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Los mayores, esa nueva especie en investigación

Manifestación pensionistas en la marcha hasta Madrid

Parémonos un momento. Precisamente porque nos falta tiempo, nos sobra tiempo. Tenemos "una edad", a veces dicen que la tercera, incluso una cuarta, ancianos no nos vemos, y, desde luego, no somos vuestros mayores. Cada cual tiene los suyos, igual que sus niños, sus primos o sus cuñados. Con ese paternalismo, empezamos mal.

De repente, han descubierto que los jubilados o en edad de estarlo tienen voz y agallas. Y derechos. Muchos han venido andando hasta Madrid, al kilómetro cero de la Puerta del Sol. De norte a sur, hasta 700 kms. Gastando suelas y fuerzas, ganando músculo y dignidad. Por unas pensiones dignas, aseguradas por ley. Un logro del Estado del Bienestar que, como todo el conjunto, está en peligro, amenazado por el capitalismo sin freno. Por eso, también se exige sanidad y suprimir el copago que implantaron Ana Mato y Rajoy con el PP y que ahí se quedó. Y contar con residencias dignas que, eso sí, a estas alturas el cuerpo se resiente. Se pide para los jubilados de hoy y los de mañana. Porque el pacto fue que detraían impuestos de los salarios para asegurar esa serie de servicios al término de la vida laboral. Esa que se quiere alargar para no pagar ni pensión.

El reciente hallazgo tiene desconcertada a la sociedad. Los mayores no son esos ancianos que juegan a la petanca en los parques por las mañanas, ni solo esos seres que cuidan a los nietos. Últimamente cunden mucho, se les ve y se les oye por todas partes. En otras épocas, a partir de los 60 o 65 años, se era anciano de solemnidad, aparcado de la vida social. Hoy, no. Una gran mayoría, no. Maticemos. No constituimos una masa homogénea. Hay viejos, desde luego, los que se pliegan y no se atreven, los que ya fueron derrotados desde su juventud o se aferran a conservar lo que creen puede salvarles del final del camino. Pero un gran número de sus coetáneos no son así. Y tiene su lógica y su historia.

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Servicio público

Un bombero apaga el fuego de las barricadas en el tercer día de protestas en Barcelona

La radio y televisión públicas viven desde hace meses en un limbo a la espera del concurso que debería renovar su cúpula de manera menos partidista que en el pasado. En esta transición incierta las decisiones editoriales han quedado en manos de reporteros y el resultado es un recordatorio de por qué merece la pena que el contribuyente pague por este servicio.

Esta semana de información compleja, cambiante y polarizadora ha dejado claro una vez más el valor de una radio y de una televisión pública que dejen hacer su trabajo a los periodistas. La labor de reporteros experimentados como Íñigo Alfonso en Las mañanas de RNE (donde colaboro), Antonio Delgado en 24h y Carlos Franganillo en el Telediario 2 y sus equipos demuestra la importancia de hacer periodismo en un medio público sin interferencias políticas. Sus coberturas completas, variadas, con pocos adjetivos y más sonidos e imágenes de lo que pasa son el mejor servicio que se puede hacer al ciudadano en momentos de tensión y confusión que los partidos (y sus satélites) intentan capitalizar. 

Se trata de coberturas difíciles, en especial para los reporteros de radios y televisiones como Berta Queralt en Telemadrid. Muchos reporteros en la calle también de medios privados han hecho un buen trabajo, a menudo poniendo en peligro su propia seguridad, pero los medios públicos tienen una responsabilidad especial. 

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Una ruptura inaplazable

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Rufián y Junqueras, en la sesión constitutiva del Congreso.

Las hay pacíficas, tormentosas, de mutuo acuerdo, unilaterales, temporales, definitivas, dolorosas y hasta traumáticas. Y todas llevan a un final casi siempre inevitable. Así son las rupturas. En la amistad, en la pareja y hasta en la política. Y, cuando las señales de la fractura son inequívocas, lo mejor es no aplazarla por difíciles que parezcan las consecuencias. Más vale romper a tiempo que ser víctima de una alianza tóxica de daños futuros irreparables. 

Todo esto ronda desde hace tiempo por la cabeza de los dirigentes de ERC al hilo de su relación con JxCat en el Govern. Es un clamor que la suya es una ruptura que se rueda a cámara lenta casi desde el comienzo de la Legislatura. ¿El final? No está escrito pero quizá haya por la prisión de Lledoners algún boceto de cómo, cuándo y en qué momento ha de producirse. El actual, con Catalunya siendo pasto de radicales que queman coches y lanzan ácido a los Mossos, sea el más propicio. 

Hace meses que los socios de la coalición que gobierna la Generalitat discrepan en público, pese a la entente para aguantar la relación hasta que se dictara la sentencia del Supremo sobre el procés. Algunos creyeron erróneamente que de ese modo y llegado el momento podrían recoser la frágil unidad que construyeron después de las elecciones autonómicas convocadas al albur del tristemente célebre 155. Ha ocurrido lo contrario. Hoy hay más división, más desconfianza y más disposición a poner fin a una alianza de débiles cimientos y en la que desde el comienzo se mezclaron intereses de partido y se libró sin disimulo alguno una dura batalla por la hegemonía del independentismo.

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La sentencia ha desarbolado al independentismo

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Una sentencia tan dura e injusta podía haber sido la ocasión para un fortalecimiento del independentismo y de sus posibilidades de negociación. En cambio, cinco días después de la publicación del veredicto del Tribunal Supremo, el movimiento está claramente dividido, sin liderazgo claro, con sus sectores más radicales fuera de control y, sobre todo, arrollado por debates como el de la violencia que han dejado muy en segundo lugar la ira por las condenas que comparte la mayoría de los catalanes.

Peor no podía haber ido y no parece que tal desastre pueda ser fácilmente reconducido. Como siempre ocurre, las debilidades de un movimiento aparecen con fuerza, determinándolo todo, en los momentos críticos. La endeblez del liderazgo del independentismo es la primera de ellas. La pugna interna por el protagonismo entre sus dos principales componentes la agrava y más cuando las cosas se ponen mal.

Prácticamente desde su nombramiento se viene diciendo, y los hechos lo han ido confirmando, que Quim Torra no reúne las condiciones para ser presidente de la Generalitat y menos para liderar un movimiento en el que dos fuerzas, los post-convergentes y Esquerra Republicana, se disputan sin rubor el protagonismo y los votos. Lo de menos es que Torra sea un presidente colocado por el exiliado Puigdemont para que él pueda seguir mandando. Primero porque esas situaciones nunca están del todo claras, que el que tiene el cargo lo ejerce sin mucho miramiento a cómo lo ha obtenido. Segundo, porque lo que importan son las decisiones políticas.

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Urge una salida para las aguas putrefactas

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Aragonès, Budó i Buch, en el Parlament, durante la intervención de Torra.

Cuando un movimiento de masas de la magnitud del independentismo, convencido de tener su gran utopía al alcance de la mano, descubre que ese horizonte ha desaparecido, que su dirección política está desnortada y confrontada entre sí, corre el riesgo de descarrilar. Si además se siente acorralado, la posibilidad de que en su seno nazcan reacciones violentas se hace realidad.

Asistimos a la crónica de un empantanamiento anunciado. Dos años después de la fuga hacia ninguna parte del procesismo y de la respuesta judicial como única reacción del Estado, las aguas del conflicto han pasado del empantanamiento a la putrefacción. 

Son muchas y diversas las causas. La más importante, la epidemia de disonancia cognitiva a uno y otro lado del conflicto. Desde España amplios sectores políticos y mediáticos continúan negando que el "problema catalán" sea un problema de toda España que debe resolverse políticamente. 

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Lo emocional de la política que no sabemos contarnos

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Manifestación en Plaça Catalunya.

¿Y si en todo esto hay un gran, gran componente emocional que no sabemos explicar y/o no lo saben entender? Recuerdo hace muchos años que un diputado vasco se levantó en el Congreso de los Diputados en Madrid y dijo: "Yo lo único que no entiendo es que este señor no entienda que yo no me sienta español". Años después podríamos ampliar la estupefacción de aquel parlamentario y decir que "muchas de nosotras y de nosotros no podemos entender que algunas y algunos de ustedes no entiendan que lo que sentimos no lo sentimos para ofender". ¿Se lo han planteado las políticas y los políticos del Estado Español? Deberían.

No sé cuántas veces he creído necesario insistir en que no queremos ofender a la ciudadanía española desde Catalunya; es más: que aunque el nuestro se convirtiera en un país independiente yo no renunciaría a la nacionalidad española porque la estimo y la siento como propia. Pero en Catalunya hay millones de personas que no (no puedo dar números, nadie puede, no nos permiten hacer un referéndum. Pero vivo activamente aquí y sé que somos millones y que si estamos equivocadas en las cuentas estaremos encantadas de hacer una votación para refrendarlas).

¿Pero y si todo esto no es sólo político; sino, y sobre todo, emocional? ¿Y si la ciudadanía catalana está harta de tener que dar explicaciones políticas que no tiene para justificar lo que siente? Sería igualmente confuso para personas de todo el planeta. ¿O acaso una ciudadana española puede decir que se siente española porque hay una constitución que ampara ese sentimiento? Claro que no, se siente española por legítimo derecho, porque ama España, porque siente que es su tierra, su gente, su vida… Por millones de razones que no caben en ninguna consigna política, pero que comprenden, como decía Sor Juana, muchos corazones: son razones del corazón que la razón no entiende. ¿Pero por qué de este lado sí? ¿Por qué tenemos que justificar lo que sentimos si no tenemos cómo? Si no hay cómo, de hecho.

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El caso Altsasu: 'askeamiento'

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Manifestación contra la sentencia del caso Alsasua.

Hace pocos días hemos conocido la Sentencia del Tribunal Supremo en la que se rebaja la pena a las ocho personas condenadas por agresiones a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas, ocurridas en un bar de Altsasu en octubre de 2016. Rebajas de condena aparejadas a modificaciones en las circunstancias agravantes que se habían apreciado en la Sentencia de la Audiencia Nacional recurrida –las de discriminación y abuso de superioridad–, pero manteniendo la calificación de los hechos enjuiciados como delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

En efecto, el Tribunal Supremo ha disminuido la condena a privación de libertad hasta un máximo de nueve años y medio, según la literalidad de la Sentencia –de siete años y medio en la práctica, según revelan ya algunas de las defensas por el efecto de la refundición de las penas–. Y ello, partiendo de la condena de la Audiencia Nacional, que impuso penas de hasta trece años de prisión.

Sabido es, por otra parte, que este sumario, cuya incoación no pongo en cuestión, pues los incidentes son innegables y su consideración delictiva también, en mi opinión, se dirigió de manera más que discutida, siguiéndose, a resultas de una denuncia de COVITE, por delito de terrorismo, tal como lo valoró la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la propia Audiencia y, no se olvide, también el Tribunal Supremo, desestimando los recursos interpuestos al respecto y contra prácticamente todas las opiniones jurídicas altamente cualificadas –salvo las suyas propias–, notablemente las de un Juzgado de Instrucción de Pamplona y la Audiencia Provincial de Navarra, que entendían que tal calificación de terrorismo era inaceptable.

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No trepanen todavía

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Saben que no soy muy dada a las historias personales en estos mis escritos, pero es que lo de hoy me viene tan al hilo de lo que quiero contarles que voy a saltarme mis propias normas. La noche de Reyes de este mismo año, estando mi padre ingresado en el Clínico, sufrió un derrame cerebral procedente de un hematoma antiguo en la cabeza. Ante aquella situación y los síntomas evidentes, se presentaron inmediatamente dos jovencísimos neurocirujanos de guardia, eran las diez de la noche o más, para explicarnos que era preciso intervenir inmediatamente y trepanar para extraer la sangre y evitar que la presión se incrementara. Nos pidieron la autorización y nos dijeron que en una hora podían estar en el quirófano. Mis hermanas y yo nos quedamos confundidas. Conocedoras del resto de las patologías del enfermo y de su edad, nos pareció una medida muy drástrica y que podía complicarse mucho. Y empezamos a consultar. Consultamos como Sánchez ha hecho hoy. Preguntamos a médicos familiares y amigos qué nos aconsejaban. Al final, volvieron los jóvenes neurocirujanos con la autorización y preguntamos, por última vez, si no había otra opción menos invasiva que pudiera evitar los riesgos ciertos que tenía el paciente concreto. Bueno, nos contestaron, podemos probar a poner primero corticoides a ver si se reduce el hematoma. ¡Corticoides!, dijimos, ¿en vez de trepanar?. No se lo piense. Corticoides. Hace ya un par de meses que el TAC fue normal y que dejó de preocupar el hematoma y sus eventuales sangrados.

Estoy convencida de que en la crisis catalana existen también esos corticoides. El análisis de la situación debe responder a la cordura, a la frialdad y a la proporcionalidad. Esas son las tareas de los gobernantes. Si se puede administrar corticoides, no hay que trepanar. Si se puede resolver el mantenimiento del orden público utilizando a las ya coordinadas fuerzas del orden, no es preciso activar la Ley de Seguridad Nacional y, si eso no es preciso, mucho menos aplicar el 155 o, como apunta Vox, decretar el estado de excepción o de sitio. Algo que no fue preciso hacer ni en los peores momentos en el País Vasco. Abascal no es que proponga trepanar, es que quiere rebanarle la cabeza al paciente y muerto el perro, se acabó la rabia.

Quiero pensar que algunos líderes políticos de la derecha funcionan en el convencimiento de que ni gobiernan ni gobernarán y, por tanto, lejos de hacer la reflexiva y compleja tarea del gobernante de ponderar y valorar los escenarios, los presentes y los futuros, y las respuestas adecuadas para cada uno, prefieren soltar bengalas incendiarias en periodo pre electoral o directamente volcar los bidones de gasolina. Rivera es el especialista en la bencina. Convocar en estas circunstancias una concentración en Barcelona el domingo forma parte de su fondo de armario de falta de rigor y de responsabilidad. En el caso de Casado, hay que pensar que se trata de la irresponsabilidad del que se sabe fuera de la responsabilidad. No actuó así ni Mariano Rajoy en su momento y eso que le hicieron dos referéndum ilegales y le declararon la independencia ficcional o del minuto. Aun así, no sacó a relucir la testosterona ni la mano dura ni el mechero. Me van a perdonar, pero Sánchez está ahí, en el genuino papel del gobernante, y el anatemizado Pablo Iglesias ha mostrado mucho más sentido de Estado que casi todos los que se golpean el pecho.

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Los efectos transversales de la sentencia

El pasado lunes 14 de octubre, se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Esta institución condenó a los principales líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años. La sentencia ha sido considerada bastante dura, y eso puede provocar distintos efectos en diferentes ámbitos. Por una parte, jurídicos, ya que la argumentación para condenar a los independentistas por sedición implica que muchas protestas calificadas como resistencia pasiva se consideren en un futuro al mismo nivel que las protestas con la violencia activa. Diferentes expertos y magistrados ya se han encargado de desgranar estos aspectos. Sin embargo, me voy a centrar en los efectos que puede tener la sentencia en la ciudadanía en relación a la legitimidad de las instituciones.

Sánchez compareció tras la sentencia del Tribunal Supremo, explicando que el problema de la relación entre Catalunya y España quedaba zanjada, sin dejar la puerta abierta a la concesión de los indultos. Sin embargo, los ciudadanos catalanes parece que tienen otra visión en relación a la sentencia. De hecho, ya se han producido diferentes movilizaciones como respuesta.

El descontento no solo afecta negativamente a aquellos que se identifican como más cercanos al independentismo, sino a una parte amplia de la ciudadanía. Como muestra el gráfico 1, un 50% de aquellos que se sienten tan catalanes como españoles, consideran que los encausados en el juicio del procés no tuvieron un juicio justo. Esta cifra se eleva a un 94% entre aquellos que se sienten solo catalanes o más catalanes que españoles. Sorprende que un 35% de aquellos que se consideran más españoles que catalanes también crean que no se está celebrando un juicio justo.

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España no es una paella

Vídeo del Gobierno.

Naomi Klein publicó en 2002 un artículo titulado "America is not a hamburger". En el artículo explicaba cómo Bush había pensado en la mala reputación de Estados Unidos como si se tratara de una marca cualquiera. Bush contrató a un equipo de publicistas, que no expertos en comunicación, para mejorar la mala reputación que el país empezaba a tener internacionalmente.

Según la forma de entender del presidente, no era necesario mejorar la relación con otros países sino simplemente aparentar haberlo hecho o aparentar ser un país dispuesto a hacerlo. Consideró que lo único que había que hacer era vender Estados Unidos como si fuera un producto y para hacerlo necesitaba personas que supieran vender productos: publicistas del sector privado.

El producto se vendió relativamente bien, el problema era que realmente no existía. Esa América de la unión, el respeto y la libertad no era tal para muchas personas, como tampoco eran idílicas sus relaciones con otros países. Tan frívolo que es comparable a cuando Fyre Festival vendió un producto que no existía, colocando las expectativas en lo más alto y dejando que el batacazo fuera aún más duro, jugando además con algo tan intangible como las emociones: vivir experiencias increíbles o vivir en la mejor democracia del mundo.

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