Enguarrando a Boye

“Para deslegitimar a alguien es suficiente con decir que ha hecho algo”

Umberto Eco

No hay nada que dé más miedo que la capacidad incontrolada de determinados individuos con poder institucional de destruir a un ciudadano sin la más mínima consecuencia. Da mucho miedo, porque podría pasarnos a cualquiera o, mejor, podría pasarle a cualquiera que se enfrentara al sistema. Aún el pavor es mayor si apreciamos la falta de cualquier pudor ético en aquellos llamados a defender el sistema dentro de unas reglas que un estado democrático respeta porque son la garantía de su calidad.

Uno de estos episodios que plantean más dudas que respuestas y que cuestionan la verdadera vocación de la policía y, sobre todo, de la Fiscalía de proteger la legalidad vigente tuvo lugar ayer con la declaración de veinte minutos ante la magistrada Tardón del abogado Gonzalo Boye, para el que el fiscal pidió obligación de comparecer cada quince días a firmar en un juzgado, y ni eso le dieron. Lo más complicado de explicar es que para este viaje, el abogado Boye fue sometido a un registro domiciliario y a un registro de su despacho profesional que duró quince horas con los periodistas pertinentemente avisados en la puerta y las cámaras de la propia policía intentando entrar para mostrar después en los medios imágenes del registro.

Boye fue sometido a la filtración de las acusaciones policiales, sin contraste ni explicación, a pesar de que se le acusa en una pieza secreta que él no conoce y tuvo que soportar que se hicieran titulares afirmando taxativamente que blanqueaba dinero para Sito Miñanco, que existía un audio que lo implicaba, una anotación que le pringaba y hasta que había ideado todo un sistema de blanqueo para el poderoso narco y que se lucraba del narcotráfico. Enguarrando que es gerundio. La prensa, mayoritariamente la conservadora, vio el cielo abierto para volcarse sobre una de sus presas más ansiadas porque, como no cesaron de decir, Boye es el abogado de Puigdemont y el artífice de la estrategia jurídica exterior que tanto indigna a los buenos patriotas. Tanto que no perdieron comba a la hora de revolcarlo. Ni Vanity Fair se privó de darlo por cicutriñado. A él y a su pareja, claro. La prensa de toque rosa siempre tiene que aportar un plus.

Sucede que toda esta historia es lo suficientemente extraña y chusca como para preguntarle al fiscal Ignacio de Lucas si no ha hecho una mínima ponderación de lo que se traía entre manos y si tiene sentido que en un Estado de Derecho el Ministerio Público participe en el descuartizamiento y rifa de un ciudadano, que además es abogado, con los escasos mimbres con que lo ha hecho. Es la segunda vez que la juez Tardón tiene que parar un ataque ad hominem contra Boye que, no lo olviden ni una sola vez, aunque tiene muchos clientes, es el abogado de Puigdemont. Lo hizo ya en su día inadmitiendo unas querellas presentadas por una también supuesta falsificación de una traducción de una frase del juez Llarena. Agua de borrajas.

Esta de ahora es una historia muy rara que, comienza en julio cuando Manuel P. S., uno de los detenidos en la Operación Mito, la que volvió a encarcelar a Sito Miñanco, pidió volver a declarar voluntariamente ante la juez Tardón. A Manuel lo había defendido también Gonzalo Boye, hasta que se vio que no pagaba ni un duro y se fue con otro abogado. Así que Manuel P. S. vuelve a comparecer, por tercera vez, ante la juez Tardón y esta vez sí se “acuerda” de que unos documentos que se presentaron ante el Sepblac para intentar recuperar un dinero incautado eran falsos y que, según relata,los había creado Boye y otro abogado llamado según dice Jesús, del que no sabe ni el apellido, ni dónde tiene el despacho, ni recuerda ninguna otra cosa que bastante tiene con recordar todo lo de Gonzalo Boye. Manuel está muy colaborador en julio y contesta con profusión de detalles a todas las partes personadas, excepto cuando se le pregunta si ha recibido visitas de la policía en prisión y si le han prometido algo por cambiar la declaración. Ahí se calla y se niega a contestar. Curiosamente a los pocos días de su declaración bomba contra su ex abogado, tras 17 meses en prisión preventiva, y con otra causa por tráfico de cocaína, es puesto en libertad.

Así que como poco, Boye tendría que estar indignado porque la Fiscalía y la UDEF lo consideren gilipollas. Les explico. Esa declaración la conoció Boye de pe a pá, está personado, y por eso presentó un escrito ante la juez Tardón, de forma voluntaria, para dar explicaciones. Así que antes del registro del lunes hubiera tenido dos meses, DOS, para si hubiera tenido algo que ocultar destruirlo. ¿Dinero negro? ¿Documentos? ¿Qué podía buscar la Policía en su despacho profesional y en su domicilio dos meses después de la citada declaración? Más bien ¿qué pensaban que podían encontrar? Evidentemente nada referido con la excusa que esgrimieron. Suponiendo que lo hubiera, nadie que tenga algo que ocultar lo mantiene durante dos meses en casa. Y resultaba aún más ridículo ese apunte en casa de un narco que, según dijeron a algunos periodistas, era la gran prueba de su incriminación: “Gonzalo, 10.000”. Como si un letrado que cobra las minutas que cobra fuera a cruzar la línea de la ley en un “blanqueo puntual” de un millón de euros para embolsarse diez mil.

Lo que sucede es que, como de paso, la policía se hizo con una copia del teléfono móvil del abogado y de sus correos electrónicos. Fueron lo único que copiaron tras las quince horas de registro. Además se han bloqueado las cuentas de su despacho de abogados que ahora analizará la policía ¿en busca de la gran operación de blanqueo que ya él mismo conoció y explicó en julio o de alguna otra cosa? Da miedo pensarlo. Da miedo pensar que alguien haya creído que así podría conocer la estrategia de defensa de Puigdemont o conocer el origen de los fondos con que paga a su letrado o cualquier otra cuestión sin relación ninguna con el origen de la operación. Y eso porque es absurdo pensar que buscaban nada de lo que decían buscar. Da miedo y debería dárselo sobre todo al resto de los letrados de este país que saben, mucho mejor que yo, de lo delicada que es la información que manejan porque afecta a la intimidad de sus clientes y al derecho de defensa.

Lo preocupante de todo ello es que sea preciso que les recordemos a fiscales y policías lo delicado de su labor y la necesidad de llevarla a cabo con el menor daño posible para el investigado y con un escrupuloso cuidado de su presunción de inocencia. Mucho más cuando tienes tan poco para incriminarle que un juez no te compra ni la más mínima medida cautelar. Convendría que la Audiencia Nacional no uniera uno más a la lista de sus “errores”, más bien intencionados, ni que empezáramos a sospechar que una cosa es triturar al objetivo elegido y otra diferente que todo quede en agua de borrajas cuando el daño ya está hecho.

A Boye el lodo ya le va a costar sacárselo de encima y además sigue imputado. A los que han hozado en el fango, les pondrán una medalla y los que han puesto en marcha la máquina, a esos no les pasará nada de nada. ¡Qué más da, si es el abogado de los malos!