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El dinero se hace ahora ecologista

Larry Flink, fundador y presidente de BlackRock

El mundo financiero ha ignorado los límites del planeta durante demasiado tiempo. Las grandes corporaciones han crecido sin atender al deterioro ecológico que generaba su actividad, externalizando los costes ambientales y presentando así una falsa contabilidad. Pero el planeta ha dicho basta y ahora exige pasar cuentas.

La crisis climática es el burofax con el que el planeta exige al mundo financiero el pago de la deuda ecológica acumulada. Y el dinero, sorprendido y asustado, se ha vuelto de repente ecologista. Hasta tal punto llega ese advenimiento al ecologismo que las páginas salmón de los medios financieros parecen mudar al verde.

Uno de los mejores ejemplos de dicha mutación nos lo acaba de brindar el propio Larry Fink, fundador y presidente de BlackRock: la mayor empresa gestora de fondos de inversión del mundo.

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Escrache a un Gobierno progresista

Dolores Delgado, en una imagen de archivo.

"Si los miembros de las profesiones confunden su ética específica con las emociones políticas del momento, pueden acabar diciendo y haciendo cosas que antes les hubieran parecido inimaginables"
Timothy Snyder. Sobre la tiranía

Algunos definieron el escrache como la última alternativa de los abandonados por la política. Los escraches. Algo brutal y poco estético, sudoroso y vociferante, algo demasiado burdo para los poderes de los que voy a hablarles hoy. Llevo varios años haciéndolo y, precisamente por eso, soy plenamente consciente del cambio que se ha producido en estas últimas semanas. Un cambio que reside fundamentalmente en que todos los contubernios ocultos que llevo columnas y columnas explicándoles se han mostrado, de golpe, tan a las claras como el lucero de la mañana. Por eso como escribidora puedo hacerles el símil para adentrarnos en cómo hemos visto la cara de lo que apunta a ser todo un escrache institucional hacia el nuevo Gobierno de coalición progresista por parte de poderes, estamentos y hasta las cúpulas de las carreras administrativas para intentar impedir que el nuevo Gobierno pueda llevar a cabo el programa político que les afecta y, también, el que no les afecta pero no les gusta.

Ya les dije que la oposición está dispuesta a ganar en unos tribunales concretos, que sienten como muy próximos a sus deseos, lo que no podrían ganar en el Parlamento y que la ultraderecha ya ha comenzado su loca y diabólica carrera para criminalizar los actos políticos de total legitimidad democrática. Esa es, claramente, una de las caras del totalitarismo. No obstante ya les avanzo que esto ni siquiera es tan sencillo como eso de la "politización de la Justicia" que les van a vender, a calderadas, para convencerles de que los intereses muy concretos de unos grupos muy concretos son los de toda la sociedad y, más allá aún, los de todos los jueces, fiscales o abogados del Estado del país. Eso es lo que voy a intentar aclarar hoy.

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El pin parental y el derecho a la educación

Jóvenes aprendiendo a poner un condón durante un taller sobre sexualidad.

La educación en nuestro país siempre ha sido un campo de batalla, tal vez porque se trata no solo de un derecho social fundamental sino también de un derecho político, en la medida en que uno de los fines esenciales de la escuela democrática es preparar a los niños y a las niñas para el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, y tal como recoge en el artículo 27.2 de nuestra Constitución, el objetivo de la educación no es solo la transmisión de conocimientos y saberes sino también de los valores y de las herramientas que hacen posible el pleno desarrollo de la personalidad y la garantía efectiva de los derechos humanos. De ahí que, por ejemplo, me pareciera tan censurable la sentencia del Tribunal Constitucional que hace poco más de un año avaló las ayudas públicas a centros que segregan por razón de sexo. Tal y como apuntaba la magistrada María Luisa Balaguer en su voto particular a dicha sentencia, la separación de niños y niñas es incompatible con un modelo educativo que acoge como uno de sus ejes principales, y como no podía ser de otra manera, la igualdad de mujeres y hombres.

Que la educación ha sido una constante piedra arrojadiza entre las distintas fuerzas políticas es más que evidente si repasamos nuestra historia reciente y si partimos del mismo proceso constituyente en el que uno de los artículos que generó más controversia, llegando incluso a la ruptura del consenso, fue el dedicado a la educación. El resultado del pacto constitucional fue un artículo lleno de contenidos que incluso pueden llegar a ser contradictorios, en la medida que en él se trató de conciliar el derecho fundamental a la educación con la libertad de enseñanza. Desde entonces, las tensiones entre esos dos polos han sido constantes y especialmente virulentas en su conexión con la confesionalidad encubierta del Estado español que el art. 16 CE ampara. En este sentido, una de las previsiones más controvertidas es el reconocimiento como un derecho de que los padres y las madres puedan elegir la enseñanza que esté de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales (art. 27.3 CE). Una previsión que, por ejemplo, fue argumentada frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía y que llevó a que algunos de ellos plantearan objeción de conciencia frente a la misma.

El Tribunal Supremo dejó claro en 2009 que no era posible tal objeción frente a los contenidos obligatorios del sistema público de enseñanza. Recordemos que, tal y como ha insistido el Tribunal Constitucional, en nuestro sistema no se reconoce lo que podríamos considerar un genérico derecho a la objeción de conciencia, el cual reduciría al absurdo el obligado cumplimiento de la Constitución y de las leyes que nos marca el art. 9.1 CE. La objeción de conciencia, además de la que la propia Constitución prevé con respecto a lo que hace unas décadas era el servicio militar obligatorio, solo será posible en aquellos casos que esté debidamente justificada y regulada por el legislador. Es el caso por ejemplo de la objeción de conciencia de los profesionales de la Medicina prevista en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

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No le hagamos el pasillo a la serpiente

Antonio Scurati.

Estos días de controversias y polémicas entre poderes del Estado, ha estado en España el profesor de literatura de la universidad de Milán, Antonio Scurati, autor de "M. El hijo del siglo" (Alfaguara). Una biografía novelada de Benito Mussolini, que abarca desde la creación del fascismo hasta su llegada al poder. De 1919 a 1924. En cinco años el fascismo pasó de la nada, a ser uno de los movimientos que llevaría al desastre a toda Europa y a una nueva guerra.

El profesor Scurati describe la complejidad del momento, y necesita 800 páginas para trazar un panorama complejo, un caldo de cultivo perfecto, que ilustra cómo pudieron llegar los fascistas al poder ejerciendo impunemente la violencia, despreciando la democracia como sistema y cargando contra las instituciones del Estado.

En todas las entrevistas de promoción del libro se le pregunta al autor por los paralelismos entre esa época y la que estamos viviendo con la emergencia de los neofascistas de nuevo en toda Europa, y en el mundo. Y Antonio Scurati advierte de que el peligro no son esos "fantoches" que recuperan la simbología y alzan el brazo con el saludo romano. El verdadero peligro, que ya está arraigando en nuestras instituciones, son esos políticos populistas que prometen soluciones sencillas a problemas complejos. Que agitan el miedo contra algo o alguien, para después del miedo pasar al odio y así empezar esa espiral maligna que nos lleva al infierno. Ya hemos estado allí.

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PIN: Permiso Integrista Nacionalcatólico

Foto: Edu Bayer

Las guerras culturales serán uno de los elementos fundamentales de esta legislatura y el Ejecutivo ya ha dado buena cuenta de que no va a rehuirlas. La primera semana de conformación del Gobierno, ya ha afrontado de manera decidida y valiente la del pin parental, de ahora en adelante "Permiso Integrista Nacionalcatólico". El requerimiento al Gobierno de Murcia para desistir en la aplicación de la medida es el ejemplo de que parece que no piensa arredrarse. Queda por ver si no cae en la trampa de enredarse en estas guerras perdiendo la perspectiva de que tiene el BOE en sus manos y la mejor manera de vencerlas por aplastamiento es legislar sin complejos.

Haríamos mal en creer que el veto educativo tiene como objetivo la simple instauración del permiso integrista nacionalcatólico en las escuelas. Va más allá y es un ataque a la línea de flotación de la educación pública. Un intento para disciplinar a este Gobierno y evitar que sea ambicioso en la reforma educativa que prepara. Hablar de la implantación de una medida reaccionaria de este porte para que como mal menor se mantengan sus privilegios de clase y credo. Que las concertadas que segregan no se vean perjudicadas o que la religión se mantenga en las aulas como asignatura evaluable. Conviene mantener la perspectiva y ser conscientes de los usos y costumbres de la reacción española para que sus malas artes no impidan hablar de los verdaderos problemas de la educación española más allá de la espuma de estos días. Problemas graves y estructurales como las ratios elevadas y la falta de recursos, las plantillas inestables y las altas tasas de interinidad. Pero para ganar esa guerra es imprescindible vencer estas pequeñas batallas.

La derecha no comprende que en lo que respecta a la educación, la infancia tiene derechos y los adultos, deberes. Importa el bienestar del hijo y sus derechos constitucionales por encima de los padres. Para ser precisos, los padres no importan. O importan si sus pretensiones no entran en colisión con los derechos fundamentales de la infancia. Los padres no tienen derecho a que su hija reciba una educación que considera que la homosexualidad es una enfermedad, de hecho la educación y la Constitución protegen al menor de esos progenitores. El espacio educativo es el lugar dedicado a que los niños y niñas de España reciban una educación reglada que respete los derechos humanos y a protegerles de esas enseñanzas y comportamientos. Aunque vengan de sus padres. Especialmente si vienen de ellos.

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Un fascismo impregnado de franquismo y estulticia

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Rocío Monasterio y Pablo Casado charlan en el Congreso.

No hay duda ya ni en la primera semana: el mayor obstáculo para el Gobierno es un bloque granítico que suma las fuerzas conservadoras del país, se hayan presentado o no ante las urnas. Su peso es impropio de una democracia consolidada porque no se corresponde con las preferencias políticas de la mayoría. Así, vemos que las derechas no han ganado en ninguna de las últimas y múltiples convocatorias electorales pero están incrustadas con notable desproporción en órganos clave.

Los primeros pasos del Ejecutivo de coalición van renovando las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad, se vive el acoso –más que el enfrentamiento en la terminología periodística- de la judicatura conservadora, la empresarial da "toques" y la política es un fiero desbarre, tanto o menos que la mediática a su servicio. La sociedad entre tanto vive preocupada por ese escenario y por el ascenso de la ultraderecha que está impregnándolo todo. ¿Hay motivos?

La "letra pequeña” del barómetro del CIS de diciembre nos dice que la mayor parte de los españoles se autoubican en el centro y el centro izquierda, hasta casi un 59%.  En 2011, se situaba a la derecha más del 50%, entre el 5 y 8 de la tabla. Otro aspecto es la subjetividad con la que se vive la propia adscripción ideológica. Ahora, prácticamente solo los votantes de Vox se sienten de derecha máxima. Y no se pierdan a cerca de un 10% que no saben de qué son. 

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Los hijos no pertenecen a nadie, tampoco a los padres

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El único partido en democracia que tiene varias causas abiertas en Fiscalía por presuntos delitos de incitación al odio es el mismo que defiende la libertad de los padres de sacar a sus hijos de clase cuando en estas se hable de derechos humanos. Vox ignora (o quiere ignorar) que el que los padres tengan la patria potestad sobre sus hijos no significa que les pertenezcan y puedan decidir por ellos a su propia conveniencia.

Los hijos son una responsabilidad, no una propiedad, y es el Estado el que está obligado a velar por su protección, para que sus derechos (los de la infancia y la adolescencia) se respeten. Este reparto de roles –obligaciones (Estado), responsabilidades (progenitores) y derechos (menores de edad)– no es invento de la ministra Celaá, tampoco del PSOE ni de Unidas Podemos. Es, ni más ni menos, fruto del ordenamiento jurídico sobre el que se basa todo nuestro sistema de protección a la infancia y adolescencia desde los años 80. Esto significa que cada progenitor es responsable (en forma prioritaria e igualitaria) de asegurar el desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos, y de que estos disfruten plena y efectivamente del ejercicio de sus derechos. No son los derechos de los padres los que están en juego con el veto parental, sino los de los niños. Plantearlo de otra forma es tratar a estos como sujetos pasivos sin voz ni derechos, es usurparles la titularidad de su vida, tratarles como objetos.

Nuestro sistema de protección se basa en la lógica de los derechos humanos, que reside en la Convención de los Derechos del Niño (ratificado por España y de obligado cumplimiento), y superó hace ya muchas décadas otra lógica, la del Derecho Romano. En aquella, los miembros de la familia eran propiedad del pater familias, es decir, el padre tenía plena autoridad y derecho para disponer de la vida de sus hijos e hijas, sin necesidad de contar con su opinión ni de atender a sus intereses y necesidades. Es precisamente esta idea del pater familias (idea que también abrazó el franquismo) la que busca rescatar Vox con su defensa de un "derecho fundamental" que en realidad no existe.

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Dejad a los niños en paz

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La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, en una imagen de archivo. / Europa Press

Lo que Vox llama el 'pin' en las escuelas es otro 'pin, pan, pun' reaccionario para ir contra nuestros derechos y libertades, señalando a los más débiles, que son los niños. Ha costado muchos años y esfuerzos avanzar para tener una enseñanza pública, donde los chavales puedan hablar con normalidad de que hay niños que pueden tener deseos sexuales por otros niños o por otras niñas. Para educar en esa diversidad y en esa convivencia no hay que pedir permiso a los padres. Simplemente, hay que tener categoría humana, no deseos de hacer política rastrera con ello.

Un niño o una niña van a ser homosexuales, lesbianas o bisexuales por más que en Vox se empeñaran en lo contrario. Los gustos, orientaciones o condiciones sexuales de los chavales no los decide la extrema derecha. En los últimos tiempos, hemos visto a sus dirigentes, como Rocío Monasterio, llevarse las manos a la cabeza como si las charlas en los colegios condicionaran la orientación sexual: "A nuestros niños se les obliga a cursillos donde dicen que tienen que probar a ser niña y probar nuevas prácticas sexuales". Esto, además de ser mentira, es una estupidez: uno no es homosexual por haber ido a un cursillo.

No hace falta ser arquitecto, aunque se haya ejercido sin el título, para saber que un curso que explique la diversidad sexual a un niño no le incita a la "zoofilia", ni a ser lascivo, picaflor o chorradas varias que tenemos que oír. Ni esos talleres son así, ni determinan orientaciones o conductas. En Vox consideran que, ante la posibilidad de que los hijos puedan ser "adoctrinados", los centros educativos deben pedir autorización a los padres, por si la charla complementaria en horario de clase es "contraria a las convicciones" del progenitor. Como si un hijo de un padre facha, homófobo y machista no tuviera derecho a ser educado en derechos humanos, libertad, diversidad y convivencia.

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Lo que hay detrás del Megxit

Meghan Markle y su marido Harry

A unos días de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los artículos más leídos y los debates más intensos en la prensa británica son los que se refieren a la salida de Meghan Markle y su marido Harry de la Casa Real. Puede parecer superficial, sobre todo comparado con la ruptura para los trabajadores, los estudiantes, los visitantes o los empresarios de la isla a partir del 31 de enero. Pero la rebelión de Meghan y Harry cuenta una historia mucho más esencial de lo que parece a primera vista.

Refleja la peor parte de la sociedad británica -el clasismo, el racismo, el machismo, la brecha generacional, la mezcla de desprecio y complejo frente a los americanos, los delirios de grandeza y la influencia de la prensa de baja calidad. Estos rasgos se entremezclan con los motivos del resultado del referéndum sobre el Brexit y la deriva de la política actual, y no son tan distintos de las dinámicas que hemos visto en otros países.

Los males arrastrados durante décadas en la prensa tienen un papel especial. El origen no ha estado en Facebook ni en ninguna otra plataforma maléfica: el Brexit, igual que el Megxit, no se entiende sin el mal funcionamiento de la prensa tradicional.

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Qué es ser racializado

Rita Bosaho / EFE

En 1961 John Howard Griffin publicó el libro 'Black like me', donde contaba su experiencia viajando durante seis semanas por Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia. Viajar como un señor blanco por los estados sureños de Estados Unidos significaba que tenías preferencia en los asientos de los autobuses, mejor espacio en los lavabos y la opción de comer en los buenos restaurantes. Pero Howard Griffin hizo aquel viaje tras pasar por un tratamiento que oscureció su piel. A ojos de la sociedad pasó a ser un hombre negro, y se le trató como se trataba a los negros en aquella época: con las peores condiciones sociales, económicas y políticas.

Cuento esta historia a raíz de la polémica generada tras la renuncia de Alba González a encabezar la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial. Su sustituta es Rita Bosaho, primera diputada negra en la historia del Congreso. En el centro de todo este debate está un concepto que en los últimos años ha ido ganando presencia hasta ahora ser blandido por unos y otros para justificar o atacar el nombramiento de Bosaho y la renuncia de González: ¿Qué es ser racializado?

De entrada todos somos racializados. Todos formamos parte de alguna categoría racial o étnica por la que el resto nos identifica: blancos, negros, asiáticos, gitanos... Racializado no es la forma políticamente correcta de decir 'negro', sino que es una manera desde la que describir la categoría racial. Es una categoría más como pueden ser el género o la sexualidad. Estrictamente una persona racializada es alguien que recibe un trato favorable o discriminatorio en base a la categoría racial que la sociedad le atribuye.

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