgos de salud pública, protección de los participantes, guerra comercial entre empresas, oportunismo de Trump. Ya veremos que nos explica el futuro.

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