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¿Condición suspensiva o resolutoria?

Albert Rivera, en una imagen de archivo.

Javier Pérez Royo

Una cosa es que algo se sepa y otra muy distinta es que el conocimiento de ese algo se formalice jurídicamente. Mariano Rajoy lo sabe muy bien. Todo lo que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Caso Gürtel dio por probado se sabía mucho antes de que la sentencia se hiciera pública. No se desveló en ella nada que no se hubiera publicado ya. Más todavía: se tenía conocimiento de muchas más cosas de las que figuran en la sentencia. Y sin embargo, hasta el día anterior a que se hiciera pública la sentencia, Mariano Rajoy estaba sólidamente instalado en la presidencia del Gobierno, acababa de negociar las Presupuestos Generales del Estado y parecía que tenía despejado el camino de la legislatura por tiempo indefinido. Bastó que se hiciera pública la sentencia para que todo cambiara. La permanencia de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno se convirtió en algo insoportable y acabó abriéndose camino una moción de censura que unas semanas antes hubiera parecido un escenario de ciencia ficción. Lo que era perfectamente soportable antes de que el conocimiento estuviera jurídicamente formalizado, dejaba de serlo en cuanto se formalizó.

Por motivos completamente distintos, Albert Rivera se encuentra en una posición similar a la de Mariano Rajoy en los días anteriores a la sentencia del caso Gürtel. Todo el mundo conoce los devaneos de Ciudadanos con Vox. En España y fuera de España, como esta misma semana hemos podido comprobar. Y sin embargo, mientras no se formalice jurídicamente un Gobierno en el que coincidan Ciudadanos y Vox, Albert Rivera no verá peligrar su posición política y la de su propio partido a continuación.

La formación del Gobierno de la Comunidad de Madrid puede ser para Albert Rivera y Ciudadanos el equivalente de lo que fue la sentencia del caso Gürtel para Mariano Rajoy y el PP. La coincidencia de Consejeros de Vox y Ciudadanos en el Gobierno presidido por el PP destruiría la “hoja de ruta” diseñada por unanimidad por la Ejecutiva del partido naranja tras la doble convocatoria electoral del 28-A y del 26-M, que parece que va a ser ratificada de nuevo este fin de semana.

Mientras no haya consejeros de Vox en el Gobierno, la “ficción” de Ciudadanos de que ellos pactan exclusivamente con el PP y que es este partido el que negocia el apoyo de Vox desde el exterior sin integrarlos en el Gobierno, puede seguir manteniéndose dentro del umbral mínimo de credibilidad que le permita continuar haciendo política como si la ficción fuera la realidad. Todo el mundo sabe que es una ficción, pero el conocimiento de la misma es soportable. En el momento en que se formalice un acuerdo de Gobierno en el que coincidan Ciudadanos y Vox, la ficción descendería por debajo de ese umbral mínimo de credibilidad y resultaría insoportable. El conocimiento no formalizado jurídicamente se soporta. El conocimiento jurídicamente formalizado es insoportable.

Ciudadanos se la juega, por tanto, en conseguir que el PP sea capaz de convencer a Vox de que apoye el Gobierno que constituya con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid sin exigir estar presente en el mismo. En ninguna parte está dicho, pero todos los pactos que se han firmado entre Ciudadanos y PP en estas últimas semanas, empezando por el de la capital,  están sometidos a la condición suspensiva de la no incorporación de Consejeros de Vox al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si no es así, la condición suspensiva pasaría a convertirse en condición resolutoria y los pactos alcanzados se desplomarían como castillos de naipes.

La incógnita tiene que despejarse en unos días o en unos meses. Es posible que no se consiga la investidura en primera votación. Se dispondría de dos meses más para seguir intentando lo que ahora mismo parece la cuadratura de un círculo. Pero en el mes de septiembre ya no se podría seguir dando largas a la decisión. O hay Gobierno o hay disolución y convocatoria de nuevas elecciones. Ciudadanos y Vox tendrán que decidir qué es lo que hacen. Y lo que ocurra en Madrid tendrá repercusión más allá de la frontera de la comunidad autónoma. 

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